Human Rights Watch repudió la represión en Formosa y cuestionó al Gobierno nacional
El director ejecutivo para la región de América del organismo, José Miguel Vivanco, cuestionó la postura “politizada” del Gobierno.
La organización internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, Human Right Watch, que tiene sede en Estados Unidos, también repudió la represión que se registró este viernes en Formosa y apuntó contra el Gobierno por su “aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación”.
Lo hizo a través de su director ejecutivo para la región de América, José Miguel Vivanco, quien mediante un mensaje en las redes sociales criticó el accionar policial tras los disturbios que se generaron por la decisión del gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, de volver a Fase 1 en la capital local.
“Me preocupan las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza en Formosa. También preocupa el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. Su aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación refuerza la urgencia de nombrar un Defensor del Pueblo independiente”, escribió Vivanco.
El texto al que hace referencia el representante de Human Rights Watch está firmado por Horacio Pietragalla, quien responsabilizó por los hechos a “los medios hegemónicos, los manifestantes y la oposición” y advertió sobre la existencia de una presunta “campaña de desprestigio” contra el gobernador Insfrán.
“La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos, y la violencia desmedida de algunos manifestantes —que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno provincial—, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta”, arrancó el polémico comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.
Además, advirtió que “las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia, en el contexto de protestas en un marco de pleno respeto de los derechos humanos”.
“Después de los hechos, la Secretaría de Derechos Humanos se mantuvo en comunicación con las autoridades provinciales y con organismos de derechos humanos locales para monitorear la situación de los heridos y los detenidos. El gobierno de Formosa se comprometió a iniciar investigaciones acerca del uso desmedido de la fuerza por efectivos de la policía provincial”, consigna el parte de prensa.
El cargo de Defensor del Pueblo permanece vacante desde el 2009.
Por otra parte, Vivanco también hizo mención a la falta de un Defensor del Pueblo, cargo que continúa vigente desde el año 2009, a pesar de que la Constitución Nacional lo describe como una figura clave en la vida institucional argentina.
Este funcionario debe ser el encargado de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados ante hechos, actos u omisiones de la administración pública y, también, el control del ejercicio de las funciones del Estado.
La última persona en ocupar este puesto fue Eduardo Mondino, quien renunció para postularse como candidato a senador nacional en las elecciones legislativas y fue reemplazado de manera provisoria por quienes lo secundaban. Anselmo Sella y Carlos Haquim, que a su vez dejaron sus respectivos puestos en 2013 y 2015. Y durante los cuatro años subsiguientes, la Defensoría estuvo en manos del subsecretario de la entidad, Juan José Böckel.
Desde la oficina del Defensor del Pueblo aseguraron que esto no tiene una relevancia mayor. Pero otros expertos consultados por Infobae, entre los que se encuentra el último titular de la institución, rechazaron la postura, argumentando que implica una limitación muy amplia de sus facultades.
Además, recordaron que, a lo largo de los años, la Corte Suprema recortó las facultades del Defensor del Pueblo -al punto de circunscribir su accionar a casos de incidencia colectiva- y que aún en los casos donde se lograron fallos favorables no se ha conseguido que el Estado cumpliera con las órdenes que resultaron de la decisión.