El Gobierno les ofrece a los médicos con coronavirus que se quejan ir a un hotel, pero deben pagar $3 mil por día

Tras las críticas que se sucedieron en los últimos días, el Gobierno de San Luis le comenzó a ofrecer a los pacientes de coronavirus alojados en las residencias del hospital regional de Merlo ir a un hotel para hacer el aislamiento.

Una de las personas internadas es la doctora generalista del Hospital de La Toma, Erika Cisternas que desde los primeros días del aislamiento reclamó que se la traslade a su casa ya que vive sola.

En declaraciones a este medio, dijo que el ofrecimiento se lo hicieron la directora del Hospital, Natalia Jerez y la directora administrativa, María José Acerenza”: ¿No puedo regresar a mi casa y encima tengo que pagar mi lugar? No lo comprendo, es totalmente irrisorio”.

Según pudo confirmar El Chorrillero, la tarifa en el Hotel El Algarrobo son $1800 (habitación compartida) y $3000 (habitación individual).

La mujer por estas horas transita el séptimo día de una cuarentena estricta y resta otros siete días más, lo que se traduciría en su caso en un gasto de hasta $21 mil si decide ir al hotel.

El Comité de Crisis buscó esa salida frente a los cuestionamientos que surgieron a la atención médica, al estado de los centros de alojamiento de pacientes y la falta de criterio para dividir asintomáticos de los casos con más carga viral.

Profesionales de la salud, como Sergio Allende y Jorge Jofré, y diferentes voces fueron críticos sobre estos puntos y hasta denunciaron hacinamiento.

Desde el hotel elegido por el Gobierno informaron que para la tarde de este domingo ya habían sido “habilitados” y quien deriva al paciente es “el Hospital al igual que también define la estadía”.

“No pueden salir de la habitación en ningún momento. Nosotros le acercamos todo lo que necesitan en la puerta como el desayuno, la merienda y la cena. Adentro tendrán una mesa, una silla, vajilla y elementos de limpieza. Aceptamos todos los medios de pago”, indicaron.

Por otra parte aclararon que quienes alojarse son “los leves y asintomáticos”.

Ante este panorama, Cisternas se comunicó con la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá y María Ester D’angelo pero sus respuestas “siempre fueron negativas”.

Asesorada por un abogado de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), su postura es firme: en el caso de ser derivada a otro espacio deberá ser su propia vivienda.

“Si una persona tiene una carga viral menor, luego desaparece el virus y sigue manteniendo contacto con alguien con una alta carga, no se termina de recuperar nunca. A nosotros nos siguen diciendo que tienen limitado el sistema”, explicó.

“No podemos darnos el lujo de pagar un hotel”

Florencia Vieyra, también de la Villa de Merlo, es otro caso. Aislada desde el martes 1 con coronavirus (cuyo resultado fue comunicado tras 72 horas y por teléfono) relató a través de las redes sociales que fue trasladada a La Pedrera, en Villa Mercedes.

“¡Me aislaron por ser paciente asintomático a 200 kilómetros de mi casa! ¡Todo esto es una locura! ¿Los pacientes de Tilisarao son aislados en Merlo y los de Merlo en Villa Mercedes? Esto no tiene lógica por donde lo mires, seis meses tuvo el Gobierno para prepararse hasta que esto llegue y ¿no pudieron acondicionar lugares en Merlo?”, escribió en su perfil de Facebook.

Tal como ocurrió con Cisternas, le dieron la “opción” del hotel, aunque aclaró que se trata de “una burla”: “¡Nos ofrecen llevarnos de vuelta a Merlo solo si yo pago mi hospedaje en un hotel! ¡Vivimos al día! No puedo darme el lujo de pagar un hotel para estar en el lugar al que pertenezco y en el que debí haber permanecido", enfatizó.

Por otra parte, hizo hincapié en la atención y las serias fallas que por estos días están teniendo en el complejo.

“¡Nos traen para tenernos presos! ¡Nadie nos cuida! Me dan un desayuno helado que no se puede tomar, me bañé con agua fría porque la ducha no anda, no tengo ni una mesa donde comer. Tardaron más de dos horas en traerme un paracetamol porque me estaba matando el dolor de cabeza y ningún médico vino a verme en ningún momento”, describió.

“Me amenazaron con quitarme el trabajo”, denunció públicamente.

Otro de los aspectos que denunció Cisternas fueron las amenazas que recibió por parte de Jerez y Acerenza, dos días antes de que fuera internada.

Según relató la mujer discutió acerca de la internación y efectivos policiales acudieron al lugar. En ese momento le advirtieron que si no se calmaba “iba a perder el puesto laboral” tanto ella como su pareja que se desempeña en la fuerza.

Cisternas tiene más de 10 años de carrera sanitaria y buena parte de ella se desempeñó como jefa de Guardia del hospital merlino, hasta el año pasado cuando fue trasladada a La Toma “de manera arbitraria”.

En este sentido, afirmó que los agravios “vienen hace más de dos años” y las “advertencias” de derivarla a medicina del interior “son constantes”.

“Luego del último episodio hubo una serie de días que recibí maltratos telefónicos. De la misma forma que me dieron con llevarme al hotel donde debo abonar mi aislamiento, también me dijeron sobre la posibilidad de perder mi trabajo”, aseveró.

En la carta abierta al gobernador Alberto Rodríguez Saá, APTS confirmó que se les “da la posibilidad ahora de irnos a hoteles o a hosterías en donde debemos pagar de nuestros bolsillos”.

Frente a eso el gremio dijo: “a profesionales y técnicos de la salud COVID-19 positivos sin síntomas se nos niega el derecho de hacer cuarentena en los domicilios porque (según Ud.) no hay un policía para cuidar cada casa. Nos preguntamos: ¿por qué necesitaríamos un policía? Somos quienes cuidamos la salud y la enfermedad de la población. Somos profesionales y técnicos de la salud, estamos preparados para cuidarnos, aislarnos, controlar nuestros síntomas… porque para eso nos hemos capacitado antes de esta pandemia. ¿Por qué no nos respeta, Sr. gobernador? ¿Por qué tiene que desconfiar de nuestra conducta? Recuerde que debemos recuperarnos, para volver a nuestro trabajo rápidamente. Nosotros no tenemos reemplazantes. También se nos da la posibilidad ahora de irnos a hoteles o a hosterías en donde debemos pagar de nuestros bolsillos, por habernos infectado ejerciendo nuestra labor sanitaria. La COVID-19 es una enfermedad profesional, por lo tanto exigimos que sea el Estado como empleador, el que se haga cargo de esos gastos”.