Vacunación VIP en San Luis: funcionarios del Gobierno podrían haber incurrido en al menos seis delitos
Dos abogados explicaron las diferentes figuras en las que se habría enmarcado el accionar de los funcionarios al inmunizar a personas por fuera del orden prioritario.
Con el correr de las horas, más dudas surgen alrededor de la campaña de inoculación que está llevando adelante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Hasta el momento, se conoce que al menos tres personas fueron las que saltearon la fila: el senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá; y los dirigentes Walter Ceballos y Claudia Rocha
En el ámbito nacional, tras darse a conocer el vacunatorio VIP, además de la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García la Justicia recibió numerosas denuncias en contra del ex funcionario y quienes percibieron los componentes.
A raíz de los casos puntuales que se conocieron en San Luis, los abogados Ricardo Bazla y Rafael Berruezo, dieron detalles de los delitos en los que habrían incurrido las autoridades por no cumplir con el orden de prioridades.
Bazla planteó que inicialmente los funcionarios podrían ser investigados por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes.
La primera irregularidad consiste en un acto que resulta injusto por un desmedido uso de las facultades inherentes a la condición de autoridad que tiene, excediéndose, propasándose o aprovechándose de estas para llevar a cabo una actuación que no es propia o adecuada.
La segunda radica en la disposición de resoluciones u órdenes contrarias a lo que establecen las leyes nacionales o provinciales.
“Si uno hila fino, tenemos varios delitos”, sostuvo Berruezo en declaraciones a La Mañana de Dimensión y también mencionó el “tráfico de influencias”.
Esta última figura se trata de la acción de recibir dinero, dádiva o aceptar una promesa para “hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.
El letrado añadió la malversación de fondos públicos porque “esas vacunas se compraron con fondos públicos”, y no fueron colocadas “a quienes deberían de acuerdo al orden de prioridad”.
En este escenario de irregularidades, Bazla envió una carta documento a la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo para que comunique a la sociedad la cantidad de trabajadores de la salud que recibieron la inmunización, y los datos de aquellas personas que lo hicieron por fuera del marco estipulado.
Por su lado, el diputado Luis Lucero Guillet presentó a Sosa Araujo un pedido de acceso a la información pública para transparentar el proceso que está llevando adelante el Gobierno.
Berruezo insistió en la aparición de “más de una figura típica en la cual podría encuadrar la conducta” de Rodríguez Saá, “más allá de lo inmoral de la actitud”.
En declaraciones en el programa de la misma emisora, Bazla también tuvo en cuenta el delito de “discriminación” y no descartó la asociación ilícita “en virtud de la cantidad de personas que hayan intervenido en estas maniobras”.
“Si efectivamente esto se comprueba no hay ninguna duda que podrían ser delitos de lesa humanidad. Si estamos hablando de violación de normas constitucionales también lo hacemos sobre los tratados que hacen en referencia a la preservación de la vida humana”, continuó.
En la misma línea, el abogado afirmó que el Gobierno ha “privilegiado” la salud de un sector “dejando a un costado a quienes más lo necesitan, como es el personal de salud o docente”.
Hasta el momento, en San Luis no se conoce ninguna presentación legal por la vacunación.