El concejal Araujo denunció en la Justicia penal al intendente Tamayo por el convenio con Edesal
En ese acuerdo el Municipio reconoció una deuda de $25 millones. Pidió además que se investigue a funcionarios y otras personas para determinar responsabilidades.
El concejal de Avanzar, Guillermo Araujo, denunció hoy penalmente al intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, para que se lo investigue por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad ideológica”.
El legislador promovió la investigación del convenio celebrado, que reconoce una deuda por más de $25 millones a favor de Edesal, y el proceso seguido para arribar al acuerdo. La acción alcanza al intendente, funcionarios y demás “personas que pudieren resultar autores o partícipes de los posibles delitos”.
La demanda se ubica en la obligación legal de los funcionarios públicos de denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al artículo 85 del Código Procesal Criminal de San Luis.
Araujo sostuvo que el intendente Sergio Tamayo actuó de forma “poco transparente, sin la debida publicidad, suscribiendo con una inusitada velocidad un convenio a toda costa y de manera totalmente abusiva, sin importar todas las infracciones y delitos que para su materialización se podrían haber incurrido en el camino, con total desprecio y prescindencia de las reglas de conductas a la que debe legalmente ceñirse. Circunstancia que encuadraría en los artículos 248 y 249 del Código Penal”.
“La Ley de Régimen Municipal prohíbe a los intendentes transigir. Para ello necesita una autorización del Concejo Deliberante. La intervención de dicha institución debe ser anterior a la homologación judicial e incluso anterior a la firma del acuerdo, ya que una vez que se encuentre homologado cualquier intervención posterior del Concejo Deliberante devendría estéril e inocua dado la fuerza ejecutoria del mismo. Sin embargo, ello no purga la responsabilidad penal del funcionario actuante”, afirmó Araujo.
Y planteo: “Con este proceder, no solo se violó aquella disposición sino también se estaría violentando la división de poderes, cimiento básico de nuestro sistema republicano de gobierno, ya que en los hechos el intendente habría conseguido eliminar de cuajo las potestades legislativas en la materia”.
El legislador consideró que Tamayo “no puede atribuirse ni arrogarse funciones y obligaciones que son propias del cuerpo deliberativo que tiene por función controlar sus actos” y expuso que “pretendería arrogarse la suma del poder público y ejercer funciones ejecutivas y legislativas simultáneamente, en clara demostración de una conducta repudiablemente antidemocrática e inconstitucional”.
Para Araujo, además se “habrían violado las disposiciones” de las Ordenanzas II-101-2015 y III-0936-2019 que regulan los pagos de sentencias judiciales y la emergencia económica que estipulan “mecanismos para el pago de deudas judiciales distintos al acordado” por el intendente con Edesal.
“La Ley de Contabilidad, aplicable al Municipio, exige la disponibilidad de partidas presupuestarias y la intervención de la Contaduría Municipal antes de comprometer cualquier gasto. En este mismo sentido, la Carta Orgánica Municipal exige que el gasto este autorizado en el presupuesto. Esto no ha sido cumplido. No existen créditos presupuestarios para el pago de la deuda a favor de Edesal ni tampoco para el pago de los honorarios correspondientes a los servicios de recaudación de tasas municipales contratados a la empresa”, argumentó Araujo y dijo: “Es tan grave que la ley sanciona a los contratos así arribados con la pena de nulidad”.
El legislador de Avanzar entiende que esa irregularidad habría llevado al Tamayo a cometer el delito de malversación: “Ello como consecuencia de que al no disponer de partidas presupuestarias para efectivizar el pago de los 25 millones pesos, el intendente tendría que destinar a favor de Edesal la partida presupuestaria asignada a otro gasto, dándole así a los caudales una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados tal como prevé el tipo penal regulado en el artículo 260 del Código Penal”.
Otro punto que cuestionó fue que el intendente, más allá del objeto de la transacción, incluyó en el convenio la contratación de los servicios de recaudación de tasas a través de la boleta de luz. Según Araujo en este caso se “habrían violado las normas de contratación municipal reguladas en la Ordenanza III-0768-2016 y en la Ley de Contabilidad, ya que realizó una contratación directa sin los requisitos y procedimientos legales vigentes”.
“En el proceso se omitieron los dictámenes de los organismos consultivos que prevé la Ordenanza Nº II-0088-2015 de Procedimientos Administrativos Municipales, como ser el servicio jurídico y el contable, mínimamente. No existen dictámenes técnicos previos que se pronuncien sobre la legalidad del acto, sobre la existencia de créditos presupuestarios, sobre la razonabilidad del precio de honorarios pagaderos a Edesal, sobre la corrección del monto de la deuda reconocido, sobre la corrección de la facturación de energía efectuada por la empresa. y si ésta se ajustó al cuadro tarifario aplicable y a las resoluciones vigentes de la autoridad de aplicación”, fundamentó en un comunicado de prensa que difundió esta noche.
Araujo sostuvo que “se obró con tanta ligereza y desprolijidad que existen inconsistencias e incongruencias entre las declaraciones y fechas obrantes en el convenio”. Y advirtió: “esto no es un dato menor ya que deja entrever la simulación que habría orquestado el intendente para aparentar haber arribado al acuerdo mediante el proceso administrativo de rigor. Estas falsedades y adulteraciones lo harían incurrir prima facie en el tipo penal regulado en los artículos 292 y 293 del Código Penal”.
El concejal entiende que Tamayo se “habría atribuido todas y cada una de las facultades `salteando` las etapas del proceso al firmar directamente entre gallos y medianoche un convenio sin intervención de los órganos competentes, fraguando fechas y manifestaciones vertidas en el acuerdo, todo lo cual pone en peligro cierto a las arcas municipales”.
Araujo manifestó que “sin perjuicio de los delitos que habría incurrido el intendente Tamayo, su accionar pone en riesgo al erario público, al actuar tan livianamente y sin el procedimiento y controles de ley, perjudicando a los vecinos de la ciudad capital, olivándose que el funcionario está administrando fondos públicos que no le son propios, lo que impone obrar con la mayor responsabilidad y publicidad”.
El legislador de Avanzar apenas se conoció el acuerdo presentó un pedio de informes que fue respondido con demora y luego pidió el juicio político de Tamayo. Este proceso lo frenó el bloque del Frente Unidad Justicialista con la colaboración del concejal radical, Javier Suárez Ortiz, electo presidente del cuerpo el último jueves con el apoyo del albertismo.