El concejal Araujo insistió ante el Gobierno para que informe sobre el convenio entre Tamayo y Edesal
El legislador de San Luis Unido-Avanzar presentó otra carta documento ante Rentas para que cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública. Argumentó que la negativa anterior se “fundó errónea e ilegítimamente”.
En el final de esta semana, el concejal Guillermo Araujo envió una segunda carta documento a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) para solicitar que en el plazo de cinco días pueda acceder a la información vinculada al convenio que firmó el intendente Sergio Tamayo con Edesal.
El organismo dirigido por Cecilia Badaloni se había opuesto a responder el requerimiento argumentando que se trataba de cuestiones del ámbito “privado” y se escudó en el artículo 55 del Código Tributario.
El legislador de Avanzar se amparó en el artículo 8 del régimen de Acceso a la Información Pública, según el cual ante una negativa será aplicable la acción de amparo.
La primera solicitud formal fue el 15 de diciembre, mientras que la segunda el 5 de enero. Ante el silencio del Gobierno provincial presentó una carta documento, que finalmente fue contestada. El organismo se excusó diciendo que “las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante la Dirección Provincial son secretos en cuanto consignen informaciones referentes a su situación u operaciones económicas o a las de sus familiares”.
Con la firma del convenio, la Municipalidad se hizo cargo de una deuda de $25 millones con Edesal y desestimó un crédito a favor de la Municipalidad de $64 millones. Además, le cedió a la compañía el cobro de los servicios por medio de la factura de luz.
“La negativa a satisfacer el requerimiento se fundó errónea e ilegítimamente en el artículo 55 del Código Tributario siendo que el mismo prevé supuestos ajenos al caso que nos ocupa”, afirmó el referente del senador Nacional, Claudio Poggi en el Concejo Deliberante.
El requerimiento pretendía conocer si tras el acuerdo con la empresa de energía se pagó el impuesto a Sellos, y “el procedimiento seguido para arribar a dicho importe, adjuntando declaraciones juradas que al efecto las partes hubieren presentado”.
El concejal planteó que “no existen situaciones económicas, ni familiares que proteger ya que el pedido versa sobre sendos convenios que revisten la calidad de instrumentos públicos y no reservados”.
En el mismo sentido, advirtió que en simultáneo a las declaraciones juradas se pidió “otra información sobre lo que ningún dato ha sido aportado” como por ejemplo “si el impuesto fue o no pagado, en qué fecha, por qué monto y procedimiento seguido para su determinación”.
"Evidentemente el caso no se encuentra incurso en ninguna de las causales que la eximen de su deber de dar información completa, veraz, adecuada y oportuna”, expuso Araujo y subrayó que es por “demás claro el interés público perseguido”.
“Versa sobre la percepción o no de tributos por parte del Estado, cuestión sobre la cual es obligación legal, ética y moral de todo funcionario público no solo aportar toda la información que se le requiera sino también no dejar dudas acerca de la transparencia de su actuar y de que no existe arista de intentar ocultar información al respecto”, insistió.