Dos meses sin Alejandro Ochoa

Hace dos meses que a Alejandro Ochoa lo secuestraron de su casa (el 27 de marzo), instalada en medio del campo, a unos pocos kilómetros del centro de Cortaderas, uno de los pueblos más tranquilos de la Costa de los Comechingones. Su muerte fue cruel pero no se sabe por qué terminaron con su vida, ni mucho menos quiénes lo hicieron.

Según el testimonio de dos personas, 60 días atrás a Ochoa lo privaron de la libertad y encapuchado lo sacaron de su campo. Después lo degollaron como a un animal y mutilaron sus genitales. Su cuerpo apareció maniatado y con signos de una tortura inexplicable, despiadada, el Viernes Santo (2 de abril). Lo torturaron. Pero nadie sabe por qué.

Sus hermanos no descansan y no quieren parar de pedir Justicia hasta que se sepa la verdad. Esta semana cuando se cumplieron dos meses de la desaparición que cambió para siempre a la localidad distante a 17 kilómetros de Merlo, salieron otra vez a cuestionar los tiempos de la investigación.

“Un gran silencio, un silencio sospechoso ¿Que pasó acá? Quién responde eso? El estado? Bien gracias, así de abandonados estamos. Mataron a una persona, hijo, hermano, tío ¿Cómo puede ser que en un pueblito de tan pocos habitantes nadie haya visto nada? ¿Raro no? ¿A alguien le importa lo que pasó?”. Así expresaron lo que sienten los hermanos y los padres de “Bebo” Ochoa, en medio de “un vacío y una incertidumbre enorme”, de un “abandono total” por parte del Estado que gobierna Alberto Rodríguez Saá.

Reclamaron que hay “asesinos sueltos y una familia destrozada”; que Ochoa fue víctima de un hecho atroz y con saña.

Pidieron ayuda para que “no se tape” otro hecho “impune” en San Luis; no saben qué más hacer, qué otras puertas golpear. Hoy las redes sociales son el medio que les permite encadenar un grito para que nadie olvide.

“Tenía la esperanza de que me dieran alguna novedad del caso esta semana, pero todo se suspendió por la pandemia y están esperando qué va a pasar. Dicen que están trabajando pero todo es silencio, y a nosotros no nos dicen nada”, contó Ivana Ochoa en declaraciones a El Chorrillero.

También cuestionó la falta de pronunciamientos oficiales por parte de los funcionarios. Por el misterio y la saña. “El gobernador (Alberto Rodríguez Saá) jamás se refirió al caso. No sé si es porque somos humildes que no nos escuchan, o qué está pasando. Ahora están poniendo la pandemia como la gran excusa para frenar todo”, expuso la hermana de la víctima.

“Nos sentimos realmente abandonados por el Estado, no puede ser que nadie se haya intentado comunicar para llevarnos tranquilidad”, insistió.

Dijo que los días son “dolorosos y desesperantes”, y que también aparece el “miedo de no saber qué ocurrió”, si los autores del crimen están en el pueblo o son de otra provincia.

“Hasta que no se haga Justicia mi hermano no va a descansar en paz, y nosotros no vamos a estar tranquilos. No queremos pensar que se está escondiendo algo, pero ¿por qué se nos oculta información?”, también añadió.

El Chorrillero intentó varias veces contactar a la jueza Patricia Besso para conocer en qué instancias se encuentra el proceso judicial, pero nunca fueron contestadas las llamadas. No se sabe de manera oficial cuáles son las hipótesis alrededor del caso, y si hay sospechosos.

Todo está “como el principio”. En medio de la “desinformación” la familia pretende que el misterio sea develado, y que los culpables “paguen”.

En este tiempo de pandemia, sí se supo que la investigación tuvo varias interrupciones por contagios de coronavirus. Por las restricciones más recientes, también hubo disposiciones suspendidas.

Para recordar se puede agregar que la jueza incautó elementos para peritar, que le pertenecían a Ochoa (el teléfono celular por ejemplo), y que tuvo como hilo conductor para reconstruir la escena del secuestro, el testimonio de dos personas que habrían visto todo. Qué pasó con ellos, también es incierto.