Alberto Fernández anunció la creación de un tribunal para limitar el poder de la Corte Suprema

Alberto Fernández participó del clásico discurso de apertura del año legislativo en el Congreso, donde volvió a criticar a la Justicia y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que busca limitar el poder de la Corte Suprema.

“El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, expresó el Presidente frente a los legisladores.

El Tribunal Federal de Garantías solo intervendrán en cuestiones de arbitrariedad y se podrá llegar a él por vía del recurso extraordinario, tal como explicó Fernández. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, reveló.

Sin embargo no fueron las únicas críticas del mandatario a la Justicia: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, expresó Alberto Fernández.

Por otra parte, el Presidente dedicó un párrafo al fiscal Carlos Stornelli: “En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación”.