Editorial del diario La Nación sobre la condena al periodista Diego Masci: Justicia y videos en San Luis

Hace algunos años, el actual y varias veces gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, lanzó un cinematográfico proyecto que planteaba convertir a la provincia en una especie de Hollywood de cabotaje. Por supuesto, la iniciativa, lejos de consolidarse y producir películas para la historia, duró lo mismo que un cortometraje y terminó como tantas de las discrecionales y arbitrarias ideas del mandamás provincial: en un estrepitoso fracaso y ejemplo de presupuesto público malgastado.

Sin embargo, si bien la idea no terminó en una política pública que desarrollara la industria del séptimo arte puntano, inspiró en algunos funcionarios públicos una particular afición por los videos. Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, a través de una acordada y con el argumento de "preservar la salud psicofísica del personal judicial y favorecer la integración familiar", decidieron mantener la política de "fijar la feria judicial de julio en igual período al del receso escolar de invierno". Extendieron así los habituales 12 días corridos fijados por la ley orgánica de administración de justicia provincial para un período que abarcó del 8 al 31 de julio.

Lo curioso de la resolución del tribunal sobre la prolongación de las vacaciones de invierno de los jueces es que se basó en un video protagonizado por el gobernador Rodríguez Saá en el cual anunció el período de receso escolar invernal. Los jueces consignaron en la acordada el link desde el cual puede accederse al material audiovisual.

De regreso a la actividad, la Justicia volvió a poner foco en otro video y arremetió contra el derecho a la libertad de expresión de la prensa. Sin más, condenó al periodista Diego Masci por violación de la intimidad, tras haber publicado un video filmado y protagonizado por la exministra de Educación y actual secretaria de Medio Ambiente del gobierno provincial, Natalia Spinuzza, en el que ella reconocía haber consumido droga y alcohol durante su luna de miel en Ámsterdam, Holanda.

La jueza provincial Laura Molino condenó a Masci, director del portal Zbol.com.ar, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de "violación de intimidad", por la publicación indebida de una comunicación electrónica al haber reproducido el video. La pena impuesta asciende a $90 mil más las costas del proceso. Además, cuando la sentencia quede firme, deberá removerse el video de las redes sociales y desindexar posibles enlaces.

En su ponderación entre el derecho a la privacidad y el de la libertad de expresión frente a casos de interés público, en su fallo la jueza se inclina por interpretar en detalle los hechos que avasallan la privacidad de la funcionaria, pero no pone el mismo empeño en analizar el interés público que motivó al periodista a difundir el material. Dato no menor, dado que de haberlo hecho habría dado con los argumentos para no declararlo culpable, pues el Código Penal sostiene que "está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público".

Según la cuestionable mirada de la magistrada, el periodista no publicó el video de Spinuzza para proteger un interés público, puesto que "del propio contenido del video se extrae que de modo alguno la conducta de la querellante se encontraba relacionada con el ejercicio de sus funciones".

No cabe duda de que no correspondía descartar un "interés público", pues Spinuzza era ministra de Educación tanto al momento de filmarse el video como cuando se difundió. Por su cargo tenía la obligación de respetar la normativa que establece la ley de estupefacientes 23.737, en la cual el artículo 42, fija que "…el Ministerio de Educación, junto con el de Salud, deben considerar en todos los programas de formación de los profesionales de la educación los diversos aspectos del uso indebido de droga…", teniendo presente los tratados internacionales que ha suscripto el país. Además, la normativa pone en cabeza de la cartera educativa el desarrollo de acciones de información a los "educandos" y a la población en general. Spinuzza, como ministra de Educación de la provincia, integraba el Consejo Federal de Educación de la Nación, que es el organismo de coordinación de la política educativa nacional.

Si bien la sentencia condenatoria de primera instancia será apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal cual anunció el abogado defensor, donde es posible que se revierta el fallo, la condena a Masci es un nuevo hecho que refuerza los cuestionamientos que pesan sobre la Justicia de San Luis por su falta de independencia y su sometimiento al poder feudal que se ejerce desde la gobernación.

Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudiaron el fallo y alertaron sobre los riesgos de sentar precedente al imponer arbitrarios límites a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la labor periodística, tarea amparada por la Constitución Nacional y protegida por jurisprudencia local e internacional, incluso en hechos donde se considera la intimidad de las figuras públicas.

El vicio de la impunidad de funcionarios que se sienten dueños del Estado, como en este caso, anula la virtud del decoro que deberían exhibir los servidores públicos. El decoro refiere al comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación. En este caso, no caben dudas de la degradación en el ejercicio de un ministerio tan delicado como el de educación. No reconocer el impacto y valor ejemplificador del accionar de su cabeza sobre la calidad del sistema educativo es pretender burlar a la ciudadanía. Es de esperar que las instancias judiciales de apelación del controvertido fallo retomen el carril de la racionalidad y el decoro que la señora ministra lejos estuvo de representar.