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Comparación con otras provincias. En San Luis los bomberos voluntarios siguen postergados por el Gobierno

En los distritos vecinos, los brigadistas cuentan con obra social, recursos estatales, pensiones graciables, subsidios en la factura de luz, prioridad para acceder a una vivienda y hasta becas de estudio. El actual Gobierno tiene frenado los beneficios.

Foto Bomberos de El Fortín
Bomberos de El Fortín
Actualizada: 07/10/2020 07:21
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Por Antonella Camargo

Los incendios que se produjeron durante la última semana en San Luis volvieron a marcar la importancia que tienen los bomberos, en una lucha infernal que se producen año tras año en distintos sectores de la provincia. El arduo trabajo que debieron afrontar en la última semana movilizó a los puntanos en incontables campañas solidarias.

Los cuarteles de las principales ciudades se vieron colmados de agua, frutas, alimentos, medicamentos y hasta borcegos. Otros se acercaron hasta los lugares donde combatían las llamas para dejar provisiones, a los voluntarios y también a los de la Policía.

De forma simultánea, los vecinos lanzaron una petición a través de la plataforma Change.org, a fin de juntar avales para que los brigadistas “puedan tener un sueldo digno” en San Luis.

Esto surgió porque el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá posterga una cobertura de obra social, seguro por accidentes y alguna ayuda económica.

Justamente la ley que prevé estos beneficios fue sancionada en el 2017 y el Gobierno no avanzó en las instrumentación en los alcances.

“Hombres y mujeres al servicio de la sociedad, sin horarios que dan la vida por la tierra puntana merecen un sueldo digno”, reclama el pedido. Según estimaciones el fuego arrasó con 70 mil hectáreas.

La legislación local establece que contarán con obra social de alcance familiar, seguro de vida y un subsidio para quienes tengan más de 25 años de servicio.

Previo a eso, en el 2015 las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron por unanimidad una ley que les otorgaba “reconocimiento social, económico y/o cultural” por la labor desempeñada en favor de la comunidad. A partir de eso, percibirían de forma mensual haberes correspondientes al Plan de Inclusión Social. A ello se agregaría la prioridad en el acceso en los planes habitacionales, un seguro de vida y obra social.

Ante la gravedad de los incendios pasados, el Gobierno tuvo que pedir asistencia de la Nación para poder combatir el fuego. Llegaron decenas de brigadistas y un avión hidrante. A eso se sumó la colaboración de personal  de Mendoza y Córdoba.

En este escenario, la ministra de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza respondió un pedido que la población hizo escuchar por las redes sociales. Dijo que la adquisición de un avión hidrante “no es una prioridad”. Y aseguró que “el Gobierno se hizo cargo de todas las necesidades de los bomberos”. Muchas personas le cuestionaron al Gobierno de Rodríguez Saá “menos `Pedreras` y `Cabildos`” y más atención a los bomberos.

La falta de recursos con la que subsisten quedó en evidencia luego del accidente que protagonizaron dos voluntarios de El Morro. Por el choque, lanzaron una colecta de fondos para arreglar la única camioneta que tiene el cuartel. Esa localidad fue una de las más arrasadas la semana pasada.

Pero a la hora de comparar con los distritos vecinos, la realidad de  los socorristas de San Luis es muy diferente a la que viven sus pares en provincias del centro del país. En Córdoba, La Rioja, La Pampa y Mendoza hay leyes que les brindan beneficios por poner en riesgo su vida para proteger a la población.

Córdoba

Rige la Ley Nº 8.058 aprobada en 1991. La provincia está siendo duramente castigada por los incendios desde hace varias semanas.

La norma estipula que los agentes activos contarán “sin cargo de los servicios que brinda el Instituto Provincial de Atención Médica”, mientras que los aportes por cada uno estarán a cargo del Poder Ejecutivo.

Asimismo, los brigadistas tienen un “régimen especial de socorro graciable y vitalicio en concepto de retiro” al cumplir los 55 años de edad y 25 de servicio, o 65 de edad y 20 prestando funciones. A su vez, los beneficiarios perciben “mensualmente un importe equivalente al haber jubilatorio mínimo que abone la Caja de Jubilaciones y Retiro de Córdoba”.

Si un bombero tuviera un accidente o enfermedad trabajando que “le procuraran una incapacidad física o intelectual para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus actitudes profesionales”, recibirá el mismo socorro con diferentes modalidades.

También, los retirados podrán dejar un “derecho a pensión en caso de muerte”. El haber de éste “será equivalente al 80% del haber jubilatorio ordinario mínimo”, mientras que en “el supuesto del fallecimiento en servicio” será del 100%. En este último caso además se brinda “un socorro complementario”.

La Pampa

En suelo pampeano, la legislación que rige desde el año 2000 es la Nº 1.877. Estipula que los voluntarios cuentan con el derecho a una pensión graciable en caso de “invalidez total que se produzca en o por acto de servicio”. El monto es igual al de una jubilación por incapacidad.

El Ejecutivo debe en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, una suma equivalente a “35 veces el monto de la asignación de la categoría 16 de la Ley 643, multiplicado por la cantidad de asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios reconocidos y actuantes”.

Esa suma está destinada a una asignación fija para cada entidad, y otra parte teniendo en cuenta el parque móvil, la cantidad de brigadistas y los servicios prestados. También está consignada para gastos de funcionamiento, capacitación y equipamiento.

La Pampa brinda de igual manera una pensión a quienes por razones de salud o edad avanzada, no puedan cumplir sus tareas. Es optativo y consiste en el 50% del haber mínimo jubilatorio provincial.

A su vez, el Servicio Médico Previsional (Sempre) otorga a los bomberos cobertura sanitaria.

La Rioja

En la provincia, la Ley Nº 7.443 entró en vigencia en el 2002. Tiene en cuenta el “servicio público” de los voluntarios y les da una serie de beneficios.

Entre ellos enmarca la cobertura de la Administración Provincial de Obra Social (A.P.O.S.) y un “puntaje especial” en los planes de construcción de casas que se realicen con la participación del organismo de la Vivienda y Urbanismo.

A ello se suma la prioridad “en los planes sociales o subsidios para desocupados”; el seguro del Estado para accidentes, enfermedad o si perdieran la vida; y un subsidio por el Cargo Fijo correspondiente a la facturación de energía eléctrica domiciliaria.

Mendoza

Es el distrito del centro del país que más derechos reconoce a los bomberos, según la ley 7.679 (2007).

Las asociaciones de voluntarios están eximidas de pagar impuestos provinciales, y en el caso de los integrantes tampoco están obligados a abonar para obtener de la licencia de conducir.

El Ejecutivo también incluye en el Presupuesto “una partida equivalente al 50% del monto que por todo concepto se asigna al Departamento de Bomberos dependiente de la Dirección de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad, que será asignada a la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios, para ser afectada a las necesidades operativas”.

Los brigadistas no pueden recibir perjuicios económicos o laborales como consecuencia de sus inasistencias o tardanzas “en cumplimiento de su misión justificada formalmente”.

Si un bombero pierde la vida en Mendoza o sufre una incapacidad total o parcial, tiene derecho a una indemnización del Estado provincial, la cual “ascenderá al monto establecido en concepto de subsidio que por las mismas causas prevé la Ley 6722 y sus modificatorias para el personal policial”.

El Instituto Provincial de la Vivienda dispone de un cupo no menor al 5% de “las operatorias de vivienda, para ser adjudicadas a los integrantes de los cuerpos de Bomberos Voluntarios”. Los postulantes deberán tener una antigüedad superior a los 10 años de servicio.

Del mismo modo, cuentan con la Obra Social de Empleados Públicos de la Provincia (OSEP) y tienen prioridad para ser atendidos en el sistema público de salud.

Por otro lado, la Dirección General de Escuelas destina el 1% del presupuesto a becas de estudio para los bomberos. La subsecretaría de Deportes hace lo mismo con el 5% para la “atención de personal técnico y profesional y elementos deportivos”. Y también pueden acceder a espacios de lectura promovidos por el área de Cultura de Mendoza.

San Juan

La situación en San Juan es similar a la de San Luis, porque también carecen de la normativa que les brinde beneficios. Allí hace 10 años que la federación presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca el reconocimiento y regulación de la actividad.

Las provincias afectadas por los incendios

En varios de los distritos en los que el fuego estuvo presente en los últimos días existen leyes que conceden derechos a los bomberos. Un ejemplo es Catamarca donde las asociaciones legalmente constituidas, están “exentas de toda clase de impuestos, tasas y sellados provinciales”. Lo mismo se extiende en “entes descentralizados o autárquicos, organismos oficiales de crédito”.

Los municipios deben adoptar las mismas disposiciones en cuanto a servicios, contribuciones, sellados y derechos. Y además reciben un subsidio anual propuesto por el Poder Ejecutivo dentro del Presupuesto General.

En Entre Ríos también perciben una contribución de parte del ministerio de Salud y Acción Social, y cuentan con exoneraciones “respecto de bienes y actividades afectadas a su finalidad específica”.

En Santa Fe donde pueden acceder a obra social junto al grupo familiar, a cupos en planes de construcción de viviendas provinciales, a un reconcomiendo del 80% del haber jubilatorio por 25 años de servicio y a un sistema de seguridad social para los actores de la actividad.

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