Argentina superó los 100 mil muertos por COVID-19: las voces y los hechos de una tragedia histórica

Argentina superó los 100 mil muertos por COVID-19 después de 494 días de registrar el primer fallecido. Se ubica en el puesto 11 de este ominoso ranking mundial. En este tiempo hemos visto desde el heroísmo de los médicos y enfermeros hasta la increíble mezquindad de quien se aplica una vacuna antes de tiempo. La avalancha de decesos se explican por un cúmulo de situaciones. Escalón por escalón, esto sucedió en la Argentina para trepar a una cifra que no estaba presente, a principios del año pasado, ni en la peor de las pesadillas.

La enfermedad originada en Wuhan, China, a finales del 2019, lleva un año, cuatro meses y 11 días entre nosotros, pero el mundo estaba en alerta ya a principios de enero del 2020.

El 23 de enero de ese año, el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, minimizaba el impacto que el nuevo coronavirus -aún no había sido declarado pandemia- podía tener en nuestro país. “No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado”, dijo en La Red. Y poco después, redobló la apuesta en una entrevista que brindó a C5N: “Estoy mucho más preocupado hoy por el dengue en la Argentina que por el coronavirus”.

Pasó más de un mes, el virus se había propagado desde China a Europa, donde hacía estragos, especialmente en Italia y España. Fue desde Barcelona que llegó el primer caso que tuvo nuestro país. El 3 de marzo, Claudio Ariel Pazzi fue diagnosticado con COVID-19 e internado en el hospital Agote, en medio de un enorme operativo de seguridad.

Apenas cuatro días después se produjo la primera muerte. La víctima fue Guillermo Abel Gómez, un recolector de basura y militante peronista que en la década del ’70 actuó en las villas de emergencia. Para Ginés González García -según expresó al Canal 12 de Córdoba tiempo después- el virus “comenzó con la clase media y media alta que viajaba”. La historia de Gómez indica que al llegar la dictadura militar se exilió en Europa junto a Nelly, su pareja, a quien habían secuestrado y liberado poco tiempo antes. Con la Democracia retornó a la Argentina, pero parte de su familia permaneció en Francia. Precisamente había viajado allí para visitar a una de sus hijas, nacida en París. Regresó el 25 de febrero y tres días después comenzó a sentir los primeros síntomas: fiebre y dolor de garganta. El 7 de marzo murió en el hospital Argerich. Recién en la autopsia se conoció padecía la enfermedad.

En medio de una gran incertidumbre, sin tratamiento ni vacunas por entonces, el presidente Alberto Fernández dio una improbable receta para combatir el virus. El 12 de marzo, señaló en una entrevista con Radio Mitre: “Según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 grados. El calor mata el virus…”.

Un día después, Eric Luciano Torales, un joven empleado bancario llegado desde los Estados Unidos, eludió el cumplimiento del decreto presidencial que exigía 14 días de aislamiento. Fue a una fiesta de 15 e infectó a varias personas, entre ellas su abuelo, Luis María Suárez, que murió apenas dos semanas después. Fue la primera prueba palpable y contundente de la capacidad de propagación del virus. Todavía no existían las variantes más contagiosas y mortales, como la de Manaos y la Delta.

A mediados de mes, el presidente Alberto Fernández recibió un informe reservado del ministerio de Salud: Las proyecciones llevaban a una hipotética cantidad de enfermos que iba de los 250.000 a los 2.200.000. No lo decía, pero de acuerdo al ritmo de decesos que se registraban en China y Europa, el cálculo daba entre 2.000 y 60.000 muertos. Se quedó corto.

Con esos números en la mano, el gobierno comenzó con las restricciones. El 15 de marzo se suspendieron las clases en forma presencial. En principio fue por 14 días. Los chicos recién volvieron a clases presenciales este año.

Cuatro días más tarde, con 128 infectados y 3 muertos, Alberto Fernández -rodeado del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Buenos Aires (Axel Kicillof), Santa Fe (Omar Perotti) y Jujuy (Gerardo Morales) anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país. Como las restricciones a los vuelos y la ausencia de clases presenciales, la cuarentena iba a durar dos semanas. Pero se fue extendiendo cada vez más: al término de cada DNU se anunciaba la puesta en vigencia del siguiente.

Una de las primeras consecuencias de la virtual clausura del país fue la aparición de argentinos varados en distintos países del mundo. Para finales de marzo eran 30 mil los que pugnaban por regresar sin éxito. Muchos de ellos, médicos. Fue un verdadero drama que puso a muchos argentinos en riesgo de contagiarse: era habitual que, al buscar una rápida vuelta a casa, se apiñaran en aeropuertos de países que, en ese momento, estaban con tasa de contagiosidad mucho mayor a la de Argentina.

En medio del cierre total, el gobierno decidió la apertura de los bancos para pagar jubilaciones y aguinaldos. Es decir, el sector etario que más riesgo corría de infectarse con el virus. Aquel 3 de abril fue un verdadero caos.

El 11 de abril, durante una entrevista con el canal Net, el presidente lanzó un par de frases que, vistas desde hoy, suenan como una profecía autocumplida: “Yo no podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte, deje que esa muerte ocurra. No quiera pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40 mil”. Y más tarde, señaló: “Prefiero tener un 10% más de pobres que 100 mil muertos en la Argentina”.

A raíz del cierre de las actividades, la economía se resintió. El consumo minorista cayó el 57,6 por ciento en el mes abril. Muchos sectores reclamaron la flexibilización de la cuarentena para reactivar la economía. El 12 de mayo, Alberto Fernández respondió: “Sepan todos que salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos”. Pero ante la pregunta de Infobae en una conferencia de prensa, minimizó la angustia que padecía la ciudadanía ante la merma de trabajo y el encierro: “Angustioso es que no te cuiden, angustioso es que el Estado te abandone… la cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos”.

Ese mismo mes, una encuesta realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) detectó que casi el 60% de los hogares había experimentado una caída en sus ingresos durante la pandemia y que casi 1 de cada 5 había sufrido reducciones de más del 50%. El 24 de mayo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reconoció una parte de la tragedia que se avecinaba: “La economía va a caer. Pero caiga la economía más o menos, lo que tenemos que decidir es cuántas vidas perdemos”.

A finales de mayo, la presión social por la situación económica comenzó a generar distintas marchas en todo el país pidiendo la reapertura de los comercios. De a poco, el número de personas que se acercaban a reclamar se incrementó, al mismo tiempo que las manifestaciones comenzaban a tomar un color político más pronunciado. En forma progresiva, las muestras de descontento comenzaron a replicar no sólo el rechazo a la cuarentena sino a distintos tópicos que impulsaba la oposición. El 31 de ese mes, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, fue más explícito que el presidente: “En 15 o 20 días empezamos a ver las imágenes de Manaos, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas”.

Sin embargo, los DNU que renovaban la cuarentena dejaron de tener el alto acatamiento del principio y se fueron flexibilizando. El frente político, que hasta ese momento se mostraba unido más allá de las diferencias partidarias, comenzó a resquebrajarse. El 7 de junio, en la Ciudad de Buenos Aires se autorizó salir a correr y a pasear. Los “runners” se convirtieron en el blanco de las críticas oficialistas. Con tono molesto, el Presidente habló: “Querían salir a correr, salgan a correr, querían salir a pasear, salgan a pasear, querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, la que les acabo de mostrar, sépanlo”. Ese día se llegó a los 656 fallecidos y los 22.020 contagiados.

Para llegar a los primeros 1.000 muertos por COVID-19 habría que esperar dos semanas mas. El 21 de junio se llegó a esa cifra exacta. El 26, el Presidente señalaba que estábamos “llevando adelante una batalla con buenos resultados”. Pero el hastío se multiplicó, y ya no era fácil detener la salida de la gente. En menos de un mes, a mediados de julio, el número de fallecidos se había más que duplicado: ya eran 2.500.

Mientras esto sucedía, un dato inquietaba: en los cementerios porteños de la Chacarita y Flores se dispuso excavar sectores especiales exclusivos para víctimas de COVID-19.

Kicillof señalaba, a finales de ese mes, que “el hastío, la ansiedad y la angustia traen descuidos”. Ginés González García fue más allá e identificó a quienes, a su juicio, empeoraba la situación: “Hoy mucho de lo que está pasando tiene que ver con cosas clandestinas, reuniones, asados, mateadas…”

Agosto comenzó con 3.596 casos. El mes finalizó con un total de 408.426 infectados y 8.498 muertos. La curva comenzó a ascender peligrosamente.

En septiembre, el presidente Alberto Fernández reconoció: “La pandemia, finalmente, nos dejó más muertos de los que creíamos tener…”. El 28 de octubre, tras 222 días de cuarentena, se alcanzó la cifra de 30.071 fallecidos. Los decesos se multiplicaron: para noviembre, cuando la cuarentena cumplía 8 meses, el promedio diario de fallecimientos era de 300. La economía tampoco daba respiro: se anunció, para lo que iba del 2020, un desplome del PBI del 10,6%.

Viendo el tsunami en el horizonte, el gobierno decidió flexibilizar la cuarentena. Al menos, en su denominación: el 6 de noviembre, Alberto Fernández anunció que a partir de entonces se llamaría “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.

Por esos días, sólo hubo dos pequeños oasis: el 2 de noviembre se anunció la compra de 25 millones de vacunas Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya, y el 7, la rúbrica de un contrato con el laboratorio AstraZeneca para la obtención de más de 22 millones de dosis de la vacuna AZD1222 que había desarrollado en alianza con la Universidad de Oxford.

Como sucedió con las aglomeraciones por las protestas opositoras contra la cuarentena, el multitudinario velatorio de Diego Armando Maradona, que tuvo lugar el 26 de noviembre en la Casa Rosada, encendió las alarmas de los infectólogos.

Mientras crecían las quejas por la anuencia del gobierno a realizar el sepelio en medio del crecimiento de la curva de contagios y muertes, el 3 de diciembre Alberto Fernández prometió que “vamos a vacunar, entre diciembre y enero, a 10 millones de argentinos y argentinas”. El primer lote de vacunas arribó al país el 24 de diciembre en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con 300 mil primeras dosis de la vacuna Sputnik V. Al terminar el año, el total de infectados ascendió a 1.613.928 y las víctimas fatales sumaban 43.163.

Para que el fin de año tuviera más tensión se sumó la denuncia que presentó Lilita Carrió contra el el presidente Alberto Fernández, el entonces ministro de Salud Ginés González García y Carla Vizzotti, “por la “por la adquisición de una partida de vacunas, sin haber agotado sus tres fases de ensayos y sin haberse publicado en revistas científicas sus conclusiones, siendo que la supresión de etapas y requisitos impuestos a nivel local y mundial no admitirían la posterior autorización de la ANMAT para su distribución y uso”. Incluso hablaba de un potencial envenenamiento de la población. Más adelante, en febrero, el fiscal Guillermo Marijuán pidió que se desestimara.

El verano llegó con un relajamiento de las prohibiciones. La costa recibió un gran número de turistas y Pinamar, sobre todo, fue escenario de fiestas en la playa y grandes aglomeraciones, que la presencia de 550 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones de la Bonaerense no pudo evitar en todos los casos.

El 8 de enero, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero indicaba que la vacunación ya había comenzado y que Argentina “es uno de los países que más ha vacunado”. A comienzos de febrero, el porcentaje de argentinos vacunados era del 0,62%.

El día 19 del segundo mes del año, ya con 50.857 muertos, un escándalo con las vacunas sacudió al país. El periodista Horacio Verbitsky reveló que integraba la lista de lo que luego se llamó el Vacunatorio Vip. “Bueno, pues ayer me vacuné” -comenzó. “Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”… “Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

Luego se supo que la lista era extensa e incluía a 70 políticos y familiares, entre otros, al procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini -como personal de salud-, y al ex presidente Eduardo Duhalde y su cónyuge Chiche, a quienes habían inoculado en su casa de Lomas de Zamora.

El affaire le costó el puesto a Ginés González García, que fue reemplazado por Carla Vizzotti, que el 22 de febrero, en diálogo con Radio con Vos, enfatizó: “No hay un vacunatorio VIP. Fue una situación puntual de vacunación de diez personas en una situación incorrecta, reprochable”.

Con la llegada de marzo, y después de no tener clases presenciales durante prácticamente todo el 2020, los padres de los alumnos comenzaron a reclamar que las aulas volvieran a abrirse. La virtualidad demostró que no llegaba a todos de la misma manera. Para defender su posición, Fernández señaló que “he hablado con maestras de escuelas de chicos con capacidades diferentes que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”. No obstante, las clases volvieron a ser -en parte- presenciales.

En abril, la cifra de fallecidos trepó a 58.542. En un año se había pasado de 6 muertes por día a 267 cada 24 horas. Y los contagios diarios llegaron a 20 mil por jornada. Preocupado, el 24 de ese mes Alberto Fernández emitió un recordado discurso: “El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas”.

Estos números hicieron que el gobierno nacional regresara, en mayo, a la virtualidad educativa. La discusión volvió a agrietar la relación entre la administración de Alberto Fernández -que emitió un DNU para lograr su objetivo- con la de Horacio Rodríguez Larreta, que decidió la presencialidad de las clases, aunque no en su totalidad. Las protestas en las calles se multiplicaron, llegando a las mismas puertas de la Quinta de Olivos. El presidente señaló que eso era “jugar con fuego, y yo lo que lamento es que ese fuego va a quemar a la gente”. El tema llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor del gobierno porteño.

Las cifras de mayo fueron lapidarias en términos sanitarios. El 27 de ese mes se llegó a un récord diario de 41.080 casos registrados de COVID-19. En el lapso de 30 días, los muertos fueron más de 14 mil, para concluir en 64.096.

El sistema de salud amenazó con colapsar: en los primeros días de junio se comprobó que en 13 provincias, la ocupación de las camas de terapia intensiva estaban en un 80% de su totalidad. En Río Negro y Santa Fe estaban prácticamente saturados: alcanzaron al 97%. Neuquén y Corrientes con el 91% y San Juan con el 90% completaban el oscuro panorama, con pacientes aguardando una cama en pasillos o directamente en el piso, y ambulancias que demoraban hasta 24 horas para hacer un traslado. La vacunación, por su parte, alcanzó ese mes para que al 21% de los argentinos tuviera una dosis.

Para hacer más polémica aún la falta de vacunas, en un zoom, Santiago Cornejo, el titular para América Latina del Fondo COVAX -que responde a la Organización Mundial de la Salud y entrega vacunas a países con dificultades para adquirirlas- señaló que “antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a los países si quieren acceder a esa vacuna y en el caso de Pfizer (Argentina) nos han dicho que no”. Ante el reclamo del Gobierno, Cornejo le envió un mail a Carla Vizzotti, que lo publicó y decía en su párrafo central: “Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX”.

El 22 de junio se registraron 792 muertos, récord de muertos diarios. Con ese número, se superaron los 90 mil fallecidos.

En el mundo, mientras tanto, una nueva variante de COVID-19 sumaba preocupación por su alta contagiosidad: la variante Delta comenzó a propagarse por todo el mundo. Después de mas de un año con distinto grado de restricciones aéreas, muchos argentinos habían viajado al exterior. El gobierno, a través del DNU, restringió la posibilidad de regresar a 600 compatriotas por día. Esto ocasiona numerosos trastornos.

El 29 de junio, Florencia Carignano, la directora de Migraciones, señaló al respecto: “Hay algunos argentinos que se han ido de vacaciones y que tardarán un poco más en regresar. Nada más que eso”. En los últimos días de julio, la posibilidad se amplió: pasó de 4.200 por semana (600 por día) a 5.200 en ésta. Próximamente se incrementará hasta llegar en forma progresiva a los 1.000 por día entre el 24 de julio y el 6 de agosto. Pero aún así, será la mitad que lo permitido antes de estas restricciones.

A pesar que el país se encuentra en el puesto 17 en la administración de las vacunas, el problema radica que en la inoculación total -con dos dosis- se llegó al 11% de la población. Por supuesto, el reclamo para que se complete el esquema previsto no se hizo esperar. Esto ocasionó la respuesta del presidente Alberto Fernández: “Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas para los argentinos, y se acusa de envenenador al que consigue las vacunas. Y cuando el envenenador consigue las vacunas le reclaman la segunda dosis de veneno. En ese país vivimos, y dicen que no tienen libertad”.

El 11 de julio, el gobierno firmó un acuerdo con el laboratorio norteamericano Moderna Inc. para recibir 20 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19.

El 14 de julio, Argentina superó las 100 mil muertes por COVID-19. Quizás, la suma diaria de contagios y fallecidos, las cifras repetidas una y otra vez desde hace un año y cuatro meses, hayan anestesiado nuestra sensibilidad. Pero si lo pensamos en términos de padres, madres, abuelos, hijos, sobrinos, tíos, primos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos o conocidos, nos daremos cuenta de la verdadera dimensión de esta tragedia. (Infobae)