Los asentamientos y barrios populares de San Luis: una realidad que no se reconoce

Por Julián Pampillón

“En San Luis no tengo villa miseria”. El autor de esa frase es el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Una y otra vez lo repitió en múltiples medios nacionales en el marco de un relato que hoy ya no tiene sustento.

Hace un par de semanas admitió, por primera vez, la presencia de villas en el marco de la firma de un convenio entre los Gobiernos provincial y nacional, con el fin de urbanizar barrios populares.

En 2017 la Nación creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en el que muestra cuáles son los vecindarios más vulnerables de cada provincia. (https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/mapa)

Según se detalla, en total hay 23 repartidos en la provincia: 12 en la ciudad de San Luis, cuatro en Juana Koslay y siete en Villa Mercedes.

Ahora, lo primero que se debe hacer es conocer qué características tienen este tipo de barrios. Según muestra el Registro a través de la página web oficial, son tres:

-Están integrados por ocho o más familias que viven de manera agrupada o contigua.

-Más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo.

-Más de la mitad de la población no tiene acceso regular a dos o más servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal.

Entre los vecindarios de la capital que presentan estos rasgos son el República, 9 de Julio, 1º de Mayo, Santa Rita Anexo, Aerroferro, Predio Ferrocarril, La Vecindad, La Merced, Estrella del Sur, Quinto Centenario, Los Vagones y un sector sin nombre ubicado en calle Europa y Bolívar.

En el caso de Juana Koslay se encuentran Las Vegas, Costa del Río y El Bajo, junto a otro sin identificar ubicado a un costado de avenida del Parque.

En Villa Mercedes están los barrios Ciudad Jardín 1 y 2, El Cruce, Eva Perón 2 Anexo, Güemes, San José y en la zona sur de la calle Dominga Andrada y Ramona Barroso.

En octubre del 2018 el Congreso sancionó por unanimidad de ambas cámaras la ley de “Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”, impulsada por el Gobierno nacional.

Entre otras cosas, la norma declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el Renabap y suspendió los desalojos en los barrios por cuatro años.

En el 2021 la secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación aprobó proyectos por $17 mil millones para urbanizar 162 barrios populares a lo largo del país y crear 13 mil lotes con servicios para las familias que más lo necesitan.

Según el proyecto se beneficiarán a 87.100 familias y generarán más de 28.000 puestos de trabajo, según comunicó la cartera.

En el ámbito local, el 23 de febrero el gobernador firmó un convenio de cooperación con el ministerio de Desarrollo Social, de la Nación para la urbanización de los vecindarios.

Desde Agencia de Noticias San Luis, señalaron que el plan incluye obras como “apertura de calles, arbolado, la instalación de servicios como gas, luz, cloacas y el desarrollo de centros de integración cultural ciudadana”.

Y que el 25% de la mano de obra “tiene que ser de integrantes de cooperativas de trabajo que residan en estas zonas, o beneficiarios de planes sociales tanto nacionales como provinciales”.

Un equipo de El Chorrillero hizo un recorrido por siete barrios de la ciudad capital: República, 1 de Mayo, 9 de Julio, Predio Ferrocarril, Santa Rita Anexo, Aeroferro y La Vecindad.

La primera parada fue el República. Se trata del asentamiento más grande de la provincia, pero no hay datos oficiales sobre la cantidad de residentes. La falta de servicios básicos como el agua, cloacas, electricidad y gas natural es el escenario con el que convive la gente.

Santiago (73) vive en el lugar hace más de tres años y comparte una casilla de dos habitaciones junto a ocho familiares.

“No tenemos servicios, nosotros tuvimos que hacer todo, comprar las mangueras para el agua que a veces ni tenemos. Hicimos un pozo ciego y montamos un tendido eléctrico casero”, relató.

La encargada del comedor y merendero “Corazones Solidarios”, Natalia Ahumada contó que de 40 niños que asistían hace tres años hoy acuden 200.

De igual manera que Santiago, detalló las limitaciones y que cada vez más gente llega al barrio: “Hay miles y es impresionante cómo todos los días llega gente nueva”.

El recorrido continuó por el barrio más al oeste de la capital: el 9 de Julio. Allí, Yamila, una joven madre de tres chicos, detalló que no tienen baño, ni gas natural y que la mayor parte de los vecinos “no tiene título de propiedad”.

“Vivimos en una pieza 4×4, tengo todo incluido ahí. Cocino en el fuego, en el tacho que tenemos afuera. A mí me censaron hace un par de años solamente. Al igual que yo, acá nadie tiene nada, ninguno tiene un título”, señaló.

Párrafo aparte son los indicadores de la pobreza. En el último informe registrado en los primeros seis meses del 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que un 39,2% de los puntanos son pobres.

Respecto a la indigencia las cifras arrojaron un 4,4% (3371) y 6,3% (14.893) respectivamente. De esto, se advierte que cuatro de cada 10 habitantes al finalizar julio se encontraban bajo la línea de la pobreza.

Las visitas siguieron por el 1º de Mayo, el Predio Ferrocarril, el Santa Rita Anexo y el Aeroferro. Si bien las condiciones habitacionales mejoran en comparación a los anteriores barrios, la vulnerabilidad es visible.

La última parada fue el segundo vecindario que más problemas mantiene. En la Vecindad habitan cerca de 80 familias y solo el 30% de ellas tiene acceso a los servicios básicos, más allá de que en el último tiempo hubo avances con algunas obras.

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