A un mes de la condena, Fopea reclamó que sea revocada la sentencia de la Justicia de San Luis contra Diego Masci
El espacio más importante de periodistas del país emitió hoy un comunicado para reiterar su preocupación. Pidió que se garantice “el derecho a la libertad de expresión en Argentina y en cada una de sus provincias”.
El Foro de Periodismo de la Argentina reiteró que “el uso del derecho penal para sancionar la difusión de información es contrario al derecho a la libertad de expresión, según los estándares interamericanos en la materia”.
En una declaración difundida esta mañana el espacio volvió a expedirse sobre la denuncia de la ex ministra de Educación y actual secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza que desembocó en una sentencia contra Diego Masci.
Diego Masci y Ricardo Endeiza. (Foto Marcos Verdullo).
La jueza de Sentencia Laura Molino condenó penalmente el 13 de agosto al periodista por haber publicado en el portal Zbol.com.ar un video donde la funcionaria del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá reconocía haber consumido droga y alcohol en Amsterdam, Holanda.
Fopea reclamó que el fallo sea revocado para “garantizar el derecho a la libertad de expresión en Argentina y en cada una de sus provincias”.
Jueza de Sentencia, Laura Molino.
“Sostenemos que se genera un efecto de amedrentamiento para la generalidad de periodistas. La intervención en el juicio de funcionarios políticos de alto nivel, como el gobernador de San Luis, tiene también un impacto negativo para la libertad de expresión”, insistió la institución en la declaración dada a conocer a través de las redes sociales.
Y sostuvo: “cuando por la difusión de información se producen daños, estos no pueden ser reparados a través de la censura o de sanciones penales”.
En esta ocasión Fopea abundó en argumentos: “En particular, la libre expresión tutela especialmente la información concerniente a funcionarios públicos, que se exponen voluntariamente al escrutinio de la sociedad. La sentencia en el caso Masci indicó que hubo una violación de la confidencialidad por parte de quienes recibieron el video, pero esa violación no puede ser atribuida al periodista que recibe esa información. Los periodistas no están obligados por deberes de confidencialidad, y no pueden ser sancionados por conductas ajenas”.