Amnistía Internacional le exigió a la Argentina transparencia en la asignación de vacunas
Tras el escándalo de los inmunizados “VIP”, pidió información al Gobierno sobre la distribución de las dosis en el país. También solicitó una reunión con la ministra de Salud Carla Vizzotti.
Amnistía Internacional le exigió transparencia al Gobierno argentino en la asignación de vacunas contra el coronavirus. Lo hizo a través de un comunicado luego del escándalo generado por la inmunización de funcionarios, dirigentes y allegados que no pertenecían a los grupos prioritarios. Además, requirió información en relación con los criterios de distribución y de aplicación a nivel nacional y solicitó un encuentro con la ministra de Salud Carla Vizzotti.
“En un contexto de escasez, el orden de vacunación debe seguir criterios que apunten a garantizar el derecho a la salud respetando los estándares de derechos humanos; las vacunas deben ser asignadas de forma transparente y estratégica respetando a los grupos prioritarios. Resulta inaceptable que sean destinadas a personas o grupos por motivos arbitrarios y opacos”, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. Por ese motivo, le pidió al Estado establecer un “marco sólido de rendición de cuentas” frente a este tipo de violaciones a los criterios del plan de vacunación.
De acuerdo con la ejecutiva, el objetivo de las campañas de inmunización debe ser garantizar la “accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para toda la población”, en función de los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación. Por ello, requirió una reunión con la ministra para “brindar aportes en la implementación del Plan de Vacunación con perspectiva de derechos humanos”.
El comunicado concluyó con un pedido de información al Ministerio de Salud sobre el Plan Estratégico de Vacunación de la Argentina. Entre otros puntos, Belski indagó sobre los “criterios para la distribución de vacunas en cada una de las jurisdicciones del país, en relación con la cantidad de dosis asignadas a cada una de ellas”.
Por otra parte, consultó acerca de los criterios que maneja el Gobierno para la administración de las dosis destinadas a funcionarios o trabajadores del Poder Ejecutivo y del Congreso. Además, requirió que se indique indique si existe un “sistema de asignación por fuera de los grupos prioritarios indicados en el Plan Estratégico de Vacunación para casos excepcionales y/o urgentes”.
A partir del escándalo de los “vacunados VIP”, el organismo también pidió información sobre las denuncias por casos de asignación de dosis a personas que no integrarían los grupos prioritarios establecidos actualmente para la recepción del inmunizante contra el COVID-19.
Por último, solicitó a las autoridades que informen si existe o se evalúa la creación de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en cada una de las jurisdicciones, con el objetivo de garantizar la “transparencia y respeto” por la priorización de los grupos establecidos.