La ONU acusó al Gobierno de Venezuela de "crímenes de lesa humanidad"

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó.

Pero Venezuela denunció un “informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”, según tuiteó el canciller Jorge Arreaza.

Francisco Cox, miembro de la misión, declaró ante la prensa que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener.

“Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado […] para sofocar a la oposición”, sostuvo.

“No caigamos en ese chantaje”, replicó en su programa semanal el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, refiriéndose al informe “plagado de mentiras”.

Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política agudizada en 2019 cuando el jefe legislativo, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado, después que el opositor Parlamento declarara “usurpador” a Maduro tras reelegirse en cuestionados comicios en 2018.

Para Guaidó, el informe “despeja cualquier duda: Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad”.

Mientras que el emisario de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, lo tildó de “extraordinario” viniendo de la ONU. “Es un recordatorio de la naturaleza del régimen” socialista, aseguró.

“Violaciones flagrantes”

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe denunciando “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.

En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de ellos en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas.

Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

Esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que “el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes” y a restricciones aéreas por el covid-19, y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.

Si bien la misión reconoce la crisis, constató que “el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos” en Venezuela.

Ejecuciones y torturas

La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos’”.

“Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.

La misión investigó el accionar del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran “desapariciones forzadas de corta duración”, que incluían “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual” para “obtener confesiones o como castigo”.

Según Cox, los organismos de inteligencia sometieron a opositores o disidentes “a violencia sexual”, así “como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.

La ONG defensora de derechos humanos Foro Penal contabiliza 334 detenidos por motivos políticos en Venezuela.

La misión instó a las autoridades venezolanas a realizar “investigaciones rápidas”, “independientes” y “transparentes” sobre las violaciones y crímenes.

Valiñas dijo que instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables identificados.

Asimismo, la Organización de Estados Americanos urgió a “actuar” ante la presencia de representantes de Maduro en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas. “La incongruencia no podría ser más notoria a la luz del informe recién presentado por el propio Consejo. Urgimos a la comunidad internacional a actuar al respecto”, dijo.

Desde finales de 2015, unos cinco millones de personas “abandonaron” Venezuela a raíz de la crisis, según la ONU.