Acuerdo entre Tamayo y Edesal: tras dos pedidos y una carta documento el Gobierno sigue ocultando información
Ya se cumplió el plazo estipulado para que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) responda a las solicitudes que hizo el concejal Guillermo Araujo. El organismo provincial no se ajusta a la Ley V-0924-2015.
El intendente Sergio Tamayo mantiene la protección por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y no libera información vinculada al acuerdo que firmó en septiembre del año pasado con Edesal. El convenio implica que los vecinos de la ciudad deberán pagarle a la empresa una deuda de $25 millones, mientras que antes la Municipalidad tenía un crédito a favor de $64 millones.
A través de una carta documento, el concejal Guillermo Araujo (San Luis Unido-Avanzar) intimó a la directora de la DPIP, Cecilia Badaloni a responder un pedido que hizo en diciembre amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública V-0924-2015.
Sin embargo, pasaron los cinco días dispuestos en la presentación formal y no hubo contestación alguna de parte del organismo provincial.
El legislador solicitó conocer si luego de la firma se hizo el pago del impuesto de Sellos. Este requerimiento tiene como fin “corroborar la posible comisión del delito de evasión”, según explicó.
El concejal envió una nota a Rentas el 15 de diciembre. Puntualmente instó a obtener datos sobre el ítem, monto y en qué fecha se abonó. A eso sumó “el procedimiento seguido para arribar a dicho importe, adjuntando declaraciones juradas que al efecto las partes hubieren presentado”.
Ante el silencio de Badaloni, el 5 de enero reiteró la solicitud. Pero tampoco hubo respuesta.
“No quiero ser mal pensado, pero pareciera verse la mano de Alberto Rodríguez Saá tratando de evitar esclarecer el hecho”, cuestionó Araujo.
El Chorrillero intentó contactarse con Badaloni y Prensa del ministerio de Hacienda, pero no contestaron.
A partir del acuerdo, Tamayo le cedió a la empresa el cobro de las tasas y servicios municipales por medio de la boleta de luz. Debido a los múltiples interrogantes que generó, esto aun no se concretó.
Por el mismo motivo, el edil promovió el proceso de juicio político al intendente, pero los concejales oficialistas frenaron la acción.
Mas tarde, presentó una denuncia en la Justicia por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad ideológica”.
La semana pasada, Araujo se presentó ante el juez Penal Ariel Parrillis para ratificarla, aunque al hacerlo acusó al magistrado de intentar amedrentarlo.
A raíz de esto, consideró que trató de “evitar esclarecer” la denuncia contra Tamayo y actuó como si fuera abogado del jefe comunal.
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