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Por el cobro de tasas, la Municipalidad de San Luis le pagará el 8% de la recaudación a Edesal más $700 mil por mes

Así lo refleja el convenio que firmó el intendente Sergio Tamayo. Desistió de “la acción, del derecho y la medida cautelar obtenida” a favor de la comuna y ahora deberá pagar a la empresa $25 millones.

Sergio Tamayo.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 15/11/2020 21:02
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Finalmente, el jueves pasado ingresó al Concejo Deliberante el acuerdo que firmó la Municipalidad de San Luis con Edesal en septiembre para cederle el cobro de los servicios y por medio del cual renunció a una deuda que la compañía tenía con la comuna.

La escasa información que dio a conocer la gestión de Sergio Tamayo sobre el convenio, generó que los legisladores de San Luis Unido presentaran un pedido de informe y luego promovieran la interpelación al propio jefe comunal. Con al menos dos semanas de demora entró la respuesta.

Según el acta del 18 de septiembre, el arreglo se firmó en el marco de la conciliación convocada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) por la causa que data desde el 2017 a fin de “resolver definitivamente” la controversia del expediente 316162/17.

Uno de los principales puntos establece que por el cobro de los impuestos municipales, la empresa distribuidora del servicio de electricidad se quedará con el 8% de la recaudación más IVA. A eso se sumará durante 36 meses la percepción de $697.637,45.

Hace unos años, Edesal recategorizó a la Municipalidad como “gran consumidor” y con ello aumentó la tarifa. Esa medida desembocó en una disputa judicial que tuvo una resolución a favor de la comuna dejando como saldo a favor alrededor de $64 millones.

Con este acuerdo Tamayo desiste de “la acción, del derecho y de la medida cautelar obtenida y la demandada (compañía) de los recursos interpuestos, con determinación de costas por su orden”.

De esta manera, el intendente Tamayo aceptó una deuda con la empresa de $25.114.948,32 compuesta por $12.951.166,23 en concepto de “diferencia aplicación de tarifas” y $12.163.782,09 de “multas, intereses y moras más impuestos correspondientes”. Ese monto es el que deberá enfrentar el municipio en 36 pagos.

En el acta las partes tuvieron en cuenta la medida dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia que ordenó a “la concesionaria retrotraer los precios aplicados a los consumos de energía facturados al Municipio a los valores que regían en el mes de junio de 2016”, que según figura ha sido cumplido hasta el momento por Edesal.

En otro tramo, expusieron que de “los fundamentos y pruebas documentales aportadas a la causa” por la entidad “mediante los recursos pertinentes interpuestos en los expedientes similares al presente caso se puede concluir que los incrementos en los montos facturados no obedecen a fallas en los cálculos ni a cuestiones relativas a las tarifas aplicadas o a fallas en las lecturas de los medidores que registran los consumos”.

A su vez, sostienen que quedó en “evidencia” en la causa y las audiencias en la Justicia que al “Municipio realmente le resulta dificultoso hacer frente a las obligaciones de pago de las facturas de energía, principalmente por el grado de incobrabilidad existente en la recaudación de las tasas por los servicios que prestan a los contribuyentes de la jurisdicción”.

Del acuerdo surge que se mantuvieron conversaciones de las que se concluyó como “necesario avanzar en mecanismos” que le permitan a la comuna lograr con “la colaboración de la concesionaria mejorar la cobrabilidad” de los servicios.

Asimismo coincidieron que se ha “generado una deuda en conceptos de consumo de energía eléctrica del municipio a favor de la concesionaria, cuyo monto de capital, intereses moratorios y punitorios no puede ser afrontada de manera inmediata”.

En concreto, Edesal se encargará por al menos tres años de percibir en la factura los servicios de agua, cloacas, recolección de residuos, mantenimiento de calles, barrido, limpieza y alumbrado público bajo la denominación de Contribución Unificada Municipal (CUM).

También se ocupará de “la coordinación y el control de los procesos de distribución de las facturas, puesta al cobro, recaudación, retención y rendición de cobranzas”. Se compromete a efectuar el segundo día hábil posterior a la fecha de compensación mensual (día 12 de cada mes o día hábil siguiente) la rendición de los importes recaudados en el periodo anterior. Del total, la compañía deducirá su comisión y la cuota. A eso sumará “el valor correspondiente al denominado ‘saldo mensual de la compensación’, calculado previamente tomando en cuenta lo establecido por el Artículo 33 del Contrato de Concesión en caso de que del mismo surja una acreencia a favor” de ella. Lo que quede tendrá que ser enviado a la intendencia por medio de “cheque o transferencia bancaria en un único pago”.

“A los efectos de coordinar las tareas necesarias para el cumplimiento se acuerda aplicar la metodología que se detalla en el anexo I, la que deberá ser homologada por el Concejo Deliberante en caso de que corresponda y contemplará únicamente a las tasas vigentes al momento de entrar en vigencia”, expresa otro de los puntos.

Por otro lado, la competencia de la compañía será únicamente la de percibir la recaudación, mientras que “no atenderá quejas ni reclamos que pudieran formular los usuarios derivadas de las tasas municipales, así como tampoco asumirá la gestión de cobro judicial ni extrajudicial en caso de falta de pago”.

Una vez culminado el plazo de tres años del acuerdo, se prorrogará de forma automática por periodos anuales “salvo comunicación en contrario, con 60 días de anticipación”.

En el informe al Concejo Deliberante, Tamayo también adjuntó actuaciones de la Justicia en relación a otros municipios que implementaron la misma modalidad de cobro. A diferencia del intendente de la capital, los otros municipios que firmaron convenios con la empresa no reconocieron intereses, ni recargos, ni multas.

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