San Luis Unido pidió formalmente a Tamayo la nulidad del cobro de tasas a través de Edesal

Ante la falta de explicación y respuestas de parte del intendente capitalino Sergio Tamayo, los ediles de la oposición presentaron una iniciativa en donde promueven que el convenio firmado la semana pasada entre el municipio y Edesal quede nulo.

La semana pasada, la comuna dio a conocer que comenzará a cobrar los servicios por medio de la factura de energía eléctrica. El anuncio sólo se limitó a informar que se aplicará “de manera gradual”, pero no explicaron la modalidad ni desde cuándo.

En el pedido presentado este martes, los concejales tuvieron Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor. Mencionaron el artículo 31° donde se establece que, si “un prestador de servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos el usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos no reclamados”.

A ello sumaron que según la normativa se deben entregar constancias de “los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes” como así también, estipula que “se tendrán por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones”.

Sobre esto último, San Luis Unido planteó que la incorporación de las tasas municipales a la boleta de luz es “un claro ejemplo de desnaturalización”.

Luego de que se diera a conocer el acuerdo, el concejal Guillermo Araujo fue uno de los primeros en cuestionarlo. Planteó que es “muy grave” debido a “la situación de ahogo financiero que están viviendo los vecinos”.

Tamayo se escudó en la ordenanza sancionada días después de su asunción en la que declaró la emergencia económica, financiera y administrativa. En el artículo 14° se otorgó la facultad de “celebrar convenios de recaudación y percepción de tributos y rentas diversas con organismos nacionales, provinciales o municipales y/o con entidades públicas o privadas que perciban tarifas por el cobro de servicios”.

Al respecto, resaltaron que el apartado “no permite al Poder Ejecutivo Municipal realizar acuerdos ilegales”.

Al mismo tiempo, expusieron que en la legislación “no se establece como justificación de la aprobación y vigencia de dicha norma, la necesidad de aumentar la recaudación no tributaria”.

Además, subrayaron que en la ordenanza tiene “la obligatoriedad de poner en conocimiento del Concejo Deliberante los acuerdos, cosa que no ha sucedido”.

De la misma manera, advirtieron que con la aprobación de la emergencia se suspendió la aplicación del Defensor del Pueblo y con ello se logró “limitar las herramientas de protección de los ciudadanos ante los abusos por parte del Ejecutivo Municipal”.

Simultáneamente, los ediles apelaron a la Constitución de la Provincia: “Ningún funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, bajo pena de nulidad”.

En los fundamentos también manifestaron que ante el atraso o mora en el pago por los servicios “los intereses aplicados por Edesal serían sensiblemente mayores a los cobrados por el Municipio, dejando de respetar la ordenanza tarifaria y convirtiéndose en un cobro abusivo a los vecinos”.

“Tiene como fin único mejorar la recaudación sin tener en cuenta el contexto que atraviesa el país en general, la provincia y la ciudad de San Luis en particular”, consideraron sobre el objetivo que persigue el acuerdo.

Así mencionaron la caída del empleo, los índices de pobreza, “la falta de acceso y cobertura a la canasta básica” y “la limitación para trabajar” que atraviesan cientos de vecinos por la cuarentena.

La iniciativa de San Luis Unido tomará estado legislativo en la sesión de este jueves, donde también podría ser debatido en el recinto.