Crecen los reclamos porque el transporte público funciona con restricciones

Desde este lunes el Comité de Crisis dispuso que el servicio público de pasajeros (urbano e interurbano) se vea limitado al traslado exclusivo de trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad, industrias y empleados de los comercios esenciales.

La medida afecta a gran parte de la población que tiene como único medio de movilidad el transporte público, no solo para trabajar sino para realizar trámites o compras en la capital. Al mismo tiempo significa para el sector comercial una reducción directa de sus ventas.

En medio de este contexto, la Cámara de Comercio de San Luis comenzó el lunes con una inquietud. En una reunión que las autoridades mantuvieron con el coordinador del ministerio de Turismo, Luis Macagno anticiparon que elevarán un petitorio para que en la ciudad “todos puedan usar el servicio de Transpuntano”.

“Nos estamos organizando para ver si podemos levantar esta situación, considero que todos los empleados son esenciales, pronto tendremos una respuesta”, aseguró el presidente de la entidad, Vito Carmosino, en comunicación con El Chorrillero.

Carlos Barroso, propietario de un local gastronómico planteó que el pedido “está en curso”.

“Si bien pertenezco al sector esencial, a nivel económico nos perjudica descaradamente porque al restringirse la circulación de las personas que no tienen medio de movilidad o recurso económicos para trasladarse, la concurrencia al local es mínima”, señaló Barroso.

“Las ventas han sido muy bajas porque no hemos logrado que haya rotación de gente y si no hay rotación, no hay ventas”, señaló teniendo en cuenta que desde la flexibilización (este viernes) pasaron tres días de trabajo.

Las personas que no se desempeñan en actividades esenciales pero que igual tienen que salir para trabajar, se ven en un problema económico desde este lunes si solo usaban el micro para cumplir sus funciones.

“No me queda otra que irme en taxi, es un presupuesto, tengo un gasto de $3000 promedio por mes, nosotros vamos a trabajar y el colectivo es necesario porque nos implica un gran ahorro”, expresó Dagma Valdez, empleada en una tienda de indumentaria deportiva.

Lo mismo le ocurre a Leo, que atiende en una zapatería: “Empezaré a usar la bicicleta, que evitaba sacarla por miedo a que me la roben. Pero ahora no puedo pagar taxis, no me da el presupuesto”.

En el medio de esto, “los autos compartidos” aparecen como una alternativa.

Al margen de eso, cualquier otro sanluiseño que quiera movilizarse a pagar cuentas tampoco puede hacerlo, tampoco trámites en el banco o alguna compra puntual. “Hay cosas que sí o sí tenemos que hacer fuera del barrio, a veces para comprar un remedio debemos movilizarnos al centro porque acá cerca no encontramos lo que necesitamos, pero eso nadie lo contempla”, dijo Oscar, un vecino del Barrio Pucará.

Rosario del Barrio Rawson planteó: “Hoy tuve que buscar una encomienda y no me dejaron subir al micro, me explicaron que tenía que ser esencial, y yo soy ama de casa, que vendo accesorios por catálogo. Me tuve que tomar dos taxis y gastar $300 que me dolerán hasta que termine el mes”.

“Yo vivo en La Punta y cuando no tengo mi vehículo me muevo en colectivo, pero ahora tengo que considerar un gastar más”, manifestó Facundo Urruspil propietario de una casa de préstamos.

En los últimos días también expresaron su preocupación vecinos que residen sobre la Autopista 25 de mayo.

La semana pasada, desde Transpuntano anticiparon que se iban a realizar los controles necesarios para que la norma dispuesta por el Comité de Crisis se cumpla. “El pasajero que no tenga la autorización no va a poder subir ni hacer uso del trasporte urbano”, comunicó el gerente de la empresa, Claudio Grippo, este viernes.

También adelantó que “se trabajará para colocar una división protectora en las unidades”, y que se solicitará mantener una distancia prudente a los pasajeros con el conductor que solo se limitará a controlar el pase.