Las demandas en educación, salud y seguridad no se atienden
Problemas edilicios en las escuelas, falta de cobertura de cargos docentes, precarización laboral en el sistema sanitario, demoras en los resultados de concursos y robos en diferentes puntos de la ciudad, son algunas de las preocupaciones instaladas.
La salud en medio de la pandemia, la vuelta a las aulas tras un año de virtualidad y la inseguridad en el marco de la crisis económica, están entre las principales inquietudes de la sociedad, desde que comenzó el 2021. Profesionales, gremios y vecinos han apelado al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Durante el 2020, la educación fue uno de los aspectos que más preocupación generó por las falencias de acceder a los contenidos. Con el retorno a la presencialidad surgieron nuevos inconvenientes que ya habían sido expuestos con anterioridad.
En marzo del año pasado y a un mes del inicio de la pandemia, ASDE fue el primero en exponer problemas de conectividad y carencia de computadoras.
Desde el sindicato, resaltaron la implementación de la plataforma ClassRoom aunque evidenciaron “serias dificultades a la hora de transmitir los contenidos” a los estudiantes. Consideraron que hubo “muy poco conocimiento de la realidad socioeconómica que atraviesan docentes, alumnos y familias”.
Las dificultades para conectarse a la red y el faltante de equipamientos se replicaron en los diferentes niveles, pero no se encontró una solución concreta para afrontar el ciclo lectivo.
En septiembre, UTEP envió una nota al Gobierno para pedir un protocolo antes del comienzo de las clases presenciales en San Luis.
En esa oportunidad, enumeraron la necesidad de contar con cargos jerárquicos; nombramientos de los docentes en lugares vacantes; designación del personal de maestranza; mejoramiento en las condiciones edilicias y elementos de higiene y seguridad.
Algunas de las situaciones que vivieron durante el año pasado fue la falta de pago a talleristas de escuelas generativas. En noviembre denunciaron que llevaban tres meses sin percibir sus haberes: habían sido empleados bajo la modalidad de monotributo.
Los gremios docentes trasladaron las necesidades del sector.
A esto se sumaron manifestaciones de docentes sin empleo, que se recibieron en diferentes especialidades durante los últimos años y no encontraron trabajo en San Luis.
Cuestionaron que por la pandemia hubo menor cantidad de llamados a concursos.
En febrero de este 2021, padres autoconvocados pidieron información al ministerio de Educación sobre el retorno a las clases presenciales.
Enmarcaron la importancia de contar con certezas sobre los protocolos que se emplearían a fin de tener tranquilidad para llevar a los chicos a los establecimientos.
En el desarrollo del ciclo lectivo, los gremios volvieron a exponer “la falta de materiales de protección para Covid-19” y “problemas edilicios” en las escuelas estatales. Lo hicieron en una reunión con el ministro de Educación provincial, Andrés Dermechkoff.
A un mes del regreso a las aulas, UTEP reiteró la falta de cobertura de cargos docentes. Tras un relevamiento por 60 o 70 colegios detectaron que en todos faltaba algún maestro.
A esto agregaron el malestar por la designación de funcionarios en el cargo de supervisores. “En la cartera necesitamos gente que entienda de educación y ese es el docente que llega a través de la carrera”, dijo al respecto la secretaria General del sindicato, Soledad Correa Amiotti.
Ahora, UTEP le envió una carta documento al ministerio solicitando la cobertura de cargos y horas cátedras de “manera tal que no haya alumnos sin maestros y educadores sin trabajo”.
También habían solicitado una audiencia directamente con Rodríguez Saá.
La inseguridad es noticia todos los días en distintos puntos de la provincia. El incremento de los hechos delictivos y de la violencia para llevarlos adelante movilizó a diversos sectores en los últimos meses.
En varias oportunidades, taxistas le reclamaron ayuda al Gobierno provincial y mayor presencia policial.
La semana pasada hicieron un paro de actividades ante los incesantes asaltos que sufren los conductores.
Meses atrás se habían reunido con autoridades del ministerio de Seguridad, quienes “se comprometieron” a realizar mayores controles en las calles y sumar tecnología a los vehículos como botones antipánico y seguimiento satelital. Pero nada de eso fue ejecutado.
La inseguridad en los barrios no se frena.
“En San Luis nos están cagando a tiros”; expresaron desde el sector, que en el comienzo de esta semana volvió a reunirse con funcionarios provinciales. Firmaron un acuerdo para implementar finalmente la tecnología en los viajes.
Los comerciantes también se convirtieron en blanco de la delincuencia. Días atrás, el presidente de la asociación que nuclea a los trabajadores independientes del rubro, Sebastián Mohr afirmó que los robos subieron en los últimos meses, y que en muchas oportunidades se llevan adelante “con violencia, golpeando a empleados y propietarios”.
Planteó la importancia de que intervenga “la Policía conjuntamente con el Municipio”, a fin de determinar las posibilidades de actuar en conjunto, para “resguardar al sector” y que puedan “seguir trabajando”.
Vecinos de Merlo, Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay y San Luis también realizaron protestas y cortes de ruta por esta situación.
En la capital puntana, algunos de los barrios que decidieron visibilizar la preocupación fueron el 400 Viviendas San Luis, Mirador del Cerro 3 y Barrancas Coloradas.
En paralelo, la salud ha sido uno de los ámbitos más críticos en los últimos años. Pero el escenario se agravó en el marco de la pandemia por Covid-19.
Por lo mismo, gremios como APTS y ATSA elevaron numerosas notas a la gestión de Rodríguez Saá.
Exactamente un año atrás habían expuesto la falta de barbijos e insumos de protección para trabajadores de la salud. Lo hicieron en una carta abierta dirigida al gobernador con el título “estamos desprotegidos”.
Luego de eso, apuntaron a que muchos integrantes del sector no pudieron percibir el bono que dio la Nación debido a “una decisión arbitraria de funcionarias”.
APTS también reclamó en varias ocasiones el nombramiento de personal debido a que estaban sobrecargados por la crisis sanitaria. A su vez, muchos contrajeron la enfermedad y otros se encontraban exentos de sus funciones por integrar grupos de riesgo.
Expusieron la realidad de varios hospitales de la provincia que no estaban brindando la atención necesaria por no contar con profesionales.
Entre las críticas y los pedidos también tuvieron en cuenta la “falta de inversión” en el área, carencia de descansos necesarios, recategorizaciones, audiencias no otorgadas y demoras en pagos a quienes fueron contratados como monotributistas.
Salud, uno de los sectores más críticos en plena pandemia.
Hicieron alusión al Hospital “Ramón Carrillo” y la necesidad de contar con más profesionales de las diferentes especialidades.
Asimismo, APTS instó a la Provincia a que deje sin efecto la sociedad del Estado “Ramón Carrillo” porque la implementación de este modelo de salud pública “no fue consultado”.
El mes pasado, el gremio enumeró falencias como la falta de personal, desatención, prepotencia, amenazas y que las vacunas sólo llegaron a los profesionales del interior.
Recientemente pidieron a Rodríguez Saá que se apegue al cumplimiento de la Ley Silvio y que no implemente la medida nacional con la cual se habilita la convocatoria a trabajadores para realizar tareas de forma presencial, a quienes hayan recibido “al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas” destinadas a generar inmunidad contra el Covid-19.