En la Legislatura hay más de 15 proyectos destinados al sector productivo y de servicios frenados por el Gobierno
Las iniciativas, todas provenientes desde la oposición, buscan alivios e incentivos para las actividades más afectadas durante la crisis desatada por el coronavirus y la cuarentena.
Por Julián Pampillón
Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sectores productivos de San Luis, de los más variados colores, hicieron hincapié en la necesidad de ayudas económicas y medidas tendientes a paliar la profunda crisis en la que se encuentran.
Pese a los múltiples intentos, marchas y reclamos, desde el Gobierno provincial la decisión es clara: no extender el brazo para auxiliarlos.
A contra marcha de ello, en la Legislatura hay más de 15 proyectos que buscan lo contrario. Exenciones impositivas, rescates con subsidios, créditos a tasa cero, promoción de programas especiales, entre otros, son algunos que aparecen.
La mayoría pertenecen a San Luis Unido y el resto se dividen entre los demás bloques.
En lo concreto, pocos proyectos (de declaración) fueron aprobados en la Cámara de Diputados sobre la temática, siempre con el rechazo del bloque Frente Unidad Justicialista que responde al mandatario provincial.
Uno de ellos es una solicitud para que la Provincia realice una rebaja del 40% en Ingresos Brutos, otro hace hincapié para que se abra de forma inmediata “un canal de comunicación” con el sector comercial. También hay incluido un pedido para que se permita la realización de obras artísticas y actuaciones en espacios culturales “cumpliendo con el distanciamiento social y la totalidad de las medidas sanitarias exigibles”.
Más allá de las propuestas, desde el Gobierno nunca las consideraron.
Con la misma tónica, se presentaron iniciativas que solicitan que se generen políticas para la “atención al sector productivo en el marco de la pandemia” o “la creación de un voucher turístico” para promover el sector.
Pero más allá de esto, proyectos de ley contundentes como el de exención impositiva para los sectores económicos y de servicios de San Luis, presentado a comienzos de mayo, duermen en comisión.
La idea, de esta iniciativa en particular, es eximir del pago de tributos y postergar los vencimientos de impuestos a las empresas, actividades independientes y emprendedores que “están atravesando una situación económica y financiera crítica”.
Por su parte, Rodríguez Saá desde un principio mantuvo una postura única e inamovible respecto a la crisis latente: no asistir a los sectores más golpeados.
Las únicas respuestas o alivios que recibieron los trabajadores o empresas privadas puntanas provinieron desde el Gobierno Nacional, a través de los ATP, créditos a tasa cero o el Ingreso Federal de Emergencia (IFE).
En la última conferencia de prensa, el mandatario provincial reiteró lo dicho: “La Nación está auxiliando a todas las pymes del país como puede y con las limitaciones. Ha demostrado una enorme voluntad en esto. Trabajamos intensamente y ayudamos a que las medidas nacionales lleguen”
Otras iniciativas buscan que desde Terrazas del Portezuelo extiendan una mano a segmentos los transportistas escolares, escuelas privadas, jardines maternales, trabajadores de la cultura y comercios en general.
Cada una de estas actividades hicieron visibles la grave crisis que atraviesan, incluso, algunos optaron por manifestarse en Casa de Gobierno. Más allá de los intentos por hacerse escuchar, los pedidos nunca fueron atendidos.
El único proyecto impulsado por la administración de Rodríguez Saá, fue el Régimen de facilidades de Pago Impositivo y Fiscal que, lejos de ser una ayuda para el sector privado, solo busca incentivar a los contribuyentes para que se pongan al día con los impuestos.
Obtuvo el visto bueno en ambas cámaras y la intención es normalizar todas las obligaciones vencidas o incumplidas con una antigüedad mayor a 30 días.
En Senadores el único que presentó un proyecto para amortiguar los daños de la crisis en la economía fue Sergio Guardia (SLU- Avanzar).
La propuesta presentada en abril busca “mantener y fortalecer las actuales inversiones en el territorio provincial en el sector industrial, agropecuario, minero, comercial, turístico, profesional y de servicios”.
Pese de que hace meses tomó estado legislativo, hasta el momento no fue tratado por la Cámara Alta y espera el análisis en la comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía.
En detalle:
Proyectos de ley
-Beneficios impositivos para las actividades afectadas por la pandemia COVID-19.
-Prórroga del Plan de Regularización Tributaria.
-Creación del “Fondo Especial de Fomento, Reactivación Cultural y Turístico de los pueblos rurales”.
-Subsidio provincial para escuelas privadas de San Luis.
-Exención de Impuestos provinciales a contribuyentes dentro del régimen de turismo por seis meses.
-Línea de créditos provinciales a comerciantes que no posean calificación crediticia bancaria apropiada.
-Exención de Impuestos provinciales a personal sanitario por seis meses a partir del 1 de julio.
-Emergencia del turismo hasta el 31 de diciembre (pudiéndose extender) diferir vencimientos impositivos.
Solicitudes de informes
-Un informe sobre distintos puntos sobre el accionar del Gobierno provincial para “controlar el aumento de los precios de productos de la canasta básica”.
Proyectos de declaración
-Atención al sector productivo en el marco de la pandemia.
-Solicitud para que el Gobierno provincial subsidie los jardines maternales y ludotecas infantiles particulares.
-Declarar la necesidad de que el Gobierno “adopte de manera urgente disposiciones en beneficio de los contribuyentes que se vieron perjudicados por las medidas adoptadas en prevención de la propagación de la pandemia COVID-19”.
-Declarar la necesidad de que el Gobierno otorgue un subsidio a transportistas escolares que se vieron afectados por las medidas adoptadas en prevención de la propagación de la pandemia COVID-19.
-Protocolo para trabajadores de la cultura en tiempos de pandemia.
-Declara de interés legislativo la necesidad de una “atención al sector de agencias de viajes”.