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La Justicia dispuso que los trabajadores de la ex panadería Las Camelias no usen las maquinarias

La jueza Laboral N°1 Lilian Villar hizo lugar a una medida cautelar y prohibió el uso del equipamiento por parte de los ex empleados integrantes de “Cooperativa 20 de Julio”. El abogado pidió la revocatoria.

Los trabajadores.
Actualizada: 03/05/2021 23:27
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El 20 de julio del 2020 los empleados de la panadería “Las Camelias” de la ciudad de Villa Mercedes, ubicada sobre la Avenida 25 de Mayo y Juan Llerena, decidieron tomar el local comercial ante la falta de pago de los salarios. También reclamaron por irregularidades en la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), por la falta de aportes y de obra social.

Nueve meses después de “lucha por la fuente laboral”, y luego de haber formado una cooperativa avalada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el Juzgado Laboral N°1 a cargo de Lilian Ivonne Villar ordenó la “no utilización o el secuestro de los bienes inmuebles que se encuentran en el local donde funcionaba el negocio de Fapan S.R.L”.

La medida cautelar salió este jueves, según confirmó a El Chorrillero el abogado de los 21 trabajadores de la “Cooperativa 20 de Julio”, Alberto Mariani. Hoy presentaron una revocatoria al considerar una decisión “muy injusta”.

“Hemos pedido que se reconsidere esta cuestión, desde la patronal nunca les pagaron. Los trabajadores iniciaron estas acciones para cobrar sus deudas, ellos están al resguardo de las máquinas y no quieren que vuelvan a manos de los empleadores porque saben que corren el riesgo de perderlo todo”, manifestó Mariani.

En la misma línea, indicó que se encuentran en pleno proceso para solicitar la apertura de la quiebra: “La empresa básicamente obstaculiza el asunto y no quiere llegar a ese punto, pero tampoco paga, es decir, no realizó ninguna oferta de pago o arreglos y la deuda ha llegado a niveles muy superiores de los bienes que tiene la compañía”.

Mariani insistió que los elementos que hay en el negocio tienen muy poco valor con relación a la deuda laboral, y que a esta altura es “un monto casi imposible de cobrar”.

A raíz de esto, los trabajadores se manifestaron en la puerta del local para resguardar y garantizar “el sustento diario”.

“Lo que buscamos hace nueve meses es una respuesta concreta. Que nos paguen lo adeudado y que nos permitan seguir trabajando. Lamentablemente con esta medida nos cortan los brazos”, dijo Lucas, uno de los trabajadores en el programa La Mañana de Radio Dimensión.

“El accionar de la jueza va en contra de todo lo que debería hacer, que es estar a favor de los derechos laborales y de quienes lo necesitan”, expresó.

Dijo que en todo este tiempo de conflicto han mantenido “una custodia permanente” de los bienes porque “son la única garantía de pago” que tienen.

“Cada vez que nos enteramos que la justicia viene en contra de nuestros derechos procedemos del mismo modo. Hemos decidido cerrar todo el inmueble y resistir afuera para no dejar entrar a los oficiales que pueden llegar a venir en cualquier momento y hacer efectiva la medida”, mencionó Lucas.

En cuanto, a la parte gremial, contó que desde un comienzo no hubo apoyo.

“El señor Diego Martinelli (secretario General del Sindicato de Panaderos de San Luis) nos dijo ‘si ustedes forman una cooperativa les retiro mi apoyo’”, contó. Al mismo tiempo recordó: “En su momento nos propuso traer un socio capitalista y así fue, pero resultó que era un sobrino de los dueños”.

Así surgió la Cooperativa 20 de Julio

Hace aproximadamente nueve meses, 21 personas que en ese momento eran empleados de la panadería Las Camelias decidieron realizar una huelga y tomar el local comercial ante la falta de pago de los salarios e irregularidad con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo y obra social.

Pasaron los días y las soluciones nunca llegaron por lo tanto los trabajadores comenzaron a producir y a vender vianda para seguir viviendo. Con esta iniciativa lograron conformar una cooperativa donde las ganancias se reparten en parte iguales entre todos los miembros.

Ante esto, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) les brindó la matrícula que los habilita a producir y comercializar.

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