Concejales del albertismo convalidaron el convenio entre Tamayo y Edesal
Los legisladores de Unidad Justicialista junto a Javier Suárez Ortiz, Otoniel Pérez Miranda y Carlos Ponce evitaron que el acuerdo sea analizado en comisión o devuelto a la Municipalidad.
El cuestionado convenio que firmó el intendente Sergio Tamayo con Edesal dejó un nuevo capítulo durante el jueves pasado. Esta vez fue en el Concejo Deliberante donde los ediles que responden a Alberto Rodríguez Saá respaldaron la negociación del jefe comunal, que en paralelo tiene una denuncia en la Justicia provincial.
El extenso debate comenzó porque en la orden del día estaba estipulado que un decreto con el acuerdo pasara a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Sin embargo, los legisladores oficialistas dijeron que se trataba de un error y en realidad solo era una comunicación del Ejecutivo municipal.
“El expediente corresponde a que sea puesto a conocimiento de los concejales y no a consideración”, sostuvo Gastón Témoli del Frente Justicialista de Todos-
En este contexto, su par de San Luis Unido, Guillermo Araujo solicitó que el decreto no avance debido a que no cumplió con pasos previos como el pago de tasas retributivas.
Esto surgió a raíz de cuatro pedidos que hizo ante la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) para conocer si tras la firma se había abonado el impuesto de Sellos. Pese a las negativas, el organismo dependiente del Gobierno reconoció que el ítem no había sido compensado.
Por mayoría, no hubo tratamiento del decreto con la firma del convenio.
“Esto significa que, tomando conocimiento de esta situación, que no se ha cumplido con las retribuciones tributarias, no podemos dar curso al expediente y ni siquiera podemos tenerlo como comunicado por lo cual a mi criterio debe ser devuelto al Ejecutivo municipal”, planteó Araujo.
Ante las numerosas irregularidades que tuvo la firma del convenio, por el cual Tamayo le reconoció una deuda de $25 millones a Edesal y le cedió el cobro de las tasas municipales, el legislador denunció penalmente al intendente. La causa se encuentra en el juzgado de Instrucción Penal Nº2.
“No comparto las expresiones del concejal preopinante (Araujo), aquí lo que estamos poniendo en discusión claramente es un pase o un giro y no el fondo en la cuestión que seguramente requeriría mucho más análisis”, continuó Témoli durante la primera sesión del 2021.
Seguidamente defendió el accionar de Tamayo, que con el pacto también desestimó $64 millones que la empresa debía abonar a la comuna: “Creemos que todas las obligaciones del municipio están cumplidas, tenemos la absoluta seguridad que el convenio que firmó el intendente Tamayo es absolutamente válido ajustado a derecho y no viola ninguna norma jurídica”.
El presidente del Concejo y ex integrante del bloque San Luis Unido volvió a accionar en concordancia con el albertismo y coincidió Témoli.
“Aclaro que no han enviado ningún proyecto tampoco un asunto, solamente ha tenido la decisión de comunicar”, expresó.
Por su lado, Germán Ponce (San Luis 20/30) transmitió su interés en que informen “qué fue lo que realmente envió el Ejecutivo, si envió el convenio o el decreto para que nosotros lo validemos o no porque ahora parece que se está diciendo lo contrario”.
Finalmente, el decreto sólo fue puesto a conocimiento de los ediles por mayoría. De forma afirmativa votaron Témoli, Agustina Gatto, Julieta Ponce, Daniel Serrano y Lautaro Ojeda de Justicialista de Todos; Carlos Ponce (Unipersonal); y Suárez Ortiz y Otoniel Pérez Miranda (Juntos por San Luis).
Araujo, Celeste Aparicio, Ailén Chaine de San Luis Unido junto a Germán Ponce, María José Domínguez y Daniel Ferreyra de San Luis 20/30 se opusieron.
El juicio político que frenó el albertismo
Durante el debate también hubo alusiones respecto al pedido de juicio político contra Tamayo que hizo a fines del 2020 Araujo y que fue frenado por los ediles oficialistas y los aliados.
“Fue cerrado en un tiempo récord de seis días porque no había ningún sustento que de alguna manera fundara las acusaciones que se vertían en el planteo”, sostuvo Témoli.
Araujo adhirió a que “fue una resolución exprés”, pero subrayó que la determinación no fue realizada “acorde a las normas que establece un juicio político, no tuvo los votos necesarios y tampoco se resolvió con un sustento de jurisprudencia que avale la forma sino más bien todo lo contrario no tuvieron los votos válidos para archivarlo”.
En este punto también intervino Gatto: “No hubo un tratamiento exprés esto sucede cuando tenemos una denuncia que no tiene fundamento, donde se ofrecen dos pruebas que fueron diligenciadas al Poder Ejecutivo municipal por lo tanto no es necesario mayor debate, no corresponde estar un mes estudiando una denuncia que no tiene sustento jurídico y de hecho”.
“Lamentablemente no coincido con lo que ha manifestado la concejal porque los hechos no fueron así. Hay dos actas distintas porque cada parte tuvo que llamar a escribanos para certificar lo que estaba ocurriendo por lo que me lleva a coincidir con el concejal Araujo. Desde nuestro espacio no vamos acompañar porque no queremos ser cómplices de un convenio ilegal”, apuntó German Ponce.