El Gobierno de San Luis no respondió un pedido de información pública

Para finales de enero y comienzos de febrero se conoció que desde Terrazas del Portezuelo se ofreció inmunizar a políticos y amigos del poder por fuera del cronograma de prioridades. Y poco después desde el Gobierno se reconoció que se había vacunado a “personal estratégico del gobernador” cuyos nombres hasta hoy no se han difundido.

Se le pidió a la administración de Rodríguez Saá, a través del régimen de “Acceso a la Información Pública” (Ley N° V-0924-2015), que brindara detalles del proceso. Nunca se recibió una devolución.

La presentación la realizó a través de sendas notas presentadas el miércoles 2 de junio dirigidas a la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur y la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo.

Ambas notas fueron idénticas. Un cronista del medio se llegó hasta la Casa de Gobierno y fueron recepcionadas a través de Mesa de entrada de cada dependencia.

A partir de allí comenzaron a correr los plazos, según lo marcado por la norma mencionada. Las carteras gubernamentales tenían 10 días hábiles para responder. Llegó la jornada límite (el 15 de junio) y no hubo contestación alguna.

El régimen establece que solo se puede prorrogar por otros 10 días en el caso de “mediar circunstancias difíciles que hagan reunir la información”, siempre y cuando se comunique con anterioridad.

Esto nunca ocurrió, pese a disponer en el petitorio diferentes mecanismos para el contacto. En total transcurrieron 33 jornadas hábiles.

En los cuestionarios fueron plasmadas nueve preguntas, datos que el Gobierno nunca difundió de forma oficial. Se buscaba conocer qué función cumple el “personal estratégico cercano al gobernador”, por qué son considerados prioritarios, cuántas personas lo integran y quiénes son.

También saber la fecha cuando recibieron la inyección, si les aplicaron los dos componentes, el motivo por el cual fueron inmunizados y con cuál suero.

Dicho todo esto, la realidad muestra que el ocultamiento de la información es sistemática. Se realizaron múltiples presentaciones, incluso se le preguntó a Zabala Chacur en dos oportunidades cuando asistió a la Legislatura para dar cuenta de la marcha del Gobierno.

En ninguna de ellas respondió y se escudó en una herramienta ya conocida: la Ley de Protección de los Datos Personales.

El 4 de febrero Sosa Araujo fue consultada por El Chorrillero si se privilegió a políticos, funcionarios y otras personas que saltearon la lista de espera. Fue en presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti (en aquel momento se desempeñaba como secretaria de Acceso a la Salud),

Si bien no desmintió la noticia, se limitó a reconocer que las dosis fueron colocadas a los trabajadores de la salud y a “personal estratégico que está relacionado con el gobernador”.

“La vacuna no se ofrece, es voluntaria, uno se inscribe. Está todo normalizado. Y estamos vacunando como corresponde”, agregó.

El lunes 3 de mayo en un contacto que mantuvo con periodistas en Villa Mercedes, Rodríguez Saá reconoció que el gabinete provincial, miembros de la Corte de Justicia y funcionarios nacionales a cargo de reparticiones en San Luis habían sido vacunados.

Poco tiempo después el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) hizo una evaluación acerca de la transparencia de cada una de las jurisdicciones de Argentina y su relación con la campaña de vacunación.

¿La conclusión? San Luis es una de las tres provincias que no informa datos desagregados y solo lo hace de forma parcial.

La información brindada por la Agencia de Noticias San Luis, es limitada: cuantas dosis llegaron desde la Nación y de qué manera se distribuyen entre las localidades. En ningún momento informa del proceso de aplicación.

En los últimos reportes añadió cifras que ya se visualizan a través del Monitor Público de Vacunación nacional y sigue sin dar a conocer información ligada a la distribución en grupos prioritarios de riesgo, la franja etaria, tipo de vacuna, cantidad por departamentos, etc.