Protección de Rodríguez Saá a Tamayo: no fue pagado el sellado por el convenio entre la Municipalidad y Edesal
La Dirección de Rentas comunicó ahora a la Justicia que no se constató la cancelación. Antes el concejal Guillermo Araujo había solicitado cuatro veces la información.
El concejal por Avanzar San Luis pidió en cuatro oportunidades a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos que informara si se había pagado o no el Impuesto de Sellos por el cuestionado contrato que la Municipalidad de San Luis firmó con Edesal.
El 15 de diciembre y el 5 de enero el legislador poggista formalizó los pedidos de acceso a la información pública en el marco de la Ley Nº V-924-2015, que exige a los funcionarios dar respuesta dentro de los 10 días de realizado el requerimiento.
Como no hubo contestación, el paso siguiente fue enviar una carta documento el 2 de febrero. Y el 19 de febrero le remitió una segunda intimación.
Frente a los requerimientos, la directora del organismo Cecilia Badaloni se excusó “amparándose ilegítimamente en el secreto fiscal”, según Araujo.
Agotadas ambas vías, el legislador recurrió a la justicia penal que le ordenó que informara al respecto.
Fue en ese ámbito que el organismo provincial reconoció que el impuesto no se había pagado.
La funcionaria al justificar la decisión de no facilitar el acceso a la información había manifestado: “Esta Dirección solo podrá expedirse ante la presentación de los originales del instrumento en cuestión, ya que no corresponde expedirse sobre fotocopias”.
Al contestar el oficio Nº 15694057/21, el funcionario de la DPIP Juan Ontiveros proporcionó la información al juez Penal Nº 2 Ariel Parrillis. El organismo comunicó: “según surge de nuestro sistema tributario, no se constata el pago del impuesto de sellos del instrumento de referencia”.
Araujo se mostró sorprendido por la actitud de Badaloni de "no de darle respuesta por no poder analizar las fotocopias, situación que deja al descubierto su conducta obstruccionista porque en definitiva la repartición pudo responderle al juez”.
“Quizás sea Rodríguez Saá que instruye a sus funcionarios para proteger a Tamayo, quien comenzó con la ejecución del convenio a pesar de estar impago el impuesto”, manifestó el legislador.
El instituto del secreto fiscal está regulado en el artículo 55 del Código Tributario pero se refiere al resguardo de las declaraciones juradas y demás escritos y documentos que presenten los contribuyentes. Es por ello que el concejal reprochó el accionar Badaloni porque el hecho de informar si un impuesto se pagó o no escapa a dicha tutela.
Además solo los documentos que contengan información de operaciones económicas pueden ser resguardados del público.
“El convenio suscripto con Edesal es un documento público, conocido por todos y cuyos valores económicos se han dado a conocer razón por lo cual deviene estéril el amparo legal por la simple razón de que no hay dato o contenido económico o negocio secreto alguno que sea necesario proteger”, aclaró Araujo y señaló: “En caso de duda, debe estarse por el acceso a la información pública dada que las excepciones deben interpretarse restrictivamente”.
El concejal dijo que “la respuesta indecorosa y antijurídica de la Directora de Rentas pretendía otorgarle protección e inmunidad al intendente ya que no existe razón de conservar el secreto fiscal cuando se trata de actuaciones de funcionarios –en este caso de Tamayo– que tienen la obligación de dar cuenta de sus actos, principios básicos en que se cimienta nuestro sistema republicano”.
A pesar de la negativa, finalmente, mediante una orden judicial los funcionarios del Gobierno provincial tuvieron que responder y confirmaron que no se constató el pago del impuesto de sellos del convenio entre Tamayo y Edesal.
A través de ese acuerdo la comuna cedió la gestión de cobro de las tasas a la empresa y le reconoció una deuda de $25 millones a la compañía.
Araujo promovió el juicio político del intendente. El proceso fue desactivado rápidamente por el albertismo con la colaboración del actual presidente del Concejo Deliberante, el radical Javier Suárez Ortiz. El legislador poggista fue más allá y denunció penalmente a Tamayo. La causa está en jurisdicción de Parrillis.