La Nación se despega del Gobierno provincial y pidió ser querellante en la causa
La secretaría de Derechos Humanos del Gobierno nacional hizo la presentación ante el juez Jorge Pinto por el emblemático caso que el Gobierno de Rodríguez Saá y la Justicia quedaron expuestos por la forma que actuaron.
Ayer el organismo dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación pidió intervención en la investigación por la muerte de Florencia Magalí Morales. El lunes 5 de abril se cumplirá un año desde que la mujer de 39 años fue hallada sin vida en una celda de la comisaría de Santa Rosa del Conlara.
A través de un escrito, la secretaría de Derechos Humanos del Gobierno nacional solicitó al juez de Instrucción, Jorge Pinto ser admitida como querellante en la causa donde se plantea violencia institucional.
“Es necesario que se conozca qué fue lo que pasó y quiénes son responsables”, fijó posición el director de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski. Con ese tuit devolvió a la agenda pública una muerte que tuvo una fuerte repercusión y trascendió los límites de San Luis para convertirse en unos de los casos más graves de la Argentina durante la cuarentena.
Desde un principio hubo cuestionamientos al accionar tanto del Gobierno de Rodríguez Saá como de la Justicia.
El pronunciamiento de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación se produjo pocos días después de que el defensor de Pobres y Ausentes, José Francisco Pérez pidiera archivar la causa por “la inexistencia de pruebas y motivos que profundicen la investigación”. Y debido al tiempo que transcurrió sin avances concretos.
“Al día de hoy, no hay policías imputados, y según la familia y los organismos de Derechos Humanos, la causa muestra falencias en la recolección de pruebas”, señala en un párrafo el comunicado emitido también ayer por el organismo conducido por Horacio Pietragalla bajo el título “Femicidio de Florencia Magalí Morales: la Secretaría solicitó ser querellante”.
De acuerdo al informe de la Policía, Morales fue encontrada sin vida en una celda y se sostuvo que se suicidó. La familia descartó la hipótesis.
Fue detenida un domingo por la mañana por “violar la cuarentena y resistirse a la autoridad” cuando se dirigía en bicicleta a comprar comida para sus pequeños hijos.
Desde el organismo mencionaron en el texto publicado en el sitio Argentina.gob.ar que han acompañado a la familia desde el deceso y también seguido la causa judicial.
“En estos últimos días, la familia de Morales ha solicitado que sean citados a indagatoria todos los policías que estaban ese día en la Comisaría, mientras que la defensa pública ha pedido el archivo de las actuaciones por una supuesta ‘falta de pruebas’”, puntualizó el organismo nacional al dar a conocer su decisión de involucrarse en la causa.
El organismo tuvo en cuenta que “por tratarse de un caso de posible violencia institucional que podría derivar en una causa internacional contra el Estado argentino”, la secretaría quiere ser parte del expediente a fin de “promover el debido proceso y la búsqueda de verdad y justicia”.
“Con la familia creemos que la intervención de la secretaría dará mayor celeridad. El apoyo de Nación en esta causa es significativo. Ahora hay que ver la decisión del juez, eso también marca una tendencia”, sostuvo al respecto Santiago Calderón Salomón, quien junto a Federico Putelli representan a la familia de Morales.