Mónica, Florencia, Johana, Laura y Jéssica: el dolor de cinco familias que reclaman por justicia

Mónica Ramos, Florencia Morales, Johana Galdeano, Laura Godoy y Jéssica Castro Pérez son los nombres que duelen a la población de San Luis. Murieron entre 2020 y 2021, y sus familias no cesan en el pedido para que se haga justicia. Reclaman el esclarecimiento del hecho, celeridad en la investigación y que los responsables tengan su castigo.

La primera de ellas era docente y tenía 61 años cuando el 3 de marzo del año pasado la asesinaron. Lo que inicialmente parecía un incendio en su vivienda, en la calle Belgrano de la capital puntana, se convirtió en un cruel homicidio. Falleció como consecuencia de un shock hipovolémico. Su cuerpo tenía unos 20 cortes.

Cinco días más tarde detuvieron al principal y único sospechoso del crimen, Héctor Núñez (32). Nunca dio su versión de los hechos. El 17 del mismo mes fue procesado por el delito de “homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por escalamiento e incendio”, y trasladado al Servicio Penitenciario.

Las pruebas que encontraron en su contra fue un morral dentro de la propiedad de la psicopedagoga y también había sido registrado por cámaras aledañas al lugar. Sin embargo, la familia de Ramos afirma aún que hay más implicados en la causa. La instrucción, que está bajo la órbita de Marcos Flores Leyes tuvo varios parates por la pandemia.

Además, a casi 18 meses del crimen siguen aguardando resultados de pericias. A esto se suma la espera de una fecha para el inicio del debate oral. Los hijos de la mujer, Pamela y Martín Rodríguez, cuestionaron la labor judicial en múltiples ocasiones.

“Justicia de San Luis dormida. Hace casi 18 meses que reclamamos desesperadamente saber la verdad y que nuestra madre descanse en paz (…) San Luis despertate. La gente muere y desaparece sin que nadie haga algo y los delincuentes siguen paseándose por las calles”, escribió este viernes la joven a través de Facebook.

El 5 de abril del 2020, en pleno aislamiento estricto, el escenario de otra pérdida fue Santa Rosa del Conlara. Precisamente una celda de la Comisaría 25º donde estaba alojada Florencia Magalí Morales. Había sido demorada porque debido a la terminación de su DNI no estaba habilitada para circular.

Poca claridad hay sobre lo que sucedió ese domingo. Ingresó a la seccional de forma voluntaria, a su familia le había manifestado que iba a comprar, y casi 12 horas después recibían la triste noticia. La versión oficial dijo que se quitó la vida con un cordón, pero quienes la conocían descartaron esta hipótesis. Desde ese momento, hay una investigación que no ha llevado certezas.

Morales tenía 39 años y tres hijos, asimismo estaba a cargo de su nietita. Por ellos, es por quien sus seres queridos piden saber la verdad y que las personas implicadas en el hecho sean condenadas.

El amor de la mujer por sus hijos e inconsistencias de la información de la Policía, fue lo que más hizo desconfiar a sus allegados. A eso se sumó una autopsia incompleta, cámaras de seguridad que dejaron de filmar, una segunda necropsia donde detectaron moretones en el cuerpo, un libro de actas de la comisaría que no estaba y testigos que la escucharon pedir auxilio a gritos.

Las últimas novedades que tuvo la investigación fueron los llamados a indagatoria del juez Jorge Pinto a efectivos que intervinieron en la detención. Y por otro lado, este viernes se concretó una pericia para determinar las causales del deceso.

“Se juntaron los peritos de parte, y pidieron el cordón que faltaba, que era muy importante para trabajar. Pero ahora cada uno debe hacerlo por su cuenta y elevar un informe al expediente. Eso va a demorar un tiempo”, explicó al respecto el abogado que representa a la familia de Morales, Santiago Calderón Salomón.

Tres meses atrás, Villa Mercedes se vio conmocionada por el femicidio de Johana Galdeano, una joven de 28 años que tenía un hijo de solo tres años. Su ex pareja, dirigente de la Uocra y ex funcionario del Gobierno provincial, Juan Carlos Solalinde se entregó minutos después.

Fue el 26 de mayo alrededor de las 15 en un galpón de su propiedad ubicado en Sarmiento y Tallaferro, en el Barrio Justo Daract. Los vecinos escucharon estruendos, y cuando llegó la Policía la mujer ya estaba muerta. Él le disparó cinco veces con su Magnum .357, dos de los cuales le destruyeron tres órganos y el último fue cuando ya había fallecido.

El gremialista luego declaró ante el juez Leandro Estrada, (quien actuaba en representación de su par Mirta Ucelay). Dijo que se defendió de la víctima y que le disparó con intenciones de asustarla, hacia los pies y que después se puso “en blanco”.

El 4 del mes siguiente, Ucelay procesó a Solalinde con prisión preventiva por el delito de “homicidio doblemente calificado por haber mantenido una relación de pareja y femicidio”, y ordenó su traslado a la cárcel de San Luis, donde actualmente permanece alojado.

Esta semana, habló su abogado, Marcos Juárez y afirmó que no se trató de un femicidio, sino que el imputado actuó en un estado de “emoción violenta”. Por lo mismo, pretende que la Justicia cambie la carátula de la causa. Aseguró que su defendido “quedó muy afectado y dolido por el hecho que cometió”.

En paralelo, familiares y amigos de la joven realizaron una movilización al cumplirse el tercer mes del asesinato. La mamá, Gladys Soria estuvo presente y pidió que el dirigente “se pudra en la cárcel”. “Me preguntaron qué pasaría si Solalinde queda afuera, respondí que lo larguen, porque si no se hace justicia la gente por sí misma lo va a hacer o incluso yo porque este dolor es horrible”, expresó.

Tilisarao fue otra de las localidades que vivió de cerca un femicidio. El 27 de julio pasado, Laura Vanesa Godoy de 32 años fue encontrada sin vida en su casa, en el Barrio 34 Viviendas. Inicialmente, los efectivos que arribaron al lugar dijeron que no había indicios para vincularlo a una muerte violenta. Pero sus amigas aseguraban que había estado involucrado su ex.

La autopsia estableció que la causa del deceso fue asfixia mecánica por ahorcamiento, y cuando la hallaron habían pasado unas ocho horas del trágico desenlace. Junto a su cuerpo había un cordón.

La investigación por el fallecimiento de la madre de una niña de 10 años, está en manos de la jueza Penal de Concarán, Patricia Besso. Un día después, fue detenido su ex pareja Cristian Alex Alaniz (21), quien tenía una orden de restricción por violencia de género.

En la primera indagatoria se abstuvo de declarar, mientras que en la segunda habló del día en que Godoy murió. Relató haber mantenido una discusión, pero negó ser el autor del hecho. Dijo que tras el intercambio de palabras se retiró de la casa. Sin embargo, el 8 de este mes fue procesado por "homicidio agravado por el vínculo y por ser de un hombre hacia una mujer, mediando violencia de género" y enviado a la Penitenciaría.

Este sábado, en Tilisarao se movilizaron para pedir justicia por Laura a un mes de su asesinato. Y también se sumó el mismo reclamo por Jéssica Castro Pérez. La joven de 26 años fue encontrada sin vida 20 días atrás en la vivienda que compartía con su pareja junto a su pareja, Hugo Miranda en el paraje Casa de Piedra, en Potrerillos (Departamento San Martín). El hombre fue quien llamó a la Policía para avisar que se había suicidado.

Castro Pérez era madre de dos pequeños, de 2 y 6 años. La necropsia sobre el cuerpo estableció que murió como consecuencia de "asfixia mecánica por ahorcamiento, compatible con suicidio”.

Pese a eso, la familia solicitó que se lleve adelante un segundo informe e investigue en profundidad puesto que sospechan de Miranda. Esto se hizo con la intervención de tres forenses. Dos peritos oficiales, Luis Lucero y Sandra Miatello, junto a la profesional de parte, Vanina Elizondo. Pero aún no se conocen los detalles de las conclusiones.

A las familias de Mónica, Florencia, Johana, Laura y Jéssica las une el dolor de haber perdido a un ser querido. Pero también lo hace la necesidad de saber la verdad sobre lo que pasó con las cinco mujeres. Y para llegar a eso, reclaman de todas las formas posibles una correcta y rápida investigación, y que se haga justicia por ellas.