“No llegó ningún beneficio que dijo la jefa de Gabinete”: el comercio y la necesidad de medidas de auxilio
En su primer informe del año ante la Cámara de Senadores, Natalia Zabala Chacur aseguró que se otorgaron exenciones impositivas por casi mil millones de pesos pero desde el sector advirtieron que las normativas vigentes no apuntan a los pequeños comerciantes.
Uno de los temas abordados en la exposición de la jefa de Gabinete sobre la marcha de la gestión del Gobierno, fue sobre la crisis por la que atraviesa el comercio de San Luis. Si bien la funcionaria sostuvo que hubo beneficios, señalan que no fue así.
Tres de las preguntas efectuadas por el senador por Avanzar-San Luis Unido, Sergio Guardia (Junín) apuntaron a las políticas de asistencia del Estado direccionada a esta parte del sistema productivo, que atraviesa las consecuencias de la crisis y las restricciones.
A la hora de responder, la funcionaria tuvo en cuenta la vigencia de diferentes leyes como la N° 8-501-2006: “Constituye una importante herramienta impositiva que se traduce en excepciones fiscales para el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos provinciales en un 100%”
Seguidamente señaló que “se trabajó intensamente” y “en constante diálogo” con las Cámaras de Industria y de Comercio “para evitar el cierre de actividades”, ante el impacto que tuvieron en la economía las medidas sanitarias.
Y ante la consulta de si “¿se tiene previsto aplicar una exención impositiva para comercios que fueron perjudicados por la pandemia Covid-19?”, aseguró que “los beneficios otorgados en el marco de las normas vigentes, tanto sociales como de fomento a las actividades productivas, para el ejercicio 2020, ascendió a la suma de pesos $919.308.284,84”.
Lo cierto es que la respuesta trajo recelo en el sector. Uno de los que se expresó al respecto fue el presidente de la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes, Sebastián Mohr.
“Ninguno de esos beneficios llegó al comercio minorista, para nada. Si hubieran llegado no estaríamos pidiendo de forma desesperada el auxilio por parte de la Provincia”, sostuvo en declaraciones a El Chorrillero.
La jefa de ministros se enmarcó en múltiples normas que se encuentran vigentes desde 2004 y otorgan “incentivos fiscales”. A la ya mencionada se le suman la N° 8-247, N° 8 -780, N° 8-239, N° 8-662, N° 8 -565, N° 9-328, N° 10-338 y la N° 8-526.
“Es allí donde van a poder ver cuál es el importe que la Provincia, de alguna manera destina porque no recauda, otorgando todos estos beneficios y ayudando a todos estos sectores”, aseveró Zabala Chacur.
Este fue otro punto en el que se detuvo Mohr debido a que las leyes “están orientadas a actividades productivas como la minera o la agropecuaria pero no a los sectores más pequeños como el comercio minorista que está sufriendo”.
“Está muy bien, son normas del 2004 pero a partir de la crisis desatada en el último tiempo nunca se otorgaron beneficios. Me da la sensación que la jefa de Gabinete fue a cumplir pero no dijo la verdad”, agregó.
Por otra parte, Zabala Chacur reconoció que se colaboró en este tiempo con el “asesoramiento de los mecanismos de asistencia técnica y financiera” que otorgó el Gobierno nacional. Por ejemplo, el programa de Recuperación Productiva 1 y 2, y líneas de créditos blandos.
Cuando tuvo que responder sobre los 5 mil créditos blandos para pymes y exenciones impositivas, que prometió el gobernador Alberto Rodríguez Saá en la apertura de las sesiones legislativas, dijo que se están “ultimando detalles para enviar próximamente a esta Legislatura un proyecto de ley la semana que viene”.
Tuvo en cuenta que será “un programa de reactivación productiva provincial”, para “contribuir con la recuperación de la economía en el ámbito de la provincia”.
“Los créditos estarán destinados tanto a actividades productivas que ya están en marcha como aquellos nuevos emprendimientos”, dijo al final.
Este último tema fue lo único que “rescata” Mohr: “Esperemos que cumplan con la promesa”.
Por Julián Pampillón y Catalina Ysaguirre.