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El Tribunal Contralor denunció al intendente Frontera por no cobrar publicidad a Rodríguez Saá

El organismo advirtió las irregularidades y las comunicó esta semana al Concejo Deliberante. Después que se hiciera un pedido de informe a la Municipalidad, se descubrió que no hay un registro de fabricantes y que tampoco se autorizó (como lo estipulan las normas) la colocación de carteles que le agradecían a Alberto Rodríguez Saá su gestión por la pandemia.

Alberto Rodríguez Saá y Maximiliano Frontera.
Actualizada: 03/03/2021 23:09
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Este martes, el Tribunal Contralor de Villa Mercedes envió una nota a la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Rodríguez para “dar cuenta” que la gestión de Maximiliano Frontera pasó por alto las normativas vigentes, y recomendó que el caso tenga el tratamiento de los concejales.

En la presentación se fundamentó “la reprochable conducta” del secretario de Gobierno, Diego Ochoa, y el “aval” que dio el intendente Maximiliano Frontera. Hace referencia que la información fue remitida fuera del tiempo establecido: “Ochoa, sin razón administrativa que lo justifique, innecesariamente incurrió en una evidente mora administrativa, respondiendo defectuosamente recién en fecha 22/01/2021”.

Pero además de la mora consideró que la respuesta fue “imperfecta, defectuosa y desprovista de toda seriedad administrativa”.

El 30 de julio del año pasado, Bazla le solicitó a la Municipalidad información relacionada a la aparición repentina de pasacalles que estuvieron dedicados al gobernador: ese fue el punto de partida con el que terminaron por descubrir irregularidades y falta de control de las autoridades municipales.

“Gracias Alberto por cuidar San Luis. Agrupación del Sur”, destacaban los carteles que se colocaron en diferentes puntos de la ciudad.

En ese momento el Tribunal Contralor pidió que se remita la nómina de fabricantes de pasacalles inscriptos en el Registro respectivo (creado por la Ordenanza 1221-O-2000 y ratificado por la Ordenanza 1458-O-2004), “dando cuenta si cumplen los requisitos indicados en el Art. 2°, Anexo I, Punto 1° de la Ordenanza 1221-O-2000 y en los Artículos 3° y 4° de la Ordenanza 1458-O-2004”.

Integrantes del Tribunal Contralor de Villa Mercedes.

También las copias o nota ingresadas por Mesa de Entradas para solicitar autorización para la colocación de pasacalles que le agradecen a Alberto Rodríguez Saá su gestión por la pandemia del coronavirus; el Seguro de Responsabilidad Civil del responsable del montaje y la autorización de los frentistas; número de expediente y permiso con la fecha de vencimiento”.

Además se requirió copia del permiso otorgado por la Secretaría de Gobierno “al responsable de la confección y montaje de los pasacalles”. Y por último el número de expediente “a los fines de identificar al particular responsable y al o los funcionarios del visible incumplimiento legal”.

El presidente del Tribunal, Ricardo Bazla detalló cuáles fueron las respuestas de Ochoa que permitieron determinar las anomalías con las que trabaja el municipio. Resumió que el área de Control Urbano, no cuenta con el Registro de Nómina de fabricantes de Pasacalles, y que no hay registro de ingreso de nota alguna, “solicitando la colocación de pasacalles como prescriben las ordenanzas”.

Expuso que el secretario de Gobierno, no respondió “adecuadamente” y no envió copia del permiso otorgado al responsable de los pasacalles. “Tampoco hace nada para corregir la situación y hacer cumplir la legislación vigente. Desconoce la existencia del canon aludido y que expresamente figura en la Ordenanza Impositiva Anual”.

Por último sostiene que Frontera remitió el informe al Tribunal, “sin objetar las inconsistencias que posee”.

“De modo que, también convalida el incumplimiento de la legislación vigente y responde inconsistentemente a este Tribunal”, apunta Bazla al final.

Ochoa respondió su área “no cuenta con un registro de nómina de fabricantes de pasacalles, si bien existe ordenamiento jurídico que lo determina, lo concreto es que, la Ordenanza Impositiva Anual no contempla el rubro”. Y resalta que “en la práctica nunca se llevó a cabo”, y que “en esta nueva gestión se está evaluando (sic) otra manera de efectivizar los permisos a tal efecto”.

Bazla consideró que “jamás un funcionario público debería hacer referencia a que la Ordenanza Impositiva Anual no prevé el canon (en este caso para la colocación de Pasacalles), cuando ha sido el propio Ejecutivo el que ha enviado oportunamente al HCD el proyecto de ordenanza anual, y es precisamente allí dónde el canon existe”.

Añadió que la “tan increíble e irrespetuosa respuesta” de Ochoa “no solo se reconoce el incumplimiento de la normativa vigente bajo una pretendida e insólita referencia a una omisión en la Ordenanza Impositiva Anual”, sino que también deja a la luz que la colocación de pasacalles “ha quedado sujeta al libre albedrío de cuanta persona decida hacerlo”.

“Si lo analizáramos desde el punto de vista penal, podríamos decir que estamos frente a la posible comisión del delito de peculado, que consiste en utilizar fondos o bienes públicos para beneficiarse así mismo o a terceros”, dijo Bazla quien no analiza la posibilidad de iniciar una causa judicial.

Bazla (Avanzar) y Silvia Palacios (UCR), con el voto en disidencia de Hugo González (PJ) remitieron un informe sobre las anomalías al Concejo Deliberante, al que le piden tome intervención frente a las irregularidades detectadas.

Además, habría otros funcionarios involucrados como el jefe de Control Urbano y el jefe de Mesa de Entradas municipal de Villa Mercedes.

“Lamentablemente no es la primera vez que los albertistas pretenden desconocer la función del Tribunal de Contralor, pero no lograrán su objetivo, porque existe la responsabilidad personal de los funcionarios y si no regularizan la situación, haremos lo necesario para sean ellos, quienes paguen las cifras que la Municipalidad dejó de percibir, además de denunciarlos penalmente”, sostuvo el presidente del Tribunal.

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