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En plena pandemia, el Gobierno le sacó el plan a cientos de puntanos por “registrar inmuebles”

La determinación se produjo a finales de julio, pero a algunos recién les avisaron por mensaje de texto esta semana. Algunos trabajadores dicen que se trata de una “injusticia”. La ley no estipula la incompatibilidad del beneficio con la posesión de una propiedad.

Foto: ansl.
El gobernador en un acto con beneficiarios del Plan de Inclusión.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 10/09/2020 23:25
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En medio de la crisis sanitaria y económica que afecta al país y de la cual la provincia no es ajena, en las últimas semanas alrededor de 250 trabajadores del Plan de Inclusión Social se enteraron que fueron suspendidos. El motivo fue “registrar inmuebles incompatibles” con el beneficio.

Ivana Muñoz que se desempeñaba en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Américas se enteró el último lunes de la medida. Tras recibir un mensaje de texto de un funcionario, la directora del establecimiento le comunicó la desvinculación.

“Ni siquiera se nos notifica”, dijo en declaraciones con El Chorrillero al hacer referencia a una compañera que también recibió la misma noticia. En ambos casos las sacaron del PIS porque poseen vehículos.

A partir de ello, la mujer intentó dialogar con diferentes autoridades de los ministerios de Salud y Desarrollo Social, pero no obtuvo respuestas favorables.

“Me destruyeron porque me quedé sin trabajo y tengo una hija para mantener. No era la forma de avisarnos ni de corrernos. Siendo que hemos trabajado durante toda la pandemia y en un centro de salud. Es lo que más impotencia y bronca da”, expresó entre lágrimas.

Muñoz contó que la secretaria del jefe del Programa Inclusión, Arnaldo Soria, le compartió el listado de todos los beneficiarios que se encontraban en la misma situación.

La nota fue remitida el 28 de julio por el jefe del subprograma Procedimientos y Formación, Nicolás Ferramola, al ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo.

La mujer también se contactó con Ferramola esta semana, quien se comprometió a darle una respuesta pero no volvió a llamarla.

Al mismo tiempo aclaró que ella tiene un auto a su nombre, pero pertenece a su hijo: “Él se lo compra y yo le presté la firma. La prenda terminó el año pasado y hasta ese momento no podíamos hacer la transferencia”.

“No me dan opción a explicar nada. Estamos en el aire. Tenemos toda la documentación. Hace dos años estaba en el plan y nunca dijeron que no podíamos tener inmuebles”, planteó y puntualizó en que aún no fue al cajero a constatar si le pagaron el último mes porque ha estado descompuesta.

Como el de Muñoz, hubo más casos de vecinos que perdieron sus beneficios sociales por contar con propiedades a su nombre. El Gobierno no tuvo en cuenta cuándo fueron adquiridos, ni tampoco si fueron producto de una herencia o se encuentran judicializados.

A mediados de agosto, un trabajador de Inclusión Social fue desafectado. Lo dieron de baja porque posee un terreno que compró hace muchos años, ubicado en Juana Koslay. El hombre, que padece una discapacidad, afirmó que se encuentra abandonado y nunca pudo utilizarlo o construir debido a la situación económica. Incluso dijo haber recibido intimaciones del Municipio para que realice la limpieza y desmalezado del lugar.

Otra situación similar vivió hace unas semanas, una vecina del norte de la capital a la cual le quitaron el merendero por tener dos inmuebles a su nombre. Lo que no tuvieron en cuenta es que uno de ellos es la vivienda social en la que habita junto a su familia, mientras que el otro es un campo que recibió como adelanto de herencia, pero al que nunca accedió.

Qué dice la ley que regula el Plan de Inclusión Social

La legislación fue sancionada en el 2004. Establece que está dirigido a “todos los ciudadanos de San Luis desocupados, dispuestos a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la cultura del trabajo”.

Al mismo tiempo, se garantiza el acceso de “madres solteras”, “mujeres jefas de hogar” como así también mayores de 40, 50 y 60 años, hombres con edad superior a los 40, “todos los jóvenes” que tengan un mínimo de 18 años, “todas las personas con capacidades diferentes” y “todo sector de la población en estado de emergencia social”.

En ninguno de los artículos de la normativa se hace referencia a la “incompatibilidad” que fundamentaron para darles la baja a los beneficiarios. El Chorrillero intentó comunicarse con el área de Prensa del ministerio de Desarrollo Social, pero no fue posible.

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