Caso Magalí Morales: siguen esperando los resultados de las últimas pericias
Entre los informes que restan incorporar se encuentran los resultados de las muestras obtenidas en la segunda autopsia, que fueron enviadas a La Pampa en agosto del 2020.
Con el regreso de la actividad judicial en San Luis de por medio, la investigación de la muerte de Florencia Magalí Morales (39) todavía no cuenta con un avance concreto.
Es por ello que desde el entorno de la mujer aguardan expectantes las últimas pruebas que se incorporarán a la causa.
Morales fue encontrada ahorcada en una celda de la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara el 5 de abril y desde un comienzo la Policía lo adjudicó a un suicidio, pero la familia siempre puso en duda la hipótesis.
El hecho sucedió en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por el avance de Covid-19 en todo el país.
En declaraciones a El Chorrillero, uno de los abogados de la familia de Morales, Santiago Calderón Salomón, afirmó que “siguen sin novedades” de los informes realizados a finales del año pasado.
El principal estudio que esperan son los resultados de las muestras que se tomaron en la segunda autopsia en agosto del 2020 y que fueron enviadas a La Pampa.
A ello se le suman los informes concluyentes de la “autopsia psicológica” de la víctima, es decir, el estado de salud, si estaba motivada o no, las últimas impresiones que tuvo el círculo cercano sobre su actitud, entre otros.
Para el letrado la definición e incorporación de estas pruebas “son fundamentales” ya que a partir de allí podrán “avanzar profundamente”.
Hoy los efectivos involucrados, en total cinco, se encuentran separados y en disponibilidad. No han sido procesados. Este último punto es clave para Calderón Salomón y lo considera “muy grave”.
“Nosotros buscaremos acelerar el tema para que el fiscal de la causa (Roberto Silvestre), con las pruebas sobradas que tiene, comience a pedir procesamientos, a citar a indagatoria e incluso prisiones preventivas”, manifestó Calderón Salomón.
La última medida judicial que se llevó adelante fue una inspección ocular en la dependencia policial el 18 de diciembre, encabezada por el juez Penal Jorge Pinto.
Ésta había sido suspendida en su momento por la situación epidemiológica de la provincia. Finalmente, se realizó siete meses después del fallecimiento.
El caso de Morales, junto al de Franco Maranguello de Villa Mercedes, puso sobre la mesa la violencia institucional por parte de la fuerza policial.
Organismos defensores de derechos humanos provinciales y nacionales en diferentes oportunidades cuestionaron el accionar y pidieron justicia.