Con el apoyo de Suárez y Pérez Miranda, el intendente Tamayo consiguió aprobar un impuestazo del 72%
En una sesión extraordinaria convocada sobre la hora, el Concejo Deliberante sancionó el aumento oficializando la nueva mayoría que armaron el jefe comunal y el diputado Nacional, Alejandro Cacace.
Por Julián Pampillón
Este viernes el intendente capitalino Sergio Tamayo logró obtener en seis horas la aprobación de las tres ordenanzas sobre las que cabalgará en 2021: la Tarifaria Anual, el Presupuesto General y la Emergencia Económica y de Transporte.
En la primera de ellas ajustó las tasas y servicios para el año que viene y, gracias a los concejales Javier Suárez Ortiz (UCR) y Otoniel Pérez Miranda (PRO) podrá implementar un tarifazo del 72,50%.
Concretamente, llevó el valor de la Unidad Monetaria Municipal (UMM) de $3,38 en los que se ubicaba en enero del 2020 a $5,83. En el texto original se disponía un aumento automático de acuerdo a la inflación.
El propio Suárez Ortiz propuso una serie de modificaciones en el articulado, incluido el cambio del valor de la UMM. En total 19 artículos y tres anexos tuvieron reformas, todas ellas requeridas sobre tablas y sin notificación previa a los concejales de la oposición.
En sus argumentos, justificó que en realidad se trata de "un aumento del 35%" ya que se "debe considerar el valor actual de la UMM de $4,32″.
Con este movimiento quedó evidenciando el rol que jugará Suárez Ortiz que llegó a la presidencia del cuerpo con el aval de su jefe político, el diputado Nacional Alejandro Cacace, y el bloque albertista del Frente Justicialista de Todos.
El respaldo a Tamayo en estos tres proyectos viene después del voto positivo al tarifazo en el boleto de Transpuntano del 59% y las intervenciones determinantes para que el pedido de juicio político por el convenio con Edesal sea cajoneado.
Fue minutos después de las 20 que la Tarifaria fue sancionada con ocho votos afirmativos del albertismo, Suárez Ortiz y Pérez Miranda, contra seis de San Luis Unido aportados por Guillermo Araujo (Avanzar), Celeste Aparicio (UCR) y Ailén Chaine (Libres del Sur) y los representantes de San Luis Somos Todos, Carlos y Germán Ponce y María José Domínguez.
Según el Gobierno municipal, el aumento se debe a que el costo anual de los servicios “se vio incrementado durante el 2020 producto de la crisis económica” desatada por la pandemia del coronavirus.
Como miembro informante, Lautaro Ojeda sostuvo: el objetivo “será llegar a los niveles de recaudación que se esperan en el presupuesto” y “todo es en beneficio de los ciudadanos”.
La manera imprevista en que se dio la discusión, la propuesta de modificaciones sin conocerlas ni leerlas y la falta de estudio de ellas, fueron las principales críticas que expresaron los legisladores opositores.
“Es una burla venir a modificar toda la ordenanza. Necesitamos leerla, estudiarlas ¿Cuál es el temor de tomarnos un tiempo para hacerlo? Es una barbaridad querer modificarlas sobre tablas. Hicimos muchos planteos en comisión, recibimos el último mensaje el 24 de noviembre y después nunca recibimos una notificación para tratar el tema”, aseveró Araujo en su intervención.
Aparicio hizo una moción para pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes, pero rápidamente fue desechado por siete votos contra seis (en ese momento Julieta Ponce no se estaba conectada).
Suárez Ortiz justificó que “se trata de propuestas realizadas desde San Luis Unido” que luego fueron consideradas por el Ejecutivo Municipal. Al instante Araujo lo cruzó en el aire y le dijo: “No mienta”.