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Vacunatorio VIP en San Luis: intimaron a la ministra de Salud para que haga pública la lista de vacunados

El abogado y dirigente, Ricardo Bazla lo hizo a través de una carta documento. Pidió que informe la nómina de las personas que se habrían inmunizado sin respetar el orden de prioridades.

Foto ANSL
Ministra Silvia Sosa Araujo.
Redacción de El Chorrillero
Actualizada: 23/02/2021 15:33
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Este martes, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo fue intimada para que dé a conocer “la nómina de personas que el Ministerio a su cargo, el Comité de Crisis y/o cualquier estamento del Gobierno de la Provincia de San Luis, proporcionó al personal de Salud Pública y Privada de la provincia y también la nómina de personas que jamás siguieron los pasos administrativos previstos por su propio gobierno a través de la página web respectiva y que, sin embargo, es de público y notorio conocimiento que esos irregulares hechos se han producido y que ampulosamente ha denominado `personal estratégico del gobernador`”.

Bazla planteó la intimación bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en contra de la funcionaria y de “quienes también resulten penalmente responsables, las acciones jurisdiccionales que estime corresponder por la presunta comisión, en principio, de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, discriminación y toda figura que corresponda de conformidad a lo establecido en el Código Penal de la Nación”.

Ricardo Bazla. (Foto Marcos Verdullo)

“Todo esto sin perjuicio de que podamos llegar a la figura de la asociación ilícita en virtud de la cantidad de personas que han intervenido en estas maniobras”, indicó el dirigente en declaraciones a La Mañana de Dimensión después de enviar la carta documento.

“Estoy pidiendo que el Gobierno cumpla con lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública que está vigente desde el 2015. Pero no tengo dudas de que no lo hace porque forma parte de su política de los últimos casi 40 años”, sostuvo el dirigente.

El letrado tampoco descartó que se estén cometiendo otros delitos. “Estamos hablando de violación de normas constitucionales y de tratados internacionales que hacen referencia a la preservación de la vida humana, que, en este caso, se ha elegido privilegiadamente a quien cuidar, dejando de un costado a quien más lo necesitan”.

“Este gobierno que conduce Alberto Rodríguez Saá tiene cero empatía con la necesidad de la comunidad, solamente piensa en los amigos del poder”, cerró.

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