El pedido de auxilio de gimnasios, estudios de danza y gastronómicos a los que el Gobierno no escucha

Las medidas que entraron en vigencia durante el último mes en la provincia volvieron a poner en escena la economía de diferentes sectores que se vieron perjudicados durante gran parte del 2020 y ven repetir la situación en este año.

Cierre de comercios, pérdidas de fuentes de empleo y el incremento de la pobreza fueron las consecuencias del parate que impuso la gestión de Alberto Rodríguez Saá por la pandemia.

Ante el avance de la segunda ola de Covid-19, varios sectores volvieron a exponer la gravedad de la realidad que les toca vivir ante la imposibilidad de desarrollar sus trabajos y llevar el sustento a sus hogares.

Elevaron notas, petitorios, solicitaron audiencias y hasta juntaron firmas para llegar al Gobierno provincial con el fin de que revean las medidas vigentes en todo San Luis. Pero no obtuvieron ninguna respuesta que les llevara tranquilidad.

Los bares, restaurantes y gimnasios fueron los primeros que recibieron el impacto de las disposiciones del Comité de Crisis. Desde el 9 de abril tuvieron que reducir el horario y la capacidad de atención.

El factor ocupacional dentro de las instalaciones fue limitado al 30%, mientras que quedó prohibida en toda la provincia la circulación entre la medianoche y las 6 de la mañana. Por lo mismo, la actividad comercial tenía que culminar antes.

“Las medidas no tienen sentido, los contagios no se dan en los bares y restaurantes sino en la clandestinidad donde nadie se hace cargo del cumplimiento de protocolos”, plantearon en ese momento desde la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes.

Luego de eso, algunos dieron a conocer “el cierre por lo menos hasta la primavera y otros el definitivo”. En otros casos decidieron continuar abiertos, pero redujeron el personal a un 50%.

El panorama ya era crítico cuando el 17, el Gobierno puso en vigencia más medidas que perjudicaron a los sectores, donde también fueron incluidos los estudios de danza de toda la provincia.

En esa oportunidad y hasta la actualidad impidió el tránsito de personas entre las 20 y las 6, y adelantó el cierre de todos los comercios a las 19. Las actividades deportivas, recreativas y religiosas en espacios cerrados fueron suspendidas.

Tres días más tarde, propietarios y trabajadores de gimnasios y escuelas de danzas instaron al Gobierno provincial para poder trabajar como los demás comercios. Elevaron una nota al gobernador para solicitarle una audiencia, y que se rectifiquen las decisiones adoptadas.

Además de fundamentar la importancia de la actividad física para la salud de la población, mencionaron el grave perjuicio económico que les genera el cierre.

Por lo mismo, apelaron a las autoridades para que implementen en “forma inmediata una compensación sobre los impuestos provinciales aplicados sobre la actividad privada afectada por la pandemia”, y revisen “los intereses punitorios que se aplicaron en forma ilegal sobre los servicios tales como energía eléctrica y gas natural”.

También requirieron líneas de créditos blandos destinados a los comercios que se vieron perjudicados por la pandemia.

Dos semanas más tarde, el Comité de Crisis prorrogó las disposiciones. Si bien no dijeron hasta cuando, el último decreto de Nación se extiende hasta el 21 de abril.

La respuesta del Gobierno se limitó a convocarlos a una reunión que más tarde suspendieron. Y después la reprogramaron mediante Zoom para evitar el contacto, pero hasta hoy no se concretó.

Ante la inacción de la gestión de Rodríguez Saá, en el inicio de este mes, gastronómicos volvieron a pedir que amplíen el horario de cierre. Lo hicieron bajo el fundamento que las restricciones los expone a una situación económica “mucho más grave que la del año pasado”.

La solicitud tuvo el respaldo de 36 comercios de San Luis. Pero hasta el final de esta semana, no tuvieron contestación.

En el ámbito de las escuelas de danzas lanzaron una campaña por las redes sociales para pedir reanudar las actividades.

Argumentaron que los salones “no son focos de contagios” y con protocolos evitan la propagación del virus, como así también que “gran parte de la sociedad los necesita”.

También hubo presentaciones del bloque de concejales capitalinos de San Luis Unido para que habiliten el funcionamiento.

A todo lo anterior, esta semana se sumó el Colegio de Profesionales de Educación Física, quienes instaron al Gobierno provincial para que les permita trabajar al igual que los comercios.

“Nuestro colegio solicita a las autoridades competentes tener en cuenta que la actividad física además de ser declarada como esencial, es una efectiva forma de preparar al organismo de las personas para enfrentar el Covid-19, es por ellos que consideramos que no deberían estar cerrados los gimnasios y centros donde se brinda, manteniendo los mismos protocolos que los comercios de similares características”, indicaron en un comunicado.

A casi un mes desde que la Provincia volviera a imponer restricciones y quedaran en riesgo cientos de fuentes de empleo en todo el territorio, el auxilio de Rodríguez Saá no llega y los funcionarios se mantienen en silencio.

La actividad religiosa

A raíz de la suspensión de las celebraciones santas, hubo también pedidos para poder reactivarlas, cumplimentando los protocolos sanitarios que están vigentes.

El Obispado de San Luis fue el primero en hacer la solicitud. Luego se sumó el Consejo de Pastores. Ambas instituciones se reunieron con el Comité de Crisis, pero les pidieron que aguardaran un descenso en los casos.

Sin embargo, no hubo avances para volver a permitir la actividad religiosa y por eso fieles católicos autoconvocados llamaron a una caravana.

Se concretará este sábado desde la Plaza Independencia hasta Terrazas del Portezuelo. Lo harán bajo el lema “la misa es esencial”.