Productores rurales convocan a un “banderazo federal” para exigir el desalojo del campo de los Etchevehere

Dirigentes y productores rurales convocaron a un “banderazo federal” en contra de la ocupación del campo de la familia Etchevehere. Se llevará a cabo este domingo a las 17 en la localidad entrerriana de Santa Elena, donde se encuentra la Estancia Casa Nueva. La movilización será para pronunciarse a favor de “la libertad de expresión y la propiedad privada”, así como para reclamar el desalojo del lugar del dirigente social Juan Grabois y las personas que lo acompañan.

Hay un profundo malestar dentro del sector agropecuario a raíz de este caso, que se agravó tras la decisión del juez Raúl Flores de rechazar el pedido de desalojo del lugar. A eso se le sumó una medida de protección que el magistrado dictó este viernes a favor de Dolores Etchevehere, por la que instó a la familia a no realizar “actos violentos, molestos o perturbadores” en contra de la mujer ni a “difamarla”.

La Estancia Casa Nueva, ubicada en el distrito entrerriano de Santa Elena, trascendió a nivel nacional luego de que Dolores autorizara a trabajadores rurales y movimientos sociales a desarrollar allí el Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica, en medio de la disputa familiar por los bienes de la sucesión de Luis Félix, quien murió hace once años.

La familia Etchevehere denunció la semana pasada ante la Justicia la usurpación de la estancia y pidió el “pronto desalojo” de los ocupantes, que fue rechazado por la Justicia del Departamento de La Paz. Tras conocerse el fallo, Dolores brindó una conferencia de prensa en la que celebró la decisión y volvió a acusar a sus hermanos de corruptos.

“El Juez de La Paz Raúl Flores emitió un fallo que nos da la razón sobre nuestro derecho de permanecer en estancia Casa Nueva, mi casa”, afirmó Dolores este viernes desde la residencia principal de la estancia. Además, sostuvo: “Punto por punto, el juez rebatió los argumentos de los Etchevehere corruptos”.

La mujer dijo que la fiscalía “constató que el ingreso fue absolutamente pacífico, por lo tanto, no hubo usurpación”. “Además, el juzgado Civil Nº7 de Paraná, donde tramita el expediente de la sucesión, aseguró que no hay partición ni inventario de la herencia, por lo que soy tan dueña de los bienes heredados como mis hermanos varones”, explicó.

En medio de un clima cada vez más tenso, Flores dictó una medida de protección a favor de Dolores en la que instó a la familia al “cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio” contra la mujer y les prohibió el “acercamiento al casco del establecimiento rural Casa Nueva, debiendo respetar el cordón policial preventivo”.

También les prohibió “el acercamiento a cualquier lugar público y/o privado” en donde estén Dolores Etchevehere o cualquiera de “las personas allegadas a la misma que se encuentren en el interior del establecimiento”, así como “la realización de actos molestos, violentos o perturbadores” en medios radiales, televisivos y en redes sociales.

Los productores que apoyan al exministro de Agroindustria consideraron que la medida está en contra de la libertad de expresión. Mientras tanto, Dolores aseguró este sábado que sus hermanos, Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel, “están violando la resolución” por haber puesto “una candado en la tranquera” del campo.

“Me informaron que hay un candado colocado en la tranquera, que nos impide a mí y a mis amigos la libre circulación. Necesitamos ir a buscar alimentos y medicamentos. Se está violando la resolución del juez”, señaló la hermana del exministro del Gobierno de Mauricio Macri.

Por esta razón, los miembros del Proyecto Artigas denunciaron penalmente a Luis Etchevehere y pidieron su detención por presunta “privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada” por haber colocado “cadenas sobre la puerta de ingreso, impidiendo el ingreso y egreso de personas”.

Mientras tanto, el exfuncionario denunció que la decisión de su hermana de autorizar la realización de un proyecto de agroecología en el campo es parte de un “negocio” de Grabois para quedarse “a cambio con un 40 por ciento” de la propiedad. Además, acusó a las funcionarias nacionales que intervinieron en la audiencia judicial de “hacerle caritas” al abogado querellante para “sacarlo de eje” y “bardear” el proceso judicial.

“La cuestión de fondo es que acá un estudio de abogados presta una fuerza de choque, mete 40 tipos en un campo, tiene la Justicia a favor, los funcionarios nacionales a favor, complicidad del Gobierno nacional y Gobierno provincial, a cambio de un 40 por ciento: ese es el negocio de Grabois”, sostuvo el extitular de la Sociedad Rural en declaraciones radiales.