El Gobierno sigue sin informar la lista de vacunados VIP en San Luis

A prácticamente un mes desde que la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo reconociera que habían vacunado a “personal estratégico” cercano al gobernador Alberto Rodríguez Saá, la gestión provincial mantiene el silencio sobre los nombres que integran ese listado, y que se habrían saltado el orden de las prioridades.

En las últimas dos semanas hubo diferentes pedidos dirigidos al Gobierno provincial para que se transparente el proceso en el ámbito local. Hasta el momento no hay muestras de querer aclarar nada.

Antes en Buenos Aires quedó en evidencia una campaña de inmunización donde dirigentes y políticos allegados a Alberto Fernández se vieron privilegiados antes de que les tocara el turno.

“Vacunamos de acuerdo a las dosis, y los reglamentos y protocolos que ha establecido el Gobierno nacional y provincial, en las facultades que nos da”, se limitó a decir el primer mandatario provincial el último jueves durante el anuncio de aumentos salariales.

En sus palabras nada incluyó de la inoculación de su hermana Adolfo Rodríguez Saá, los dirigentes radicales Walter Ceballos y Claudia Rocha. Todas habían sido confirmadas días antes, y destaparon los beneficios que tuvieron los dirigentes.

“Estas horas, por el éxito de la vacuna y la transparencia que lo estamos haciendo, se han sumado 11 mil personas para recibirlas”, aseguró el gobernador.

Pese a esto, se ignora por ahora los diferentes requerimientos para conocer la nómina completa de inmunizados que hay hasta la fecha en toda la provincia. Entre los trámites presentados, hay una carta documento, un pedido de acceso a la información pública, y solicitudes a las intendencias de Sergio Tamayo y Maximiliano Frontera.

El 23 de febrero, el abogado Ricardo Bazla intimó a Sosa Araujo para que haga público el listado de personas que el ministerio vacunó, y los nombres de quienes la recibieron sin seguir “los pasos administrativos previstos” por el Gobierno.

La carta documento fue enviada bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en contra de la funcionaria y de “quienes también resulten penalmente responsables”.

Una semana después, el letrado contó a El Chorrillero que no hubo contestación alguna, y que como consecuencia se hará una denuncia por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y discriminación.

En simultáneo, el Tribunal de Contralor de Villa Mercedes, que preside Bazla, le pidió al intendente Maximiliano Frontera que informe si hubo vacunados VIP. La solicitud tuvo el apoyo de Silvia Palacios (UCR) y Hugo González (PJ).

Como fundamento, tuvieron en cuenta que luego del escándalo del vacunatorio VIP, que derivó en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, el Gobierno nacional dio a publicidad quienes la percibieron de manera irregular.

Además, Bazla y Palacios tuvieron en cuenta que si estos hechos se cometieron, estarían “frente a la posible comisión de delitos penales como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y discriminación, sin descartar que de ello se desprenda la figura de la asociación ilícita”.

Frontera también ignora los cuestionamientos.

Por su lado, el diputado provincial Luis Lucero Guillet presentó un pedido de acceso a la información pública ante el ministerio de Salud para que difunda de manera “detallada” sobre “todas aquellas personas” que recibieron uno o dos componentes “por fuera del esquema estricto de prioridades establecidos en los protocolos de vacunación, rango etario y grupo de riesgo al que pertenecen, función pública que cumplen, y razones que justifiquen en cualquier caso, la excepcionalidad en el trato”.

Esto tuvo origen en “las fundadas sospechas existentes de que en la provincia de San Luis también se habrían producido vacunaciones privilegiando funcionarios y sus familiares, dirigentes de todo el arco político provincial y a otras personas cercanas al poder”.

“El silencio por parte de las autoridades provinciales sobre esta cuestión, permite la proliferación de hipótesis que con mayor o menor fundamento generan en la sociedad sanluiseña un sentimiento de injusticia, aprovechamiento y abuso de poder”, argumentó el legislador de San Luis Unido, que a este martes seguía sin contestación.

El primero en requerir la nómina de los trabajadores de la salud y del “personal estratégico” relacionado al gobernador que fueron inmunizados, fue el diputado Gastón Hissa.

Pese a ello, esto no avanzó debido a que el periodo legislativo comenzará el próximo 1º de abril.

Más tarde, desde el bloque San Luis Unido solicitaron al presidente de la Cámara Baja, Juan Carlos Eduardo que convoque a la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur para que brinde datos sobre la vacunación VIP.

En el ámbito de la ciudad de San Luis, los concejales Celeste Aparicio (San Luis Unido) y Germán Ponce (San Luis 20-30) presentaron pedidos de informes a la intendencia de Sergio Tamayo.

La legisladora radical pretende saber qué funcionarios y empleados comunales fueron inoculados. El segundo preguntó: “¿Fueron aplicadas dosis de vacunas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, provincial y/o municipal, a funcionarios del Poder Ejecutivo municipal, Honorable Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Juzgado de Faltas de la ciudad de San Luis?”.

Ambos recién tomarán estado legislativo el próximo jueves en la primera sesión ordinaria de este 2021.