El Gobierno provincial está a un paso de crear una empresa que producirá y comercializará cannabis
La iniciativa del gobernador Alberto Rodríguez Saá prevé también el desarrollo de actividades educativas, de cultivo y la industrialización de la planta. El Senado le otorgó la media sanción por mayoría.
El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca la creación de una sociedad del Estado que administrará las instituciones médicas de San Luis. Una de las facultades que tendrá el organismo será la de cultivar y comercializar el cannabis.
Según detalla el segundo artículo del texto, se incluirá la realización de actividades educativas, como así también la producción e industrialización de la droga y sus derivados con fines “medicinales”, “terapéuticos” y “otros legalmente aprobados”.
Esta sociedad, que será denominada “Ramón Carrillo”, gestionará “todas las tareas que fueren pertinentes para el correcto y eficaz funcionamiento” del hospital que llevará el mismo nombre y que aún no fue inaugurado. A su vez, abarcará el Centro Oncológico Integral, el Servicio de Radioterapia del Policlínico San Luis, la red provincial de Diagnóstico por Imágenes y el nosocomio del ex Centro Cívico.
El Gobierno expuso en los fundamentos que el fin de la iniciativa es que “los sanluiseños y todas aquellas personas que lleguen a la provincia en busca de medicina de calidad, puedan ser tratados en hospitales y/o centros de salud públicos eficientes, con tecnología de avanzada, profesionales especializados, personal capacitado y provista de insumos adecuados”.
En agosto del año pasado, la Provincia adhirió a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, que permite la utilización de aceite de la planta para tratar epilepsia refractaria. De la misma manera, posibilita que entidades como el INTA, el Conicet y laboratorios públicos desarrollen e investiguen la planta para el tratamiento de otras enfermedades.
La propuesta de la gestión de Alberto Rodríguez Saá se trató este martes en la Cámara de Senadores y por mayoría recibió la media sanción. María Angélica Torrontegui, Mabel Leyes, Diamela Freixes, Pablo Garro, Diego García, Daniel Camilli y Marcelo Debandi (Unidad Justicialista) votaron de forma afirmativa, mientras que Sergio Guardia (San Luis Unido) la rechazó.
“La adopción de esta forma societaria permitirá la actuación ágil y sin dilaciones, para poder no solo resolver las emergencias en materia sanitaria, sino también trabajar en conjunto con entidades científicas, educativas o de investigación, públicas o privadas, promoviendo la capacitación y la formación de los profesionales y personal que se desempeñen en salud”, argumentó Leyes.
Ahora, el proyecto deberá debatirse en Diputados, donde este miércoles tomó estado legislativo. Si tiene el aval, la sociedad del Estado será una realidad.
En el articulado también se estipula que la estructuración, control y funcionamiento estarán bajo la órbita del ministerio de Salud, y el capital “será suscrito 100% por el Estado provincial”.