X
PUBLICIDAD

Rentas se negó a informar sobre el convenio entre el intendente Sergio Tamayo y Edesal

El organismo del Gobierno provincial rechazó el pedido del concejal Guillermo Araujo amparándose en el artículo 55 del Código Tributario de la Provincia. “Claramente no es de aplicación acá porque esto es justamente información pública”, cuestionó el legislador.

El intendente Sergio Tamayo junto al gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 18/02/2021 09:52
PUBLICIDAD 2020
PUBLICIDAD

Luego de dos notas y una carta documento, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) contestó al pedido de información pública que hizo el concejal Guillermo Araujo en diciembre, aunque lo hizo negándose a proporcionarla.

Puntualmente, las solicitudes del legislador de San Luis Unido-Avanzar buscaba conocer si tras la firma entre el intendente Sergio Tamayo y Edesal (donde el primero reconoció una deuda de $25 millones a favor de la empresa), se hizo el pago del impuesto de Sellos.

El requerimiento de Araujo fue amparado en el Régimen de Acceso a la Información Pública en la Provincia V-0924-2015, a fin de corroborar si el jefe comunal no incurrió comisión del delito de evasión.

“Respondieron que es información que no me la pueden brindar amparándose en el artículo 55 del Código Tributario, que protege la información privada”, contó el edil en declaraciones a La Mañana de Radio Dimensión.

El punto establece que “las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante la Dirección Provincial son secretos en cuanto consignen informaciones referentes a su situación u operaciones económicas o a las de sus familiares”.

Araujo consideró que la negativa del organismo del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá no tiene fundamentos válidos.

“Claramente no es de aplicación acá porque esto es justamente información pública”, subrayó.

En este sentido, aclaró que la información pedida tendría que haber sido de acceso en el Concejo Deliberante “sin pedírselo a Rentas”.

“Ya lo tendría que haber mandado el Municipio”, cuestionó y anticipó que seguirá “insistiendo para obtenerla”.

El concejal recordó que la primera nota fue presentada en DPIP a fines de diciembre y la contestación vencía los primeros días de enero. La consulta indagaba sobre el ítem, monto y en qué fecha se abonó.

A eso sumó “el procedimiento seguido para arribar a dicho importe, adjuntando declaraciones juradas que al efecto las partes hubieren presentado”.

“No tuve respuesta y lo hice amparado en una ley donde cualquier ciudadano que considera relevante puede solicitar”, argumentó.

Luego de una segunda solicitud sin contestación, optó por presentar la carta documento.

“No quiero ser mal pensado, pero pareciera verse la mano de Alberto Rodríguez Saá tratando de evitar esclarecer el hecho”, reflexionó Araujo en ese momento.

El convenio que reconoce una deuda de $25 millones a Edesal y desestima un crédito a favor de la Municipalidad de $64 millones, le otorgó a la compañía el cobro de los servicios por medio de la factura de luz.

El concejal denunció penalmente al intendente por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad ideológica”.

UNIRSE A LA CONVERSACIÓN:
PUBLICIDAD

EN PORTADA EL CHORRILLERO

SUBIR