Designación del procurador: Rodríguez Saá y Catalfamo votaron a favor del proyecto impulsado por Cristina y Poggi en contra
Desde la oposición se denunció un plan para condicionar al próximo jefe de los fiscales.
El Senado de la Nación debatió y aprobó este viernes en sesión especial la propuesta del kirchnerismo para reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que reduce la mayoría necesaria para designar al procurador General de la Nación.
Con 42 votos afirmativos y 27 negativos de los bloques de la oposición, se logró la media sanción. Claudio Poggi (Avanzar San Luis) votó en contra, mientras que sus pares Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo del bloque del Frente de Todos apoyaron los cambios impulsados por Cristina Kirchner.
El proyecto de ley implica que la designación del procurador se realice con una mayoría simple del Senado, es decir 37 votos sobre los 72 que integran la Cámara alta, en lugar de los 48 -dos tercios de los presentes- que se requieren actualmente y a los que el oficialismo no llegaba sin un acuerdo con la oposición.
La bancada oficialista argumentó que una de las razones para modificar esa mayoría es que el proyecto elimina el mandato vitalicio que hoy tiene ese cargo -punto en el que coincide la oposición- y lo acota al término de cinco años, con una única renovación. En tanto, la mayoría agravada de dos tercios sí se mantiene para el caso de la remoción del Procurador, cuyo trámite debe iniciar en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el proyecto le otorga mayores facultades de control a la Comisión Bicameral del Congreso encargada de monitorear la actividad del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Los cambios se plasmaron en el artículo 4 del proyecto que reemplaza al artículo 11 de la ley, en la que se establece la designación del jefe de los fiscales. El proyecto agrega dos párrafos al final del artículo que regulan qué ocurre en caso que el procurador no esté en su cargo.
“En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del/la Procurador/a General de la Nación, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal, seleccionado/a por sorteo público de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto”, sostiene la iniciativa.
Todo se produce mientras se discute la designación como titular de la procuración General del juez federal Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández.
Al arrancar el debate, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) acusó a la oposición de querer “tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”, en alusión a Eduardo Casal.
“Están acompañando una etapa más en la búsqueda de la impunidad"
El senador salteño Juan Carlos Romero (interbloque Federal-PJ) afirmó que quienes impulsan ese proyecto “están acompañando una etapa más en la búsqueda de la impunidad, sumado a la revancha y la venganza que tan bien ejerce el oficialismo y su vocero, como el miembro informante del oficialismo”.
Romero consideró “deshonesto” haber tomado como base proyectos de la oposición para avanzar con el dictamen puesto a consideración, y cuestionó la eliminación de los 2/3 necesarios para votar al titular de la procuración.
“Para el oficialismo, la justicia buena es la que le da la razón; y la justicia que no es buena es la que no le da la razón, es una justicia que busca el lawfare. Ganaron las elecciones, tienen el número, son capaces de hacer cualquier cosa y esta es una muestra de lo que están dispuestos a hacer en la búsqueda de la impunidad a través de la revancha y la venganza”, enfatizó.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, estimó que “hoy no estamos tratando la reforma de la ley, sino una contrarreforma constitucional”, afirmó. “Es una contrarreforma constitucional, porque a partir de 1994, el ministerio Público Fiscal ocupó un rol central como extrapoder, y el espíritu de los constituyentes era que estuviera lejos del Poder Legislativo y el Ejecutivo”, sostuvo, afirmando que es en el tema de las mayorías calificadas donde se orienta la contrarreforma de la que hablaba.
El actual procurador, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el gobierno de Mauricio Macri tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, el 31 de diciembre de 2017.
De nuestra redacción y otros medios