Avanza el juicio político al intendente Sergio Tamayo
La Sala Acusadora designó en la primera reunión a la comisión investigadora. El concejal Guillermo Araujo (Avanzar) pidió la apertura del proceso por un convenio que, entre otras cosas, reconoce una millonaria deuda a Edesal.
La conformación del cuerpo se dio este viernes como primer paso. El concejal opositor denunció mal desempeño en las funciones, incumplimiento de los deberes y la eventual comisión de delitos comunes en el marco del acuerdo con Edesal.
Los legisladores que conforman la sala Acusadora se reunieron en la siesta para elegir quienes tendrán a cargo el estudio del caso y definirán gran parte del futuro de Tamayo.
Concretamente se presentaron dos propuestas. La primera constituida por Carlos Ponce y Germán Ponce de San Luis Somos Todos, y Daniel Ferreyra del Frente Unidad Justicialista de Todos; la segunda por Agustina Gatto, Julieta Ponce y Lautaro Ojeda.
Ésta última resultó electa por cuatro votos contra tres. El apoyo decisivo de Javier Suárez Ortiz (UCR) determinó que la comisión que íntegramente conformado por concejales albertistas.
El apoyo clave del radical se dio el día después que junto a Otoniel Pérez Miranda (PRO) dieran el visto bueno para que el boleto de Transpuntano se aumentara $35. Ambos fueron contra sus otros compañeros de bloque, Guillermo Araujo (Avanzar) y Celeste Aparicio (UCR).
Julieta Ponce, Agustina Gatto, Lautaro Ojeda del Frente Unidad Justicialista y Javier Suárez Ortiz de la UCR.
El juicio político fue impulsado por Araujo luego de que salieran a la luz los detalles del acuerdo con Edesal.
Básicamente la denuncia gira en torno a que la Municipalidad se hace cargo de una deuda de $25 millones hacia la empresa distribuidora eléctrica, cuando en realidad la comuna tenía a su favor $64 millones. El acuerdo contempla que la compañía cobrará las tasas y servicios a través de la boleta de luz y cobrará 8% más IVA en forma mensual.
A la hora de fundamentar el pedido, Araujo sostuvo que “no se han cumplido los requisitos que exige el procedimiento administrativo para llegar a una decisión como la adoptada”.
Ahora, habrá reuniones todos los lunes a las 11 de la mañana para avanzar en el caso. Tendrán 30 días para dar una resolución.