A un año del “no” del Gobierno, 216 comercios cerraron en la ciudad de San Luis

El panorama que muestra el centro de la ciudad de San Luis es desolador. Negocios vacíos, locales en alquiler y hasta avisos de “cierre definitivo” son el reflejo de la pandemia económica que vive la provincia y que aqueja al sector productivo.

En el marco del preocupante escenario, la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes (Acyti) hizo un relevamiento dentro de las cuatro avenidas de la capital puntana, para obtener datos concretos sobre la crisis financiera que lleva más de un año y no tiene solución.

Desde marzo del año pasado, cuando los no esenciales tuvieron que bajar las persianas, apelaron al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá para obtener algún alivio económico. Se les hacía imposible pagar sueldos, impuestos, tasas municipales, servicios, alquileres y llevar dinero a sus hogares, con ingresos nulos.

“No estamos en condiciones de hacer una segunda ayuda, u otra ayuda, que la que ya está haciendo la Nación porque nuestro presupuesto está muy menguado, disminuido con esta situación”, fue la respuesta del gobernador en una conferencia de prensa.

Fue el 11 de junio del 2020 cuando reconoció que no estaba en su agenda brindar asistencia. Y de esa forma respondió a las numerosas solicitudes que habían realizado las pequeñas y medianas empresas.

Un año y unos días más tarde, las consecuencias de no poder trabajar por las restricciones y un Estado ausente, son el resultado del relevamiento que hizo la Acyti: 213 comercios cerraron. Y en la última semana se sumaron otros tres.

La cifra se obtuvo en el trayecto entre las avenidas Juan Gilberto Funes, Lafinur, España y Presidente Perón. Fuera del centro, el panorama no es alentador.

“No es que decidimos no hacerlo, en primer lugar la Nación acudió a dar soluciones que han sido enormes; y si no ha llegado a alguna pyme, escapa a nuestra posibilidad. Tal vez podemos ayudarles, no a darle la plata, pero si a tramitar con la Nación”, explicó Rodríguez Saá en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.

Con el correr de los meses y el descenso de los casos, muchos rubros fueron habilitados y los que lograron subsistir volvieron a la actividad. Pero para hacerlo tuvieron que vender propiedades, cerrar sucursales y solicitar préstamos.

En la temporada de verano fue cuando mayores ingresos pudieron obtener, pero esto fue destinado a pagar las deudas generadas. Y con la segunda ola de Covid-19 el escenario se agravó y la respuesta del Gobierno volvió a ser nula.

Nuevamente hubo decenas de peticiones, para acceder a prórrogas en los pagos, créditos o exenciones. Ninguna de ellas surgió efecto en Terrazas del Portezuelo.

El 1° de abril pasado, en el inicio de la 34ª Asamblea Legislativa, Rodríguez Saá anunció 5 mil créditos blandos por $1 millón para "financiar proyectos estratégicos para pequeños productores" y la exención impositiva de un 50 %, para inversores que tributen Ingresos brutos.

Lo cierto es que a dos meses y medio de eso, sólo fue una promesa que no materializó. En paralelo, los comerciantes enfrentan una crisis más grave que la del 2020 y muchos están estudiando la posibilidad de cerrar.

La Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes también reveló que, en toda la provincia, la cantidad de negocios que debieron finalizar las actividades de forma definitiva es superior a los 500.

El viernes pasado, la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur dio su segundo informe de gestión en el Senado. Una de las preguntas fue sobre esto y respondió que “el Ejecutivo está ultimando detalles para enviar próximamente a esta Legislatura un proyecto de ley para crear un programa de reactivación productiva provincial”.

Fundamentó la demora en que les “llevó un tiempo diseñar el texto legal”. “Tenemos que determinar tasa de interés, plazos de gracia y en función de ellos cómo acomodamos la actividad a la que van a ir destinados estos créditos”, añadió la funcionaria.

Mientras tanto, los locales minoristas deben enfrentar una disminución en el consumo. Lo adjudican a la restricción por terminación de DNI.

“Los comercios siguen limitados para trabajar y no se corta la circulación. Si no revertimos esta situación van a seguir cerrando”, afirmó el presidente de la Acyti, Sebastián Mohr.