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El Tribunal de Contralor de Villa Mercedes le pidió a Frontera que informe si hubo vacunados VIP

El organismo elevó un pedido de informes al municipio para que responda si el intendente y funcionarios recibieron la dosis de la Sputnik V.

Municipalidad de Villa Mercedes.
Actualizada: 25/02/2021 22:20
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Este jueves el Tribunal de Contralor de Villa Mercedes le pidió a Maximiliano Frontera que informe si hubo vacunados VIP desde que comenzó el plan de inmunización.

La solicitud está enmarcada en los múltiples dirigentes y políticos que recibieron la vacuna por fuera del orden prioritario. Adolfo Rodríguez Saá y Walter Ceballos son algunos de los nombres que se conocieron esta semana.

El pedido del Tribunal contó con el apoyo de los tres miembros: el presidente Ricardo Bazla (Avanzar) Silvia Palacios (UCR) y Hugo González (PJ).

Pero a la hora de dirigirse a la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, con el objetivo de que informe quiénes son las personas de Villa Mercedes que fueron vacunadas y bajo qué modalidad, González votó en disidencia.

Entre los argumentos pusieron como ejemplo a la Nación que, luego del escándalo del vacunatorio VIP que derivó en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, dio a conocer la nómina de personas vacunadas de manera irregular.

“San Luis todavía omite brindar esa información a la población”, aseguraron.

Bazla y Palacios, tuvieron en cuenta que si estos hechos se cometieron, “estaríamos frente a la posible comisión de delitos penales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y discriminación, sin descartar que de ello se desprenda la figura de la asociación ilícita”.

Puntualizaron que en el caso de que la intendencia haya incurrido en “hechos  irregulares”, éstos “serían de una notoria gravedad institucional, de la que debemos dar cuenta al Concejo Deliberante para que adopte las sanciones que correspondan”.

Así, manifestaron que la información que proporcionen “será cotejada con la que hemos solicitado al Gobierno provincial, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales”.

“Queremos verificar si es cierto que han actuado conforme a la ley, como suelen expresar”, indicaron.

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