Escándalo: concejales albertistas forzaron un dictamen para sacarse de encima el pedido de juicio político a Tamayo
Hicieron una interpretación a medida para lograr la mayoría y aprobar el despacho de la comisión investigadora de la sala acusadora que recomendó desechar el proceso contra el intendente “por no existir mérito suficiente para instar acusación”.
En una vergonzosa maniobra concejales del Frente Unidad Justicialista para sacar del paso al intendente Sergio Tamayo forzaron hoy la letra de la ordenanza de juicio político.
Agustina Gatto, Julieta Ponce, Lautaro Ojeda (integrantes de la comisión) y Daniel Ferreyra dieron el visto bueno para rechazar el pedido contra el jefe comunal “por no existir mérito suficiente para instar acusación”.
Esta vez volvieron a contar con el concurso del concejal de la Unión Cívica Radical, Javier Suárez Ortíz que en menos de una semana tuvo tres votos que beneficiaron a Tamayo.
Hubo dos rechazos de los legisladores de San Luis Somos Todos, Carlos Ponce y Germán Ponce y la abstención Suárez Ortíz.
Este escenario fue utilizado por el albertismo que se valió de la abstención del radical para llegar a la conclusión de que había conseguido los dos tercios. Es decir, cuatro votos de seis.
Los concejales de San Luis Somos Todos se opusieron a esa valoración porque sostienen que se requiere de cinco de los siete miembros de la sala.
Frente al escándalo se llamó a un escribano con el objetivo de dejar constancia de la legalidad del procedimiento.
Este hecho dejó en evidencia el apuro de Tamayo para quitarse de encima lo más rápido posible la denuncia en su contra por mal desempeño en las funciones, incumplimiento de los deberes y la eventual comisión de delitos comunes en el marco del acuerdo con Edesal.
Un dato más a considerar es que la composición de la comisión investigadora fue elegida el pasado viernes y los legisladores del PJ ni siquiera esperaron una semana para intentar archivar la denuncia por el convenio firmado por el intendente con Edesal.
El albertismo tampoco habría reunido la documentación respaldatoria para fundamentar la postura y hasta una alta fuente legislativa sostuvo que funcionarios municipales realizaron varios llamados para “apurar el asunto” en medio de la discusión.
La letra de la ordenanza II-0115-2015-(2362/91) en el artículo 13 dice: “La comisión Investigadora deberá expedirse en 30 días hábiles como máximo, elevando un dictamen fundamentado a la sala Acusadora, que podrá aceptar o rechazar el dictamen con el voto de las dos terceras partes de sus miembros”.
Traducido, se necesitan cinco votos positivos de los siete integrantes. Se espera que en las próximas horas el resto de los concejales sean notificados.
La acusación, que es llevada adelante por el concejal Guillermo Araujo de SLU (Avanzar), hace hincapié en que la intendencia asume una deuda de $25 millones hacia la empresa distribuidora eléctrica, cuando en realidad tenía a favor $64 millones.
El acuerdo suscripto por Tamayo y Edesal contempla que la compañía cobrará las tasas y servicios a través de la boleta de luz y cobrará 8% más IVA en forma mensual.