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Los comprobantes de PCR más insólitos que presentaron viajeros y ahora investiga la Justicia

Se trata de facturas de telefonía celular, menú de bebidas y hasta guía de espacios públicos de la Ciudad. La denuncia cayó en manos del juez federal Sebastián Casanello. El Código Penal que prevé “prisión de seis meses a dos años.

Migraciones realizó la denuncia.
Actualizada: 21/03/2021 20:09
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La Dirección Nacional de Migraciones denunció que algunos turistas argentinos que regresaron a nuestro país luego de viajar al exterior, presentaron como comprobantes de PCR por Covid, desde facturas de compañías de telefonía celular, menús de bebidas y hasta guía de espacio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre otras cosas.

La denuncia fue hecha por la apoderada de Migraciones ante el juez federal Sebastián Casanello y la fiscalía federal 1 que subroga Ramiro González, y ratificada este viernes con al menos una decena de esos casos insólitos.

Según la presentación, Migraciones pidió se investigue esos casos, serán al menos unos diez, que se detectaron producto del análisis de los flujos migratorios.

En virtud de ese trabajo, es que se detectó distintos supuestos de personas que regresaron a nuestro país que presentaron las declaraciones juradas respectivas producto de los distintos estudios de PCR exigidos frente a la pandemia del coronavirus.

A la hora de ser presentadas, Migraciones comprobó que entre los casos, algunos presentaron estudios de PCR con otras identidades, certificados de otro tipo de testeo, facturas de compañía de telefonía celular, un menú de bebidas y hasta una guía del espacio público del Gobierno de la Ciudad.

En todos los casos, tal cual detalló Migraciones, las personas que presentaron esos certificados cruzaron la frontera, o sea viajaron.

Ahora, será la fiscalía federal 1 la que tenga a cargo la investigación y determinar si impulsa la misma, donde Migraciones acusaron que entre los varios delitos cometidos está la infracción del artículo 205 del Código Penal que prevé “prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.(Noticias Argentinas).

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