Los diputados albertistas repudiaron una nota de El Chorrillero sobre el celular de 18 planes de Inclusión de la jefa de Gabinete

Por Nestor Miranda

En una extensa sesión, los legisladores que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saá se tomaron un buen tiempo para rechazar una nota periodística que tuvo como protagonista al costoso teléfono que usa la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur. Finalmente consiguieron la aprobación de una declaración para repudiar “las desafortunadas expresiones realizadas por un reconocido medio de comunicación que buscan menoscabar y afectar la imagen” de la funcionaria.

La diputada Anabela Lucero del Frente Unidad Justicialista fue la autora del proyecto. En el texto, no escribió el nombre de este diario digital ni el hecho puntual que quiso poner en el centro de la discusión; sólo apuntó que se trataba de un artículo publicado el pasado 7 de octubre.

A medida que avanzó el debate, para legisladores que responden al oficialismo fue inevitable y le pusieron el nombre señalando al medio. Cuando las noticias incomodan al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá o a sus funcionarios apelan al repudio o desacreditan a los medios que las publican.

Teresa Páez afirmó que el repudio era hacia El Chorrillero por la nota que refería al celular Iphone (de entre $260 mil y $300 mil) que usa la funcionaria.

Este medio reprodujo la imagen del equipo que la funcionaria exhibió en vivo para toda la provincia. Fue durante la conferencia de prensa virtual que Rodríguez Saá ofreció el 6 de octubre (según el dato oficial, se conectaron más de 50 comunicadores sociales). La imagen que se publicó fue una captura de la transmisión en vivo que muestra el dispositivo que Zabala Chacur tiene como teléfono celular.

No hubo fotógrafos (salvo los oficiales) al lado del gobernador mientras respondía las preguntas. Justamente porque habló de manera virtual. Detalles que las voces acusadoras desconocían.

“Preocupa que la Cámara se constituya en un órgano de censura previa”

Las críticas de los legisladores opositores se centraron en un nuevo hecho de “censura previa” que vive el periodismo de San Luis, por parte del oficialismo; y también por la forma en que se presentó: sin querer decir por escrito a qué medio se estaban dirigiendo.

“Tenemos que terminar con estas diferencias políticas y saber que estas noticias o agresiones, no sirven absolutamente de nada. Debemos estar unidos en la diversidad, y que en el interior de cada uno de los bloques, podamos trabajar más allá de las diferencias políticas, para cortar con esta brecha paritaria que todavía existe”, expuso Lucero para comenzar a sumar adhesiones.

En ninguna de sus frases mencionó a El Chorrillero. Incluso fue más allá y dijo que no pretendía hacerlo porque "no le interesaba”.

“Estas publicaciones tienen como fin ir en menoscabo de la imagen de la jefa de Gabinete, su honor, y son inaceptables porque generan descrédito afectando la participación política de la mujer, son un claro ejemplo de un discurso lleno de odio con un fin político”, indicó.

Y agregó: “Debemos tomar acciones directas y concretas con esta problemática social tan sensible y latente como lo es la violencia de género”.

“No vamos a claudicar nuestra lucha, seguiremos trabajando por esta igualdad y con este proyecto pedimos más respeto”, señaló al último.

“¿Importa mi vestimenta? ¿Importa mi vida íntima? ¿Importa qué celular o computadora elijo usar?. Los medios de comunicación siempre se jactan y esconden detrás de un derecho inviolable, universal y humano como el derecho a la libertad de expresión y opinión. Pero ¿acaso lo ejercen en el marco de la actividad política de las mujeres “públicas”?, siguió Lucero.

La legisladora también le dio encuadre a la publicación: “A fines de 2019 se incorporó la violencia política, a través de la ley 27.533, dentro de los tipos de violencias que se detallan en la Ley 26.485 de Protección Integral de Violencia Contra la Mujer”.

El copresidente del Interbloque San Luis Unido, Gastón Hissa basó sus argumentos en los artículos 14 de la Constitución Nacional y 13 del Pacto de San José de Costa Rica, los cuales hablan de la libertad de expresión y de pensamiento.

“Cercenar la libertad de expresión no es correcto, no es lo que establecen las normas vigentes y también si uno se circunscribe, esta iniciativa no es clara, no dice a quién ni por qué”, indicó.

La votación fue 21 votos afirmativos contra 7 negativos de San Luis Unido y Bartolomé Abdala (Institucionalidad); y 9 abstenciones de los bloques Todos Unidos, Arturo Illia, y del diputado Ricardo Giménez.

El oficialismo consiguió aprobarlo gracias al apoyo de los bloques Peronismo del Interior, Sanluiseños y Mercedinos por el Cambio, de Mónica Domínguez (Institucionalidad), Mario Alume (Resistencia Peronista), y Alberto Fara (Raúl Alfonsín).

Por su parte, el otro copresidente del Interbloque San Luis Unido, Luis Lucero Guillet, también se explayó sobre el rechazo: “No hace mucho tiempo se presentó el proyecto de repudio de los dichos de Axel Kilcillof contra la ex gobernadora (María Eugenia) Vidal, y muchos presumían que lo acompañaríamos por una cuestión partidaria, pero no lo hicimos porque somos respetuosos de las libertades de expresión y de prensa”.

También hablaron Juan Pablo Funes (Todos Unidos), Sonia Delarco y Norma Villegas del Frente Unidad Justicialista.

“Insisto que cuando hablamos sobre el concepto de violencia política tenemos que hacerlo con todo su alcance, porque si no parece que solo podemos hablar de eso cuando la destinataria es una mujer y no podemos limitarlo solamente a eso”, reclamó.

Sobre la declaración, afirmó: “Si queremos repudiar, tenemos que tener la valentía de decir a quién denunciamos y por qué".

En su articulado, la propuesta del albertismo también invita a ONGs, movimientos sociales, instituciones públicas, sindicatos a que incorporen a la agenda de debate "estas expresiones de repudio en pos de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias".

"Si tenemos que denunciar a un medio porque ha violentado a una mujer, lo debemos hacer indicando qué ha hecho y de qué forma", se pronunció Fabiana Zárate, de San Luis Unido.

Indicó que “se debe respetar la libertad de expresión que tiene dos caras, la del derecho al periodista a publicar lo que le parezca y a la comunidad el de conocer”.

“Me preocupa que la Cámara se constituya en un órgano de censura previa, que pretendamos acallar a un medio y tampoco se especifique de qué modo se perjudicó la honra de una funcionaria”, subrayó

En sus primeras palabras, Páez, del Frente Unidad Justicialista apuntó a la nota El Chorillero: “Tomó fotos invadiendo la privacidad de la jefa de Gabinete de su celular y en la nota hacen todo un argumento que en cierta manera perjudica, molesta y duele”.

La legisladora aseguró que “la libertad de expresión está, pero hay un límite, que es la instancia privada de las personas”. Y dijo que “puede considerarse como un hecho de violencia política y de género porque la funcionaria es una persona que está haciendo un esfuerzo muy grande para ejercer sus funciones”.

“Este medio en particular, se ocupa expresamente de atacar la gestión del Ejecutivo y a las personas que están en el Gobierno”, acusó.

“No tenemos derechos de meternos en la vida privada de los funcionarios, sino ocuparnos de cómo transitan su gestión", añadió para dejar bien en claro por qué hacía su defensa.

Opinó además que Zabala Chacur "ha dado muchas horas de su vida para aportar la grandeza de la provincia”.

Ariel Barrozo, del bloque Arturo Illia argumentó las razones de la abstención: “El proyecto es poco claro a la hora de expresar el repudio”.

“Cuando leímos la propuesta me quedó la inquietud de saber de qué se trataba, porque la acusación parece ser grave. Y ahora que mencionaron en el debate el artículo al que se hace referencia y lo puedo leer, no es más que un mero chisme”, manifestó.

“Me parece que hace pobre a esta Legislatura tratar un repudio por este tipo de cosas”, criticó.

Daniel González Espíndola fue otro de los que defendió la postura oficial y se acordó del senador Nacional Claudio Poggi.

“Se habla de libertad de prensa como si nadie tiene que responder por el daño que comete. Uno puede publicar lo que se le antoja, pero eso no implica que después no haya un repudio o no le corresponde una sanción penal cuando hay injurias o calumnias”, argumentó.

“La libertad de prensa existe, pero si te la mandás, tenés que responder por lo que hiciste y eso lo tienen que tener claro todos los periodistas”, manifestó.

"¿Quién compra los elementos que utilizan? Si te hacen un repudio bancátela", eligió como interrogantes para rematar sus ideas.