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Río Negro cuestionó a Sabina Frederic por denunciar una marcha contra las tomas de tierras en Villa Mascardi

Desde Juntos por Río Negro, partido que conduce la provincia, apuntaron contra la gestión de la ministra de Seguridad y pidieron a los funcionarios nacionales que viajen al sur “a poner la cara y el cuerpo en la búsqueda de soluciones reales”.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, junto al presidente Alberto Fernández.
Actualizada: 30/08/2020 19:16
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Juntos por Río Negro, el partido que conduce el gobierno de la provincia, cuestionó al gobierno nacional, a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic de manera puntual, por denunciar una marcha que hubo contra la toma de tierras en Villa Mascardi. Desde el oficialismo apuntaron a la Casa Rosada por desconocer “la compleja realidad local” que, según indicaron “lleva a los funcionarios nacionales a cometer lamentables errores de juicio”.

“Repudio la denuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, contra los los vecinos y vecinas que ayer se manifestaron en Villa Mascardi. Además, es necesario aclarar que no hay en este caso ni en las usurpaciones de El Bolsón, conflictos con grandes propietarios y ni siquiera pequeños o medianos”, expresó el diputado nacional Luis Di Giacomo, que responde a la gobernadora Arabela Carreras y el ex mandatario y actual senador nacional, Alberto Weretilneck.

Según expresaron desde el oficialismo rionegrino “las tierras son del Estado Nacional (Parques Nacionales en un caso y el INTA en otro) y no hay conflicto entre “huincas” y comunidades originarias”. Informaron que “el grupo que ocupa Mascardi no es una comunidad originaria con historia como tal, sino que se agruparon jóvenes y no tan jóvenes de un barrio de Bariloche detrás de la figura de Jones Huala y actuaron desde el inicio con una matriz de violencia aun en contra de su propia gente”.

La toma de tierras es un conflicto que se repite en el sur del país.

Di Giaccomo indicó que los más perjudicados “son los vecinos de Villa Mascardi, entre ellos, una comunidad mapuche real afincada en la zona que vive amedrentada por este grupito de vándalos”. “Acá no hay defensa de propietarios ricos, hay defensa de vecinos trabajadores que conviven en un ambiente que hasta hace poco se desarrollaba en paz, con explotación de campings que no son justamente para los poderosos”, explicó.

En esa línea, apuntó con dureza contra las última gestión nacional, pero también a la actual. “Lamentablemente, la torpeza de quienes dirigen el país desde el centralismo porteño nos perjudica una vez más. Durante la anterior gestión nacional la irresponsable de seguridad mandó Prefectos de río a una zona de montaña, de evidente poca formación profesional, que transformaron lo que debía ser un desalojo pacífico por orden Judicial en un asesinato por la espalda”, indicó.

Luego, hizo referencia al actual gobierno que conduce Alberto Fernández. “La actual gestión monta un espectáculo de supuesto diálogo que debía traer soluciones en treinta días y que concretamente no hicieron nada”, explicó. Y fue un poco más allá al invitar a “estos funcionarios a que salgan de sus cómodos claustros, que crucen la General Paz, que conozcan la complejidad de lo que les toca responsabilizarse, que dejen ese reduccionismo propio de cajetillas progres de barrio norte y vengan a poner la cara y el cuerpo en la búsqueda de soluciones reales”.

Finalmente, aseguró: “En Río Negro, las mayorías no somos liberales, opositoras ni anticuarentena. No somos partícipes de la represión, dialogamos y acompañamos al gobierno nacional en esta difícil coyuntura. Pensamos en un futuro de desarrollo armónico donde desde la provincia tenemos mucho que aportar; pero solicitamos respeto, consideración y posturas claras ante hechos como estos, porque tenemos claro que si nos arrinconan nuestro lugar estará acompañando a los rionegrinos”.

El Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic presentó esta semana una denuncia penal ante la Justicia Federal por “la posible comisión de delitos” contra los organizadores de una manifestación en repudio a la toma de tierras en la localidad de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

En esa línea, informó que su cartera envió más efectivos de las Fuerzas Federales a la zona para “evitar una escalada de violencia y prevenir los choques alentados por esos grupos”. Y agregó: “Sostenemos que la resolución de los conflictos sociales debe transitar el camino del diálogo, el respeto y la mediación inteligente”.

Según el Ministerio de Seguridad, los convocantes al denominado “Banderazo patriótico” podrían haber cometido los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”. La investigación estará a cargo de la fiscal federal de Bariloche Silvia Little.

“Dada la peligrosidad y la instigación a cometer delitos por parte de los manifestantes, éstos podrían estar excediéndose del legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y podrían configurar la comisión de algunos de los delitos”, agregó el Ministerio.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

La noticia despertó fuertes críticas por parte de los vecinos de Villa Mascardi y de varios referentes de la oposición nacional. “Hace meses que ocupan terrenos e incendian casas. Los vecinos le piden al gobierno que los cuide mientras que el Ministerio de Seguridad los acusa de ‘instigación a cometer delitos’. Es una vergüenza que dejen a la gente desamparada de esta manera”, lamentó la presidente del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Esta mañana, la ministra Frederic utilizó las redes sociales para intentar aclarar los motivos detrás de la denuncia. “Se hizo con el objeto de poner en conocimiento de la Justicia información pública sobre posibles grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas en Villa Mascardi”, dijo.

La tensión en Villa Mascardi no cesa. Movilizaciones, protestas, manifestaciones, rutas cortadas por efectivos policiales para evitar concentraciones y posibles enfrentamientos, denuncias de desprotección por parte del Gobierno nacional, desde donde en cambio nació la presentación de la denuncia pena ante la Justicia Federal.

“El Estado no está presente. No defiende a sus ciudadanos y tampoco cuida y garantiza la propiedad privada”, publicó en sus redes sociales Lorenza Marzen, diputada nacional por la provincia de Río Negro, quien a su vez afirmó que la ausencia de respuesta del Estado Nacional y provincial es “desesperante”.

El sábado circuló una carta del Sindicato de Guardaparques Nacionales enviada al presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma. “El Cuerpo de Delegados del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina reclama con gran preocupación por el silencio institucional y la falta de garantías laborales por parte de la Administración de Parques Nacionales para con los compañeros que hoy se desempeñan en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre todo el personal que se destaca en el área de Villa Mascardi y Seccional Maitenes”, dice la misiva.

Una de las últimas tomas de tierras en El Bolsón.

El escrito denuncia el “desamparo institucional” al que se ven sometidos los guardaparques que se desempeñan en la zona sur del parque Nahuel Huapi, en el marco del conflicto por la toma de tierras

Desde hace tiempo, en Villa Mascardi se vienen sucediendo hechos de violencia por parte de grupos de anónimos. En este mes de agosto, por ejemplo, se registraron dos ataques contra una propiedad del predio de “La Cristalina”, ubicada en el kilómetro 2004 de la Ruta Nacional 40 que se dirige hacia El Bolsón.

A fines de abril, la tensión en esa localidad recrudeció por un hecho grave de violencia en la comunidad mapuche de Buenuleo -que ocupa un predio de 90 hectáreas en el cerro Ventana-, donde tres habitantes de ese pueblo originario fueron agredidos con armas blancas por un grupo encabezado por un propietario. El hecho desencadenó la creación de una mesa de diálogo impulsada por el ministerio de Seguridad de la Nación, que hace tres meses fue con una delegación presencial para pacificar la zona.

Más allá de eso, el conflicto en esa zona es histórico. El hecho que más trascendencia tuvo dentro de esta pugna fue la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, el 23 de noviembre de 2017, por una bala policial en un operativo de desalojo en esas tierras. El tema de fondo es la pulseada por la propiedad de tierras sobre las cuales los grupos mapuches afirman tener derechos ancestrales.

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