El Gobierno tiene cada vez menos controles y la impunidad se institucionaliza
Está a punto de terminar el año legislativo sin la designación de tres de los cinco miembros del Tribunal de Cuentas.
Ni el gobernador Alberto Rodríguez Saá envió al Senado el pliego del tercer auditor permanente, ni la Asamblea Legislativa fue convocada para nombrar a los dos que le corresponde designar.
Salvo movimientos de última hora para que la Legislatura avance en las designaciones en los seis días que quedan del calendario parlamentario ordinario, el organismo con rango constitucional encargado del control de los gastos de los poderes seguirá sin la integración plena para cumplir con las funciones para las cuales fue creado. Después del 30 de noviembre para normalizar la integración del cuerpo será necesario citar en extraordinarias a diputados y senadores.
El Gobierno parece sentirse cómodo con prolongar el statu quo imperante porque no ha dado señales de tener intención de devolverle la institucionalidad absoluta al Tribunal.
De los cinco auditores están en funciones dos vitalicios, los abogados Guillermo Catalfamo (transita la segunda gestión después del paso por el Superior Tribunal de Justicia) y Sergio Oste (ex senador del PJ de Pedernera y piloto de automovilismo). Ambos y el contador fiscal general, Luis Gutiérrez firman los dictámenes mientras permanece renga la Auditoría.
Sergio Oste y Guillermo Catalfamo.
Está pendiente que el gobernador pida el acuerdo del Senado para cubrir el espacio del tercer integrante permanente que se jubiló en 2017.
Los restantes que son nominados por la mayoría y la minoría ante la Asamblea Legislativa cada dos años tienen el mandato vencido. Hugo Zudaire y Miguel Ferrero fueron designados por el albertimo y los aliados, dejando a la oposición sin representación en el órgano.
El Tribunal de Cuentas esencialmente tiene la misión de fiscalizar los gastos de los poderes y las municipalidades que no tienen Concejo Deliberante.
El artículo 238 de la Carta Magna determina las competencias: 1) Examina y fiscaliza las cuentas de percepción, gastos e inversión de las rentas públicas provinciales, reparticiones autárquicas, entes descentralizados y municipalidades, aprobándolas o desaprobándolas; en este último caso, determina los responsables, como también el monto, las causas y los alcances respectivos. 2) Inspecciona a los efectos de las cuentas, los organismos provinciales y municipales que administran fondos, como así también requiere la revisión de la documentación que estime pertinente. Y 3) Fiscaliza la correcta inversión de los fondos del Estado que se otorgan a las instituciones privadas.
Auditor Hugo Zudaire. (Imagen captura)
El Tribunal de Cuentas es uno de los organismos consagrado en la Constitución que Rodríguez Saá tiene paralizado al vaciar parcialmente su conformación. Hace más de una década mantiene también acéfala la Defensoría del Pueblo.
El actual gobernador da pruebas día a día de su casi nula vocación por la transparencia al avanzar de distintas maneras sobre los restantes poderes e instituciones.
Aún con la mayoría garantizada, no hay voluntad de que el Tribunal esté constituido.
Sin control la discrecionalidad y la impunidad crecen para abrir paso a la corrupción.