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El Senado dio acuerdo al apoderado del PJ Luis “Lucho” Martínez para la procuración General

El dirigente ultraoficialista logró en un trámite sin mayores sobresaltos la aprobación del pliego y se convertirá en el jefe de los fiscales. La impugnación no prosperó.

Foto Marcos Verdullo
Luis "Lucho" Martínez
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 13/10/2020 20:44
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Este martes en audiencia pública, el Senado dio acuerdo en sesión secreta a la designación de Luis “Lucho” Martínez como procurador General de la Provincia.

El abogado y ex concejal, Francisco Guiñazú impugnó dos veces la postulación, la primera ante el ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, mientras que la segunda la hizo ante la Cámara Alta.

El planteo se basó en dos aspectos, por un lado, que su actual función de legislador y apoderado PJ, “comprometen su imparcialidad u objetividad, en el ejercicio de la función como titular del ministerio público fiscal”, por el otro, que para asumir en el nuevo cargo debe contar con diez años de ejercicio de la profesión de abogado o de alguna magistratura judicial.

Martínez transita el segundo mandato como diputado provincial por el departamento Pueyrrerón y preside la comisión de Asuntos Constitucionales. Ha sido jefe del bloque oficialista. Se graduó en la Universidad Católica de Cuyo.

Es uno de los dirigentes más devotos del albertismo y férreo defensor del Gobierno. Integró la mesa de apoderados del Partido Justicialista que lidera Alberto Rodríguez Saá.

El 5 de agosto el Gobierno abrió el proceso de designación del diputado en la procuraduría General para cubrir el cargo que había quedado vacante tras la sugestiva renuncia de Fernando Estrada el pasado 31 de marzo después de haber permanecido 15 años en el organismo.

En la audiencia, sólo se limitaron a mencionar los números de expedientes de la presentación de Guiñazú sin precisar mayores detalles. Luego, por secretaría legislativa, se leyó el descargo de Martínez completo sobre el planteo que hizo el letrado.

El postulante respondió preguntas de los legisladores. Sergio Guardia de San Luis Unido, le consultó sobre la morosidad judicial y las medidas que tienen pensado implementar.

En ese sentido, el diputado mostró un gráfico con los números de causas en la Justicia e indicó que en los últimos años se registraron alrededor de 60 mil.

A la salida de la audiencia, el dirigente oficialista dijo que el ex concejal utilizó “argumentaciones constitucionales y políticas a mi entender no válidas, lo tomo con mucho respeto, pero aquí sólo intentó incursionar en un protagonismo político”.

“Pretendió imponer un requisito que no está previsto en la Constitución ni en las leyes, la proscripción de manera anticipada, intentando que la Cámara que tiene que dar el acuerdo se repliegue en la decisión, esto es una proscripción sobre todo porque se produce antes y sin una causal prevista en la ley”, sostuvo.

Martínez fue funcionario del Gobierno provincial y también candidato a intendente de Potrero de los Funes. Es un dirigente ligado al actual secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Saá (h).

De la audiencia, además de Guardia, participaron los senadores del Frente Unidad Justicialista María Angélica Torrontegui, Mabel Leyes, Pablo Garro, Diego García, Héctor Camilli, Marcelo Debandi y de forma virtual, lo hizo Diamela Freixes. El postulante tenía asegurado de antemano el plácet por la mayoría oficialista.

Al ser consultado sobre la falta de imparcialidad que planteó Guiñazú, señaló que los partidos políticos “no son un elemento oscuro, para juzgar en ese sentido. El impugnante, ha transitado su vida partidaria y cargos electivos, pero nadie podría poner en tela de juicio la capacidad e imparcialidad. Por eso considero que es un prejuzgamiento subjetivo”.

Por último, Martínez consideró que en la impugnación “hubo mucha intención de daño y pretendió simplemente excluirme de la designación sin fundamento normativo”, y agregó: “Pretender que pueda influir sobre la sana opinión de los juzgadores, es una locura”.

 

 

 

 

 

 

 

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