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Una senadora quiere contratar seguridad privada para frenar los robos en el barrio

En el complejo Las Praderas que se ha convertido en el blanco predilecto viven varios funcionarios. La Policía patrulla la zona, pero la dirigente política insiste ante los vecinos para que una empresa se ocupe de la custodia permanente.

El complejo ubicado en Juana Koslay.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 13/12/2020 04:01
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Los robos no dan paz en el complejo ubicado en Juana Koslay y la solución genera división. La intención de la senadora Nacional, Eugenia Catalfamo de tomar un servicio privado no convence a todos en Las Praderas por varias razones.

“Somos contribuyentes que pagamos los impuestos, el barrio no es un country para contratar una compañía, no todos somos funcionarios y disponemos del dinero necesario y el precio es caro”, fue un argumento que recibió El Chorrillero.

Catalfamo es una de las más preocupadas y quiere una solución “inmediata y definitiva”, dijo un vecino que se comunicó el 27 de noviembre con El Chorrillero.  En el momento que se intensificaron los robos, la legisladora logró que la Policía reforzara la presencia y de hecho hay un patrullaje constante.

Hace unas semanas la secretaría de Deportes del Gobierno, Cintia Ramirez que también reside en el lugar vivió en primera persona la crisis de inseguridad. Regresó alrededor de las 3 de mañana, después de estar ausente a lo largo de toda la jornada, y se enteró que le había robado.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo es otro vecino. Estos funcionarios no son los únicos vecinos que están vinculados al Gobierno provincial.

En el grupo de WhatApp la senadora Catalfamo compartió la necesidad de contratar seguridad privada para todo el complejo como remedio al problema.

Las empresas Diamante y Seguridad General, Servicios e Inteligencia presentaron presupuestos. El costo genera reservas porque “no todos están en condiciones” de hacer frente y hay lotes que están vacíos y los propietarios de estos deberían pagar también.

Algunos vecinos que están en desacuerdo con pagar los montos que se bajaran, prefieren no decir nada porque hay funcionarios en el grupo. “No queda otra que callarse la boca”, admitió.

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