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El Gobierno quiere que las jubilaciones no se ajusten por la inflación sino por los salarios y la recaudación

Será como la de 2008 pero en vez de depender 70% del aumento de salarios y 30% de la recaudación, la proporción se ajustará en partes iguales, para no aumentar el déficit previsional.

El oficialismo impulsará que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 10/11/2020 15:55
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El Gobierno definió este lunes por la noche la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que regresará al modelo kirchnerista y que fue modificado durante el Gobierno de Mauricio Macri. Tal como sucedió entre 2008 y 2017, el ajuste será por salarios y recaudación, pero en este caso la proporción será igual entre ambas variables para no aumentar el déficit fiscal.

La decisión se adoptó horas antes de la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que busca que la Argentina normalice sus variables económicas, desacelere el gasto, y reduzca el déficit fiscal.

La nueva fórmula acordada la anunció el Frente de Todos tras una reunión en el Ministerio de Economía encabezada por Martín Guzmán, en la que se definió la movilidad previsional que el Poder Ejecutivo pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.

Según este nuevo esquema, sus elementos constitutivos básicos serán los salarios y la recaudación, en un 50% cada uno, y de esta manera será sustancialmente la misma a la sancionada en 2008, aunque en ese entonces la proporción daba mayor preponderancia a los salarios, con el 70%. En este caso, la propuesta es utilizar RIPTE, un índice que “se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas” y que el oficialismo sostiene que es “transparente” y “no ha sido objetado judicial ni políticamente”, según remarcó la coalición política gobernante a través de un comunicado.

La fórmula kirchnerista había sido derogada durante la gestión de Macri y había pasado a una que mezclaba inflación y salarios. Esta indexación por inflación quedó sin efecto en diciembre de 2019 cuando el presidente Alberto Fernández la suspendió para pasar a aumentos por decreto hasta tanto se defina la nueva propuesta. En el medio, la pandemia de coronavirus demoró las decisiones.

Según el Frente de Todos, esa metodología usada durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner “resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015” y estiman que “a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes; gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES”.

Sostienen que “una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina, porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos”.

Juntos por el Cambio alertó que no acompañará una propuesta que haga perder poder adquisitivo. “Nosotros, desde JxC, vamos a votar la fórmula de movilidad en la que no pierdan los jubilados. En el Presupuesto 2021 no se hizo ninguna previsión”, escribió en su cuenta de Twitter el titular del interbloque en el Congreso, Mario Negri, horas antes de conocerse la propuesta.

Para el oficialismo las fórmulas de movilidad que se basan en inflación no persiguen un objetivo de recuperación real de los ingresos, mientras que una “que incorpora a los salarios, implica que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos”.

Sostienen, además, que esta propuesta “permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios”. Por ese motivo “recupera el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de ANSES (multiplicado por 1,03)”, que “estuvo vigente entre 2009 y 2017” y para el oficialismo “es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019)”.

También incorpora una cláusula de “legislación constante” que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad. “Esta cláusula permitirá reducir el déficit previsional en forma más efectiva y rápida que sin ella y además protege a los jubilados y pensionados de los cambios legislativos que afectan de un año a otro en forma sustancial la evolución de las variables que componen la fórmula”, afirmaron.

Además, propone regresar a lo ajustes semestrales porque considera que esto “disminuye la volatilidad y reduce la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019”.

“Con la nueva Ley de Movilidad buscamos el consenso entre todas las fuerzas políticas y también recoger el jugoso y extenso debate que se ha producido a lo largo de estos meses en la Comisión Bicameral”, aseguró finalmente el Frente de Todos y agregó: “En todos estos meses, y en el marco de una situación compleja en el mercado cambiario, la discusión sobre el nivel y asignación del gasto pública ocupa un lugar relevante en el escenario político. Por tal razón, el pretendido cambio de fórmula jubilatoria tiene que partir de un consenso político amplio que le garantice su sostenibilidad en el tiempo”.

 

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