A tres días del desafuero de Rosendo, todavía no llega a la Justicia la notificación del Senado
El legislador pasaría el fin de semana en libertad porque hasta las 13, horario de cierre del juzgado, el aviso no llegó. Cuando la Cámara Alta se negó a quitarle la inmunidad la comunicación fue recibida por el juez Leandro Estrada en 24 horas.
Más de 72 horas pasaron desde que finalmente el Senado aprobó el desafuero del legislador del departamento Pedernera, Ariel Rosendo. La determinación llegó luego de que fuera procesado por tres delitos, y el juez Penal de Villa Mercedes, Leandro Estrada ordenara la prisión preventiva.
El dirigente del Frente Unidad Justicialista ahora debe ser detenido y trasladado al Servicio Penitenciario provincial. Pero para hacerlo, la Justicia tiene que recibir la notificación de la Cámara Alta comunicado que lo despojó de la inmunidad. Sin embargo, hasta el momento no ocurrió.
Estrada transmitió que este viernes consultó en la oficina donde reciben la correspondencia, pero no habían recibido nada desde la Legislatura.
Hasta las 13 (horario en que cierra la dependencia) no llegó la notificación y por eso la encarcelación recién podría materializarse la próxima semana.
Rosendo está procesado por “robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda”, “desobediencia a una orden judicial” y “violación de las medidas antiepidémicas en concurso real”.
El primer pedido para quitarle los fueros a Rosendo fue remitido al Senado el 8 de junio. El 23 del mismo mes sus pares albertistas, María Angélica Torrontegui, Mabel Leyes, Diamela Freixes, Diego García, Marcelo Debandi y Héctor Camilli al rechazar el requerimiento le dieron protección.
La decisión, que tuvo fundamento en que el juez “incurrió en un error entre la presentación de la nota y los autos interlocutorios”, llegó al magistrado al día siguiente.
En esa oportunidad, desde la Legislatura se encargaron de llevar la notificación de forma presencial hasta la sede del juzgado de Instrucción Penal de Villa Mercedes.
El hecho por el que el legislador fue investigado ocurrió el 18 de mayo cuando ingresó junto a otras personas a robar en una casa del gremio Smata en la que residía su ex pareja. Al hacerlo, desobedeció a una orden de restricción que tenía hacia Ivana Massimino, con quien tiene una hija en común. La mujer lo había denunciado por violencia de género, y tras la separación habitaba en la casa del gremio.
El Chorrillero consultó este viernes al legislador Pablo Garro y a Prensa del Senado, pero no tenían conocimiento si la resolución fue remitida y cuando. De eso se encarga el personal de mesa de entrada, respondieron.
Del mismo modo, se intentó contactar a la secretaria Legislativa de la Cámara, Johana Ojeda, pero no fue posible.
A lo largo de la investigación, Rosendo apeló a diversas estrategias para no enfrentarse a la Justicia, entre ellas, recusó a Estrada y evitó presentarse a indagatoria pidiendo hacerlo de forma virtual.
Luego de que el juez ordene la detención, sus abogados solicitaron que le otorguen la prisión domiciliaria. El argumento fue que el legislador justicialista tiene de forma provisoria el cuidado de la hija.
La guarda fue concedida por la jueza de Violencia, Lorena Báez por el término de 30 días, horas antes a que le quitaran la inmunidad y pese a que ya pesaba sobre él un procesamiento y la orden de aprehensión.
En la última sesión, Garro y Torrontegui, que fueron los voceros del oficialismo, defendieron la posición inicial de negar separarlo de los fueros y aseguraron que intentaron “allanarle el camino a la Justicia para que actuaran libremente”.
Subrayaron que se “respetó el debido proceso”, y acusaron a dirigentes de la oposición y medios de comunicación.
“Los senadores del Frente Unidad Justicialista hemos sido calificados junto con la institución en formas agraviantes, injustas e infundadas”, sostuvo Torrontegui. E intentó aclarar que no recibieron “instrucciones del Ejecutivo y menos del gobernador de la provincia”.